El gobierno ya definió a los integrantes de la comisión transversal que tendrá la tarea de revisar el Estatuto Administrativo, una de las nuevas iniciativas impulsadas por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en el marco de la agenda de modernización del Estado.
La comisión tendrá entre sus integrantes a Macarena Lobos, exministra de la Secretaría General de la Presidencia durante el Gobierno de Gabriel Boric; los exdirectores de Presupuestos, Matías Acevedo y Cristina Torres; la exsubsecretaria de Hacienda, Heidi Berner; y el excontralor general de la República, Ramiro Mendoza.
A ellos se sumarán el expresidente del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), Jorge Rodríguez Cabello; el académico de la Universidad del Desarrollo (UDD) y exdiputado, Ernesto Silva; el director ejecutivo de la Fundación para el Progreso, Fernando Claro; y el abogado y experto en derecho administrativo, Enrique Rajevic.
A la lista también se suman la consejera del Consejo para la Transparencia, María Jaraquemada, entre otros.
De acuerdo a conocedores, también participará el subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dirección de Presupuestos, José Ignacio Llodrá.
La revisión que impulsa Quiroz
La conformación del grupo se produce luego de que Quiroz anunciara la creación de una comisión de carácter transversal para analizar cambios al Estatuto Administrativo, cuerpo normativo que regula aspectos centrales de la relación laboral de los funcionarios de la Administración del Estado.
El secretario de Estado ha planteado que resulta “extremadamente importante tener un estatuto administrativo coherente con los tiempos” y ha vinculado esta discusión tanto con la modernización del aparato estatal como con los esfuerzos de consolidación fiscal.
La intención de Hacienda es avanzar con rapidez. Quiroz señaló la semana pasada que esperaba constituir la instancia durante estos días y proyectó un período de trabajo de aproximadamente dos meses, con miras a contar con conclusiones antes de fines de año.
La discusión abre un nuevo frente en materia de empleo público, particularmente respecto de las reglas que gobiernan las relaciones laborales dentro del Estado y el grado de flexibilidad que tiene actualmente la administración para gestionar a sus funcionarios.