La industria salmonera acusó el fallo del Tribunal Constitucional (TC) respecto a distintos artículos de la Ley de reconstrucción nacional como un golpe directo. La sede eliminó del proyecto la norma que eximía a las microrelocalizaciones de concesiones acuícolas de pasar por evaluación ambiental, una respuesta a una antigua demanda del sector para agilizar trámites que, según las compañías, le permitirían recuperar dinamismo.
Con todo, al otro día de la decisión del TC, el gobierno ya se comprometió a seguir impulsando la medida y a buscar otras vías para sacar adelante estos cambios.
En simple, la propuesta del Ejecutivo entendía las microrelocalizaciones como un desplazamiento de los centros salmoneros en las cercanías del área de la concesión, con el fin de mejorar sus condiciones ambientales, considerando distintas variables como la profundidad y velocidad de las corrientes, que influyen en cómo la materia orgánica se dispersa sobre el fondo marino.
Cercanías, para ser específicos, quiere decir desplazamientos inferiores a los 350 metros medidos desde cualquiera de los vértices de la concesión. Además, estos movimientos no tenían permitido considerar aumentos ni en la producción ni en el tamaño del área de concesión.
De haberse aprobado la norma, la microrelocalización se podía llevar a cabo una sola vez, tras una autorización de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) a partir de un informe técnico, pero sin pasar por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Una mala noticia... pero no del todo
Esta materia se había convertido en un trauma para los salmoneros. Para plantear el proyecto, el Ejecutivo recordó que, desde 2010, solo 2 de 1.060 solicitudes de relocalización habían sido exitosas. El gobierno argumentaba que la industria estaba sufriendo un trato injusto en comparación con otros sectores productivos -de hecho, incluso otros cultivos acuícolas- que solo deben pasar por el SEIA cuando las modificaciones en sus operaciones implican un “cambio de consideración”. Y mover las concesiones importa porque, para el sector, sería un habilitante clave para recuperar dinamismo.
Así, la decisión del TC desató lamentos en el sector, aunque aún no se conoce el razonamiento detrás del fallo.
“Es una muy mala noticia para las familias y el ecosistema productivo del sur de Chile, especialmente en un escenario marcado por la incertidumbre que enfrenta la industria”, dijo la presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, Loreto Seguel.
Según la dirigenta, se perdió “una oportunidad concreta y de corto plazo” para generar más de 5.400 empleos nuevos e incrementar el PIB de las regiones del sur.
“Se pierde una oportunidad para modernizar normas, reducir trabas administrativas y avanzar en el crecimiento sostenible de una actividad clave para el empleo, las PYME y el desarrollo de miles de familias”, señaló SalmonChile en una declaración, haciendo el punto de que, como gremio, respetan la institucionalidad y esperarán a conocer la sentencia completa para revisar sus alcances y analizar los caminos a seguir.
No obstante, el proceso de la ley miscelánea sí dejó algunas sensaciones positivas en la industria, que observa un apoyo que, hasta hace unos años, no existía.
“Desde ya destaco la muy amplia mayoría del Congreso con que se aprobaron los artículos relacionados con la salmonicultura. Ello demuestra que la industria está logrando que se aprecie su contribución al progreso del sur del país y que puede hacerlo con mejoramientos al medio ambiente en el cual se desenvuelve”, dijo el vicepresidente de Salmones Camanchaca, Ricardo García Holtz.
“Este respaldo transversal lo construimos desde el gobierno anterior, con los distintos candidatos a la presidencia, diversas sensibilidades ideológicas, del mundo sindical, con distintos sectores productivos y con el actual gobierno, quien recogió políticamente la importancia de esta industria para Chile”, celebró Seguel en esa misma línea.
Los caminos del gobierno
Pero, el gobierno se posicionó para seguir peleando esta batalla. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, principal promotor de la iniciativa, sostuvo que seguirán buscando mecanismos legislativos o administrativos para reponer esta propuesta.
“Si no es esta medida, serán otras de gestión, pero no seremos ni somos indolentes ante el retraso en las decisiones”, afirmó. “Si no se va a mover por acá, bueno, se tendrán que redoblar los esfuerzos en materia de gestión, de aceleración de evaluaciones”.
La vía administrativa ya era considerada como una opción previa al fallo del TC. En marzo, el subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia, dijo a DF que estimaba que hay entre 50 y 60 concesiones que se pueden solucionar por ese camino. Asimismo, en el Ministerio de Defensa también se trabajan mecanismos para acelerar la revisión de concesiones marítimas, que se han convertido en un emblema de las demoras en aprobaciones de permisos.
Posterior a las declaraciones del titular de Hacienda, el biministro Daniel Mas publicó una declaración en X planteando que, si bien la decisión del TC “no es una buena noticia para la pesca y acuicultura”, como gobierno trabajarán “sin descanso” para reactivar el sector salmonero.
Frente a estos compromisos, Seguel sostuvo que “es fundamental que las declaraciones hechas hoy por el Ministro de Hacienda se traduzcan en medidas concretas y con sentido de urgencia. El Consejo del Salmón, en su rol gremial, ha entregado propuestas complementarias que hoy toman mayor relevancia y que seguiremos trabajando para impulsarlas”.
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Martín Baeza
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