A mediados de 2022 se inauguraba la Autopista Vespucio Oriente (AVO 1), en una ceremonia encabezada por el presidente Gabriel Boric, junto a autoridades de Gobierno y ejecutivos vinculados a la sociedad concesionaria. Ese día ninguno de los asistentes se imaginaba que justo un año después, la firma quedaría en el centro de la controversia, producto de diversas filtraciones de agua en la vía.
Luego, en 2024, AVO 1 volvió a ser noticia, después de que las intensas lluvias de ese invierno provocaran nuevas filtraciones en la autopista. Y este año, la sociedad concesionaria -controlada por Aleatica, firma ligada al fondo australiano IFM Investors, y Sacyr Concesiones- nuevamente quedó bajo el radar, aunque esta vez por una demanda que involucra a la concesionaria y al consorcio constructor encargado de levantar la obra, compuesto por las españolas Obrascón Huarte Lain (OHL) y Sacyr Construcción.
Según se detalla en la memoria anual de AVO 1, el pasado 24 de febrero el consorcio remitió una carta comunicando el inicio de un procedimiento arbitral en contra de la sociedad concesionaria.
Aunque el documento no especifica las razones detrás de esta acción, fuentes conocedoras del proceso explicaron a Diario Financiero que las constructoras estarían exigiendo el pago de ciertos servicios realizados durante el desarrollo de la obra, los cuales no habrían sido desembolsados por la concesionaria.
Un punto que llama la atención en esta nueva disputa es que tanto en el consorcio constructor como en la sociedad concesionaria participa la española Sacyr, lo que algunos conocedores del caso califican como un posible “conflicto de interés”. En otras palabras, sea cual sea el resultado del arbitraje, Sacyr podría salir perjudicada por un lado, pero beneficiada por otro.
No obstante, dos fuentes ligadas a la industria de las concesiones explicaron que el modelo del sector contempla mecanismos para manejar este tipo de situaciones.
A pesar de que Sacyr comparte el 50% de control de la concesionaria con Aleatica, la firma española se abstiene de participar en las decisiones relacionadas con este arbitraje. De esta forma, detallaron, quien está liderando la acción es la compañía australiana.
Consultados al respecto, ni la sociedad concesionaria ni el consorcio constructor emitieron comentarios.
¿Nuevo capítulo?
Este arbitraje podría abrir la puerta a un nuevo conflicto, esta vez relacionado con el talón de Aquiles de la autopista: las filtraciones de agua.
Según fuentes vinculadas a las empresas involucradas, desde que se detectó la existencia de agua en la vía, se desató un fuego cruzado entre la firma concesionaria y el consorcio constructor de la autopista.
Por un lado, la sociedad responsabiliza al consorcio constructor de estas fallas, argumentando que fueron ellos quienes estuvieron a cargo de ejecutar la obra. En tanto, el consorcio se defiende asegurando que actuó conforme a las instrucciones recibidas y que todos los trabajos contaron con la aprobación de la concesionaria.
Con estos antecedentes, conocedores del arbitraje afirmaron que hoy la sociedad concesionaria está evaluando dos caminos para defenderse.
El primero consiste en responder a la demanda reconociendo las deudas reclamadas, pero argumentando además que las filtraciones fueron consecuencia de una deficiente ejecución por parte del consorcio constructor, lo que ha significado millonarios costos para la compañía.
La segunda opción sería continuar con la razón de fondo del arbitraje actual, pero en paralelo iniciar una nueva acción judicial para exigir una compensación al consorcio, a raíz de los perjuicios derivados de las filtraciones.
Por ahora, no hay certeza sobre cuál será el rumbo que tomará finalmente AVO 1.
Los informes
Un tercer actor en este conflicto ha sido la cartera liderada por Jessica López, el Ministerio de Obras Públicas (MOP).
En septiembre de 2023, un mes después de las filtraciones, el Ministerio ofició a la empresa a cargo de la autopista para que elaborara un informe técnico detallado que identificara las causas de las inundaciones y propusiera soluciones.
El documento fue entregado al ministerio a fines de octubre de ese mismo ejercicio y luego, a mediados de 2024, derivado al Dictuc -institución ligada a la Universidad Católica- para su revisión y evaluación técnica, proceso que actualmente sigue en curso.
Paralelamente, la concesionaria ha ejecutado distintas obras de conservación en la autopista durante los últimos años, y actualmente se encuentra realizando trabajos entre las salidas Costanera Sur y Vitacura, así como entre Los Militares y Cerro Colorado.
Tanto el MOP como la Dirección General de Concesiones optaron por no referirse al conflicto, debido a que se trata de un proceso judicial en curso.
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Laura Guzmán
