Hacienda también incorporó en su propuesta legal la postergación en un año del nuevo reavalúo de propiedades no agrícolas, hasta enero de 2027.
El debate por el impuesto territorial está instalado. El Gobierno acaba de ingresar al Congreso un proyecto de reforma tributaria con foco en las pequeñas y medianas empresas, pero que también incorpora cambios a las contribuciones de bienes raíces.
Una se relaciona con postergar hasta enero de 2027 -o sea, un año- la entrada en vigencia del nuevo reavalúo de propiedades no agrícolas, a la espera de acordar mejoras a la metodología de cálculo del proceso que realiza cada cuatro años el Servicio de Impuestos Internos (SII).
Y, la segunda, busca hacerse cargo de la discusión que ha surgido por el impacto que tiene el incremento de los avalúos y, en consecuencia, de las contribuciones, sobre los adultos mayores. Así, Hacienda busca establecer un tope de 5% de las rentas de los que pertenezcan al 60% más vulnerable del país.
De aprobarse la propuesta del Ejecutivo, Chile se sumaría al listado de países que ligan el cobro del impuesto a los bienes raíces a los ingresos de las personas, en especial de los adultos mayores vulnerables.
Así lo refleja un informe elaborado por la socia líder de Tax & Legal de Deloitte, Vanesa Lanciotti, y por el director de Tax & Legal de la misma firma, Ignacio Pinochet.
Vanesa lanciotti, Socia Líder de Tax & Legal de Deloitte.
“En mayor o menor medida, tanto Chile como los países de la muestra contienen beneficios para grupos sociales que en principio se podrían calificar como más vulnerables económicamente.
Para el caso de Chile, “el objetivo principal de la normativa vigente es que al adulto mayor que cumpla con los requisitos legales se le rebaje la tasa de impuesto territorial aplicable a propiedades no agrícolas de uso habitacional”, explican los autores, en referencia al mecanismo vigente que permite reducir entre un 50% y un 100% el gravamen a las propiedades para adultos mayores bajo ciertas condiciones de ingresos y avalúo de la propiedad.
Canadá
En Canadá, el análisis de Deloitte explica que la administración y recaudación del impuesto a la propiedad es responsabilidad de los gobiernos provinciales y municipales. Así, varias provincias han implementado programas para aliviar la carga fiscal de propietarios de bajos ingresos, especialmente adultos mayores, viudos y personas con discapacidad.
Francia, el Reino Unido, Uruguay y Canadá son algunos de los países que contemplan beneficios para amortiguar el impacto del impuesto territorial, con múltiples exenciones o tratamientos diferenciados.
Por ejemplo, Ontario otorga hasta 500 dólares canadienses (US$ 360) anuales a adultos mayores, de 65 años de edad y más, con ingresos bajos o moderados. El monto depende del ingreso familiar neto. En Columbia Británica, se permite a propietarios mayores de 55 años, viudos o personas con discapacidad, aplazar el pago de los impuestos a la propiedad. La obligación se difiere hasta la venta de la vivienda o el fallecimiento del propietario. El programa cobra un interés bajo sobre el monto aplazado.
En Québec, existe un crédito por aumento de impuestos municipales dirigido a personas mayores de 65 años con ingresos bajos, que compensa incrementos en el impuesto a la propiedad derivados de revalorizaciones catastrales. Se solicita anualmente y el monto varía según el incremento y los ingresos.
Uruguay
En Uruguay, el tributo se denomina “contribución inmobiliaria urbana y rural” y es administrado por cada gobierno local. El cálculo del impuesto se basa en el valor catastral (aforo) del inmueble.
En este esquema, existe un régimen especial que permite la exención parcial o total del pago, dirigido a jubilados y pensionados que posean una única propiedad urbana destinada exclusivamente a vivienda; y cumplan con límites de ingresos familiares y de valor del inmueble, establecidos por cada Intendencia Departamental.
La exención puede ser del 50% o del 100% del impuesto, dependiendo de si los ingresos del núcleo familiar y el valor del inmueble están dentro de los rangos fijados para cada caso.
Reino Unido
El denominado Council Tax es un impuesto municipal que grava a los ocupantes de viviendas (propietarios o arrendatarios) en Inglaterra, Gales y Escocia. El monto se calcula según una clasificación de bandas basada en el valor estimado de la propiedad, pero tiene una serie de mecanismos de reducción y exención: por ejemplo, un beneficio para personas y familias con bajos ingresos o que reciben determinadas ayudas estatales.
El monto de la reducción depende de la edad del solicitante; ingresos y ahorros del hogar; número de personas que viven en la propiedad; y si reciben prestaciones por discapacidad o por cuidado de dependientes.
Los pensionados que cumplen ciertos requisitos pueden obtener una reducción de hasta el 100%. Los hogares unipersonales pueden optar a un descuento automático del 25%. Las viviendas ocupadas únicamente por estudiantes universitarios pueden eximirse por la totalidad del gravamen.
Francia
El denominado taxe foncière es el principal impuesto inmobiliario en Francia y grava a los propietarios sobre la base del valor catastral de arriendo anual de la propiedad.
La vivienda principal se puede eximir del tributo, lo que está dirigido a personas mayores que reciben prestaciones estatales. La exención se aplica si el propietario reside solo, con personas que también reciban estas prestaciones, con sus dependientes, o con personas cuyos ingresos no superen los límites legales.
También existen deducciones para personas con discapacidad y mayores de 75 años; para propietarios de 75 años o más incluso para segundas residencias, previa solicitud y si cumplen con requisitos de ingresos; y un tratamiento preferencial para inmuebles agrícolas.
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Sebastian Valdenegro
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