En medio del cierre de las investigaciones del Caso Factop -que ya acumula cuatro condenados y una salida alternativa- sus protagonistas continúan profundizando batallas legales.
El 28 de noviembre, el imputado en la causa, Álvaro Jalaff, ingresó una querella en contra de Daniel Sauer por el delito de estafa y lo acusó de engaño planificado en su contra. También se querelló contra los cercanos al socio de Factop, Conrado Elzo y Jacqueline Bracho y el exgerente general de la corredora STF Capital, Luis Flores.
De acuerdo con la querella, el grupo encabezado por Sauer habría orquestado un fraude destinado a obtener recursos mientras el ecosistema empresarial de SUM Capital, holding detrás de Factop y STF Capital, entraba en una crisis financiera y penal que dio inicio al caso.
Sauer le habría ofrecido “a través de la intermediación de la ‘sociedad de unos amigos’, saldar la totalidad de la deuda ocasionada por la emisión indiscriminada de facturas”.
Puesta en escena
En el escrito, Jalaff recordó que en 2021 solicitó un financiamiento a Factop para cubrir deudas contraídas por su grupo familiar. Los préstamos otorgados fueron garantizados con facturas entre sus sociedades.
Jalaff aseguró que, luego de descubrir la emisión masiva de facturas sin respaldo y sin su conocimiento en contra de sociedades de su grupo -que lo habría llevado a desembolsar más de $ 5.300 millones para recomprar derechos litigiosos, dejándolo como único acreedor de Factop por estas facturas-, los querellados diseñaron una propuesta que prometía resolver la situación a través de la sociedad O.Boye y Compañía.
La querella aseguró que Sauer le ofreció a Jalaff “a través de la intermediación de la ‘sociedad de unos amigos’, saldar la totalidad de la deuda ocasionada por la emisión indiscriminada de facturas, que ascendía aproximadamente a $ 5.000 millones, mediante la celebración de un negocio respecto de ciertos bienes inmuebles”.
La acción legal asegura la existencia de una “puesta en escena” para inducir a Jalaff a creer en que O.Boye, representada por Bracho y vinculada a Elzo, contaba con amplio patrimonio para la operación.
De acuerdo con el texto, al poco andar de este plan, a través de Flores se le solicitó a Jalaff la compra de cuotas de fondos de LarrainVial como “Patio Oficinas II” y “Capital Estructurado I”, en manos de STF Capital, por $ 150 millones para estabilizar al grupo SUM y así tener posibilidades verse pagada su deuda. La transferencia se realizó el 16 de febrero de 2024, a una cuenta a nombre de Bracho.
Sin embargo, el escrito acusó que los querellados incumplieron íntegramente las obligaciones asumidas, nunca entregaron las cuotas comprometidas ni acreditaron el patrimonio supuestamente disponible.
Mientras que la posterior detención y formalización de Sauer y la liquidación concursal de Factop en abril de 2024 habrían terminado por “dejar en evidencia el fraude en toda su magnitud”.
De acuerdo con la querella, toda la operación configura el delito de estafa. “Formó parte de este engaño el haber aparentado la existencia de una empresa solvente”, señaló el escrito, y alertó que el mecanismo habría sido ofrecido a otras personas. Finalmente, Jalaff acusó un perjuicio de $ 150 millones.
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Cristóbal Muñoz
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