En medio del cierre de las investigaciones del Caso Factop -que ya acumula cuatro condenados y una salida alternativa- sus protagonistas continúan profundizando sus batallas legales.
El 28 de noviembre, el imputado en la causa, Álvaro Jalaff, ingresó una querella en contra de Daniel Sauer por el delito de estafa y acusó un engaño planificado en su contra.
La acción judicial también apunta como responsables a los cercanos al socio de Factop, Conrado Elzo y Jaqueline Bracho, y al exgerente general de la corredora STF Capital, Luis Flores.
De acuerdo al libelo, el grupo encabezado por Sauer, habría orquestado un fraude destinado a obtener recursos mientras el ecosistema empresarial de SUM Capital, holding detrás de Factop y STF Capital, entraba en una crisis financiera y penal que dio inicio al caso.
Puesta en escena
En el escrito, Jalaff aseguró que, luego de descubrir la emisión masiva de facturas sin respaldo y sin su conocimiento en contra sociedades de su grupo -que lo habría llevado a desembolsar más de $5.300 millones para recomprar derechos litigiosos, dejándolo como único acreedor de Factop por estas facturas-, los querellados diseñaron una propuesta que prometía resolver la situación a través de la sociedad O.Boye y Compañía.
La querella sostiene que elaboraron una “puesta en escena” para inducir al exGrupo Patio a creer que la sociedad O.Boye, representada por Bracho y vinculada a Elzo, contaba con amplio patrimonio inmobiliario y solvencia para estructurar una transacción destinada a compensar los daños denunciados por el empresario. Los bienes, eso sí, después habrían sido demostrados como intransferibles o con irregularidades.
De acuerdo con la querella, al poco andar de este plan, a través de Flores se le solicitó a Jalaff la compra de cuotas de fondos de LarrainVial como “Patio Oficinas II” y “Capital Estructurado I”, en manos de STF Capital, por $ 150 millones para estabilizar al grupo SUM y así tener posibilidades de resarcir su deuda por la emisión de facturas. La transferencia fue realizada el 16 de febrero de 2024 a una cuenta a nombre de Bracho.
Sin embargo, el escrito acusa que los querellados incumplieron íntegramente las obligaciones asumidas, nunca entregaron las cuotas comprometidas ni acreditaron el patrimonio supuestamente disponible. Mientras que la posterior detención y formalización de Sauer y la liquidación concursal de Facto en abril de 2024 habrían terminado por “dejar en evidencia el fraude en toda su magnitud”.
De acuerdo a la querella, toda la operación configura el delito de estafa. “Formó parte de este engaño el haber aparentado la existencia de una empresa solvente”, señaló el escrito, y alertó que el mecanismo habría sido ofrecido a otras personas. Acusó un perjuicio, en tanto, de $ 150 millones.
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Cristóbal Muñoz
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