La Contraloría General de la República (CGR) volvió a poner la lupa sobre una entidad del Gobierno. Esta vez, el organismo detectó una serie de incumplimientos en los pagos realizados por parte del Ministerio de Obras Públicas (MOP) a la sociedad concesionaria a cargo de la obra Concesión Ruta 66-Camino de La Fruta, ligada a Sacyr Concesiones.
Entre las observaciones, se identificó el "pago improcedente" de $ 329.540.767 por cuatro facturas emitidas por la empresa.
De acuerdo con el informe, la Dirección General de Concesiones (DGC) aceptó, como parte de los gastos asociados al servicio de construcción de la obra, desembolsos presentados por la firma por un total de $1.734.425.077, pese a que no se acreditó su relación directa con la ejecución de la obra.
“Los antecedentes proporcionados por la DGC no permiten sustentar por si solos, que los gastos considerados por la dirección para determinar el valor de las facturas por el servicio antes señalado -y a partir de las mismas, solventan los montos de IVA que en estas se indican-, tengan la aludida relación con la ejecución de esta obra”, recalcó la CGR.
Por esta razón, agregó la entidad, formularán "el pertinente reparo, es decir, presentará la demanda que da inicio al juicio de cuentas”.
El análisis, que abarcó el período entre el 1 de enero de 2023 y el 30 de abril de 2024, reveló otras irregularidades. Entre ellas, que la Inspección Fiscal aprobó el 80% de avance de dos subsectores de la obra sin que, en algunos casos, existiera respaldo documental suficiente para justificar dicho progreso.
Asimismo, el organismo constató que el concesionario entregó de manera incompleta parte de los proyectos de ingeniería de detalle, una situación que no fue advertida por la Inspección Fiscal.
Otro hallazgo relevante fue la aprobación del proyecto de agua potable y alcantarillado para el Área de Servicios Generales y Atención de Emergencias sin contar con el visto bueno de la autoridad sanitaria, lo que constituye una infracción a las bases de licitación.
Como medidas, la Contraloría ordenó a la DGC sustentar los porcentajes de avance identificados en el informe, de modo de acreditar que, al momento de sancionarse el cumplimiento del hito del 80%, los progresos efectivamente correspondían a lo declarado.
Además, instruyó al inspector fiscal a proponer las multas por el atraso en la entrega de los proyectos de ingeniería de detalle y por la falta de autorización sanitaria. Finalmente, la DGC deberá iniciar un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas derivadas de estos hechos.
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