El programa de la UE para incentivar la propiedad intelectual y el desarrollo de la innovación verde en la región

Las industrias intensivas en Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) generan alrededor del 34% del empleo formal en Chile, contribuyendo al 49,9% del Producto Interno Bruto (PIB) y con salarios en promedio 56% más altos que en otras industrias. Así lo concluyó el estudio elaborado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo) y el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi) de Chile, que se dio a conocer en 2021.

En este contexto y con el fin de ampliar y mejorar el uso de los DPI, en noviembre de 2022 la Unión Europea (UE) lanzó el proyecto AL-Invest Verde DPI, para los países del Mercosur.

El argentino Mariano Riccheri, líder de AL-Invest Verde DPI, comenta que este programa busca impulsar oportunidades de cooperación en materia de investigación e incrementar la competitividad en las empresas con enfoque en innovación sostenible.

Señala que la protección de la propiedad intelectual para un país como Chile es clave por su vocación exportadora y destaca su adhesión al Protocolo de Madrid, un tratado internacional administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

“Este tratado permite registrar marcas en varios lugares del mundo y también trata de ver cómo utilizar y proteger la propiedad intelectual, un elemento estratégico para Chile”, dice Riccheri.

AL -Invest Verde DPI nace bajo el alero de AL-Invest Verde, un programa que opera hace 28 años, pero este 2022 incorporó el módulo de Derechos de Propiedad Intelectual para ser entendidos como una herramienta eficiente de estimulación a la innovación verde.

Riccheri comenta que está dirigido a las economías del Mercosur - Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay-, principalmente a empresas, emprendedores, universidades, centros de investigación e instituciones que administran la propiedad intelectual, como Inapi.

Adelanta que están elaborando el plan anual para 2023 con las necesidades y demandas de cada país. Las actividades comenzaron en julio de este año y terminarán a fines de 2024.

El programa cuenta con un presupuesto de 2,8 millones de euros, destinado a conseguir el desarrollo de patentes y el conocimiento de los DPI, “con el fin de combatir el cambio climático, reducir las emisiones de carbono y promocionar proyectos tecnológicos que sirvan a la economía circular”, dice Riccheri.

Desde la Inapi informan que entre los años 2017 y 2021 en Chile han ingresado 621 solicitudes nacionales y extranjeras de patentes relacionadas a tecnologías verdes.

Líneas de acción

El programa busca trabajar con instituciones encargadas de los DPI para optimizar los procesos y calidad, además de transferir conocimientos de otras oficinas europeas a los participantes. “Es importante mejorar la accesibilidad para los usuarios y que haya celeridad en brindar derechos”, afirma Riccheri.

La directora de la Inapi, Loreto Bresky, indica que en el conexto del programa pondrán a disposición de quienes lo requieran, información no sólo de informes y boletines técnicos, “para ello debemos adoptar un formato que genera un cambio importante, y que requiere una adaptación importante”, dice.

AL-Invest Verde DPI realizará capacitaciones sobre concesión de derechos, conocimiento de DPI, y digitalización con enfoque en transición verde.

En el sector productivo, la industria creativa y la sociedad esperan concientizar y potenciar el conocimiento de DPI, con seminarios y talleres. “Es transversal y sirve para todos, queremos crear y fortalecer redes, y espacios de intercambio”, comenta Riccheri.

También planean impulsar a las Pequeñas y Medianas Empresas, PYME, y actores económicos en la protección y gestión de activos de propiedad intelectual, a través de patentes y con la protección de innovación tecnológica. “Hay que ampliar el conocimiento de las empresas de cómo usar la propiedad intelectual y el intercambio de tecnologías con desarrollo en el proceso de innovación colaborativa”, agrega Riccheri.

Otro foco es convertir la investigación de universidades, hubs y centros públicos y privados en un activo, y realizar la transferencia hacia la industria, para generar espacios de innovación a partir de esta red.

En el área judicial planifican actualizar a los jueces sobre los DPI en torno a los avances en la materia por las transformaciones tecnológicas.

Riccheri explica que el principal apoyo para implementar el programa son las oficinas de propiedad intelectual o industrial de cada país, y si no son competentes en DPI, se contactarán con los ministerios que los regulen. También los grupos de interés, como las cámaras de comercio y asociaciones de PYME.