Un mamotreto. O una mole. Como la administración que dirige José Antonio Kast se impuso lanzar en un mismo proyecto más de 40 medidas -de ahí el mote de “misceláneo” que hasta sus parlamentarios leales usan-, el texto del Proyecto de Ley de Reconstrucción que ingresará a la Cámara de Diputados será bien corpulento. En su versión de trabajo interna actual “es grande” recalcan varias voces en el Ejecutivo, echando mano a diversos sinónimos.
Otras, especialmente en Hacienda, le bajan unos cuantos cambios: la versión que circulaba hasta el cierre de esta nota (han intercambiado varias entre distintos ministerios) tendría alrededor de unas 70 páginas y por lo bajo unos 30 artículos. Algunas medidas ocuparán varios artículos y otras se condensarán en uno. Quienes lo han visto dicen que abre con un “mensaje presidencial bastante potente, de cierta extensión”, describen en el Ejecutivo.
Pese a todo lo que ha ocurrido (y se ha padecido) en los 25 días que van desde el cambio de mando, en Hacienda y en Segpres recalcan que la idea original sigue siendo la misma: amarrar dentro de un mismo articulado un paquete en que se cruzan rebajas tributarias, restricciones a la gratuidad y destrabes de inversión. Nada de “desagregarlo” como han sugerido voces de su sector.
Insistir en dicha estructura proyecta parte de los escenarios probables de encarar: que La Moneda deba aplicarse al máximo para que una de sus principales misiones políticas de este año no se enfangue por una riña o una norma de más o de menos. Según dicen en el anillo más cercano al mandatario, eso lo tienen previsto y tomarán las medidas correspondientes antes de timbrar la versión final del texto.
¿Cómo y cuándo ocurrirá eso? Primero recordemos que el pasado 14 de marzo el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se autoimpuso el 1 de abril como plazo para ingresar el legajo a la Cámara de Diputados. Pero entremedio cayó el bencinazo, la crisis -insisten en el Ejecutivo- y eso obligó a retrasar. El borrador del proyecto salió hace algunos días desde Teatinos 120 y llegó a la División Jurídica del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Desde allá precisan que se han estado recogiendo comentarios y aportes desde los ministerios sectoriales involucrados: Educación, Vivienda, Medio Ambiente, Desarrollo Social, entre otros.
De no mediar nuevos cambios, uno de los cálculos internos apunta que al morir esta semana el articulado debiese haber cumplido esa fase y que quede listo para ser disectado mañana en la reunión de Comité Político cerrado -la del Presidente, sus ministros y asesores, sin partidos- de los lunes. En el intertanto, microprecisan en las entrañas del Edificio, también han “acompañado” este proceso en el Segundo Piso… “pero ahí no van a evaluar su viabilidad política”, advierten otras voces.
Dadas todas las manos por las que ha pasado y los recientes sucesos, algunas autoridades celebran para callado que hasta ahora no se haya filtrado nada. Ni media minuta.
Las últimas estimaciones del Gobierno apuntan hacia fines de la semana que arranca mañana, o ya la subsiguiente, para ingresar el proyecto a la Cámara. La sala de máquinas de la Segpres que capitanea el ministro José García Ruminot ya tiene los próximos días concentrados en apurar la tramitación de la iniciativa de seguridad escolar anunciada en los últimos días e inmiscuirse en las recién conformadas (con harto retraso) comisiones del Senado. Y además tienen encima la presión por las auditorías.
Una vez recepcionado en Valparaíso… ya será otra historia, se admite.
Las fichas grandes en juego
Ignorando las frases del tipo “acá está en juego recuperar a Chile”, entre los altos mandos de La Moneda explican que las implicancias políticas de esta apuesta arrancan de un dato puntualmente sensible: “Este proyecto, como tal, no estaba en el programa de gobierno, pero muchos de sus contenidos sí”.
Aseguran que la idea se fue dibujando desde el mes previo a la toma de poder. En el camino se optó por englobar bajo el paraguas conceptual de “reconstrucción” las áreas fiscal, institucional y otros aspectos (con los que políticamente se le pasa factura al Gobierno anterior) y tramitarlos en el Parlamento.
El Presidente, agrega uno de sus cercanos, quiso darle “proyección a distintos compromisos de campaña”. Y reconocen que aunque haya tocado “lidiar con una crisis, acá se juega el discurso de la promesa de reactivación y progreso”.
En otros despachos premium de Morandé 80 subrayan con destacador que “en este proyecto va mucho del core del Gobierno: bajar impuestos, potenciar el empleo y a los sectores productivos”. E insisten en que es uno de los tres grandes asuntos a resolver durante el primer semestre (o primer año, según quién lo diga), junto con mostrar resultados tangibles en seguridad y el proceso de auditorías al Gobierno anterior. Algunas voces acusan que esto último está resultando muy exigente.
“En este proyecto va mucho del core del Gobierno: bajar impuestos, potenciar el empleo y a los sectores productivos”, comentan en despachos premium de Morandé 80.
En ese marco, uno de los temas cruciales es y será la evidente pugna política por intentar conseguir votos suficientes para que se logre rebajar el impuesto corporativo de 27% a 23%. Que el Gobierno y las derechas lo defiendan con el mismo ahínco con que lo critica la oposición y las izquierdas anticipa una lucha de fondo: al discurso de que Kast y Quiroz quieren “legislar para favorecer a los ricos, a sus amigos”, se ha opuesto el que la medida es consistente con la OCDE y que Mario Marcel planteó algo muy parecido cuando era jefe de Hacienda del exPresidente Gabriel Boric.
La línea argumental que más se ha recalcado en los ventrículos gubernamentales es que sí, es cierto que dicha medida y otras rebajas tributarias implican menor recaudación fiscal. Pero que eso “se va a compensar a futuro” con “los beneficios” de facilitar la recuperación de la actividad económica y del empleo -insisten- por la vía de destrabar la permisología y otras normas contenidas en el proyecto, y que por eso se ha reiterado tanto que se están activando inversiones. “Acá se juega equilibrar algo súper delicado: disminuir la recaudación transitoriamente con tal de mejorar las expectativas de recaudación futuras”, abrochan los aliados de Kast en el Congreso.
Claro que todo eso no quita el dato de que la pelea será áspera. Y de desenlace incierto. “Si esa norma se cae, se cae el corazón del proyecto. Sería una derrota”, sinceran en el círculo político del mandatario. En la UDI algunas voces desde ya plantean abrirse a diluir al menos un poco la medida: por ejemplo, en vez de que la rebaja sea gradual a cuatro años, que sea a ocho.
Pero eso no hace mucho click en el anillo más estrecho del Presidente, donde sentencian que si bien eso hay que verlo en la discusión parlamentaria, “hay que generar impacto, esto es parte del eje principal” y que “si no hay impacto, no sirve”.
Las nuevas mitigaciones, por carril aparte
Pero con Trump amenazando a Teherán con devolverlos a “la edad de piedra”, la semana termina con poca esperanza de que la guerra termine pronto y por ello que vengan nuevas alzas en los precios del petróleo.
En Palacio saben que no hay de otra que sumar más mitigaciones a los distintos grupos de consumidores: esta semana -luego de una sesión del Comité “Chile Sale Adelante”- se anunció un bono temporal de $ 100 mil a ciertos pescadores artesanales y un subsidio al gas vía municipalidades (un aporte de US$ 225 millones).
La presión de los propios partidos de derecha ha sido, es y seguirá siendo considerable. Cruzado eso con el bajón en las encuestas y el inevitable aumento en la inflación, las demandas ya se instalaron en el menú y en el Comité Político admiten que están atentos a incorporar nuevas medidas de mitigación antes de que sea tarde.
En ese último punto se aplican las dolorosas lecciones políticas aprendidas durante la fase más dura de Piñera II, cuando el entonces mandatario porfiaba con resistirse a abrir la billetera y aprobar más ayudas y el delay a la hora de aceptarlas las encareció. “Tenemos que ser proyectivos: si no nos adelantamos, lo pagaremos más caro”, resumen en La Moneda.
Durante esta semana distrital varios parlamentarios leales al Gobierno le han transmitido barriles de quejas que han recibido en sus zonas, algo que era esperable incluso para el Gobierno. Una alta autoridad relata que les han dicho que el golpe es tan grande, que en regiones las mitigaciones han quedado en segundo plano, “aunque igual las agradecen”.
Al margen de la enorme incógnita de qué va a hacer el Gobierno si la guerra se sigue y se sigue alargando, al menos una cosa está clara, insisten en el Comité Político. No se mezclarán nuevas mitigaciones con el Proyecto de Ley de Reconstrucción, por la sencilla razón de que aquellas necesitan una tramitación rápida, casi inmediata, mientras que el paquete a legislar de seguro tomará varios meses.
A lo que vinimos: a batirse en Valparaíso
En el Congreso “la temperatura cambia mucho, a veces se dan las cuatro estaciones del año en una sesión”, pintó ese ambiente que conoce tan bien el ministro del Interior Claudio Alvarado en radio Pauta el miércoles, reconociendo lo veleidoso que puede resultar ir a tramitar algo. Pero al decir de otras voces en el Gobierno y entre sus aliados, la figura se parece más a un animal salvaje. Ir a lidiar con él con un megaproyecto de casi 40 medidas tan diversas será una misión cuesta arriba, coinciden varios. Aunque claro, si no hay nervio no hay premio, dirán otros.
Por lo mismo, el proyecto está y terminará de pasar por el obligado filtro político antes de irse a Valparaíso. Eso debiese cristalizar la semana que comienza mañana, y en los hechos implica modificar, atenuar o derechamente desechar ciertas medidas y retirarlas del articulado.
Aunque hasta ahora se repita que en líneas gruesas el contenido es el mismo anunciado por Quiroz el 14 de marzo, y que acá no iba a haber marcha atrás, en Presidencia, Hacienda, Interior y Segpres adelantan que “hay algunas medidas que vamos a tener que soltar”, que “veremos qué peleas valen la pena y cuáles no”, que “habrá que sacar del proyecto materias que distraigan el debate de fondo” o que “en lo sustantivo el proyecto mantiene su estructura de lo que fue anunciado; si cambia algo es porque hay mejores canales, ya sea vía otros proyectos o dejando algunos temas para más adelante”.
Uno de los puntos -realca una alta autoridad- es evitar caer en reyertas gratuitas, inútiles y dañinas. Es decir, evitar trenzarse en aspectos accesorios para el fondo del proyecto solamente porque sean simbólicos para la oposición.
Mucho tendrán que decir en esa evaluación de viabilidad política -además del Presidente- los ministros García y Alvarado, entre otros nombres. Eso sí, otras versiones del círculo kastista aseguran que el proceso de “corte” ya está corriendo: aseguran que ciertas medidas se han descartado y no irán en el proyecto, aunque de momento no han querido transparentarlas.
Esta no será una tramitación cualquiera. Uno, el Gobierno no tiene una mayoría decidora en el Legislativo, lo que obliga a negociar. Dos, un megaproyecto así expone un flanco parecido al de la primera y fracasada Constituyente: que la oposición centre sus fuegos en ciertas medidas puntuales o más impopulares, opacando el resto del debate público. Tres, el ambiente post bencinazo vuelve todo más volátil: por mucho que el mandatario insista en que su lucha no es por la mera popularidad, una de las consecuencias que tiene perder varios puntos de sopetón es que tu gente se vuelve más indómita a la hora de votar en el Congreso (nuevamente recordemos Piñera, Parte II post estallido y pandemia, los retiros y todo lo demás).
Parlamentarios del Partido Republicano y de la UDI hacen ver que da lo mismo que su bando tenga mayoría en la Comisión de Hacienda de la Cámara porque ¿qué sentido tiene pasar máquina ahí si después te la pasan de vuelta en la sala?
Uno de ellos saca el pincel: “Todavía tenemos margen en la sala, no sé si en tres meses más. Las encuestas están totalmente conectadas con esto, sobre todo si tienes una mayoría de diputados nuevos que se asustan a la primera funa por Twitter. Mientras el Presidente no baje mucho del 40%, tenemos margen”.
En La Moneda sostienen que pese a todo, ven una ventana de “racionalidad y disposición” en la oposición. En la Cámara, entre independientes, parte de la DC y el PPD. En el Senado, especialmente en el eje PPD-PS.
Aunque solamente la versión timbrada del proyecto arrojará más pistas de un posible devenir, en el Gobierno resumen que si bien estas peleas se ganan por un voto, lo ideal sería tener un margen más amplio. Como sea, se asume que más de alguna medida caerá o será modificada durante el trámite. Por algo el Presidente, que fue diputado, dijo esta semana en la entrevista ARCHI que “si hay mejores medidas que las que nosotros presentamos, ¿por qué no acogerlas? Uno siempre está abierto a mejorar los proyectos”.
¿Metas?
El domingo pasado el jefe de la Segpres -con décadas de escuela en el Congreso-, José García, calculó que esto tendría que estar listo en septiembre, antes de que se tramite el presupuesto 2027, a razón de dos meses por cámaras. Otros en La Moneda prefieren ser más realistas y darse todo el año para liquidar este asunto.
En al menos dos rankeadas oficinas de Palacio rescatan que fue mejor que el ministro de Hacienda debutara en el Congreso con la tramitación de las medidas para compensar el alza de los combustibles y no con esto. Que las pedidas de renuncia y duras críticas sirvieron de aprendizaje a fin de cuentas, sin perjuicio del “maltrato sufrido”. Quiroz, sostienen estas lecturas, no tenía experiencia legislativa y hasta antes de eso estaba en la línea de no cambiar nada: en los hechos, ya vio que el Congreso “es un animal bravo” y agregan que fue especialmente positivo para él ver a García y Alvarado en su salsa negociando.
Dados todos estos tentáculos, en las entrañas del Ejecutivo recalcan con fluorescente que será crucial cómo se explique y se dé a conocer tamaña apuesta. Esto será -coinciden varios- un examen para el andamiaje de comunicaciones del Gobierno. “Esto tiene que ser simple de entender, tanto para los parlamentarios como para la gente. Que la gente entienda que no se vota contra un artículo, sino contra una acción o medida que te facilita la vida y te ahorra complicaciones”.
¿Qué dicen en las unidades aludidas? Que sí, que es un desafío importante, que hay que trabajarlo bien y que el abanico de medida toca a distintos públicos y audiencias… y que hay que explicarlo “con un tono moderado”.
Continuará.
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