El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, advirtió sobre el impacto que la propuesta de Presupuest0 2026 generaría sobre el funcionamiento del Poder Judicial.
Acompañado por la ministra integrante del Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Gloria Ana Chevesich, la directora (s) de dicha entidad, Andreina Olmo; el subdirector (s), Alex Saravia; el director de la Academia Judicial, Juan Enrique Vargas, Blanco acudió a la tercera subcomisión mixta de Presupuesto del Congreso que analiza los dineros para el Poder Judicial, que se incrementan en un 0,8% para el próximo año.
Olmo explicó que el presupuesto asignado contiene un incremento real de 3,1%, a excepción del subtítulo 21 (gastos en personal) que no contiene dicho elemento, lo que implicaría que a partir el año 2026, de otorgarse un reajuste equivalente, existiría un déficit real de cerca de $ 18.000 millones.
“Desde el punto de vista de los ingresos, se recuperó la estructura normal de financiamiento, considerando el saldo inicial de caja con un porcentaje de incidencia mínima dentro del total para financiar el presupuesto”, dijo la directora (s) de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
En cuanto al subtítulo 23, relativo a las “prestaciones de seguridad social”, el Poder Judicial advirtió que el proyecto de ley de Presupuesto del próximo año considera un monto muy menor, dado que el organismo está participando en una mesa de trabajo con la Dirección de Presupuestos (Dipres) para consensuar los términos de la prórroga del incentivo al retiro, a partir de 2026.
Olmo indicó que el proyecto reconoce la necesidad del Poder Judicial de renovar máquinas y equipos informáticos, “pero que no contiene financiamiento para la renovación de los vehículos, los cuales han cumplido con el tiempo de renovación y no se han asignado recursos para ello”.
Sobre los gastos operacionales no financiados en la ley de Presupuestos, Olmo recalcó que la institución está trabajando en otras opciones de financiamiento, sustentadas en el Convenio de Desempeño con el Ministerio de Hacienda para el uso del saldo inicial de caja, y suplemento presupuestario por parte del Ejecutivo.
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