El Tribunal Constitucional despachó la sentencia sobre el control de constitucionalidad del proyecto de ley que modifica el sistema registral y notarial dando por cumplidos los requisitos formales y dejando la normativa -que fue aprobada en julio por el congreso- en condiciones de ser promulgada como ley por La Moneda.
Se trata de una reforma que ha sido discutida extensamente durante diversos gobiernos y que no había podido ser despachada. En lo central establece un cambio en la forma en que serán nombrados los notarios, conservadores y archiveros; deja fuera de este proceso a la Corte Suprema y pasa a tomar parte central el Servicio de Alta Dirección Pública para la elaboración de las ternas de postulantes en base al mérito.
También pone fin a los llamados “notarios vitalicios” debido a que cesarán en sus cargos quienes tengan más de 75 años, medida que afecta a unos 96 notarios en todo el país. Este artículo fue objetado por algunos auxiliares de justicia mayores de 75 años que estaban representados por el abogado constitucionalista, Patricio Zapata, quien presentó un escrito ante el TC para objetar la medida bajo el fundamento de una discriminación arbitraria debido a que se busca “anticipar su retiro para impedirles continuar ejerciendo el cargo en edad mayor. Sin importar su capacidad o idoneidad individual”.
Sin embargo, el TC no se pronunció al respecto y en la práctica descartó el pedido de objeción de los vitalicios al considerar que los notarios no eran parte legitimada para un control preventivo de constitucionalidad. No hubo pronunciamiento respecto de lo pedido por Zapata ni por otros abogados sobre este mismo tema.
En definitiva, un nuevo sistema de nombramientos para notarios y conservadores está cada vez más cerca, con el fin a los cargos vitalicios; y nuevas inhabilidades para evitar que familiares de autoridades y parlamentarios sean designados notarios o conservadores; son algunas de las medidas que contiene la reforma notarial y registral.
Gobierno valora luz verde del TC
“La aprobación del Tribunal Constitucional es una gran noticia”, sostuvo el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, respecto a la finalización del control de constitucionalidad de la normativa que queda lista para ser ley, la cual moderniza el sistema registral y notarial y “es un gran avance para fortalecer la transparencia, mejorar la fiscalización, y elevar la calidad del servicio a los usuarios”.
Por ejemplo, mencionó que la nueva normativa establece criterios claros y transparentes para los nombramientos de notarios, conservadores y archiveros; se radica en el Servicio Civil las etapas de convocatoria, evaluación y elaboración de la propuesta de candidatos seleccionados; y la evaluación de los postulantes se efectuará de forma objetiva.
De igual modo, indicó que para crear nuevos oficios el proyecto prescribe nuevos requisitos técnicos obligatorios, como las necesidades económicas de la zona, la calidad del servicio y el acceso de la población a estos oficios.
Gajardo también sostuvo que la reforma introduce una prohibición para que familiares de determinadas autoridades, cónyuge, conviviente civil, o quien se encuentre ligado por matrimonio, acuerdo de unión civil, parentesco de consanguinidad, hasta el tercer grado inclusive, por afinidad hasta el segundo grado, o por adopción, puedan ser incluidos en las nóminas de selección y/o nombrados como notarios, conservadores y archiveros, extendiéndose esta restricción por un plazo de un año contado desde el cese efectivo de la respectiva autoridad en su cargo.
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