Transición energética avanza en el Congreso: senadores eliminan licitación de almacenamiento y aprueban ajuste para impulsar transmisión en Ñuble

Un camino sin grandes complicaciones está teniendo el proyecto de transición energética, iniciativa que forma parte de la agenda inicial para el segundo tiempo de la transición energética que impulsa el Gobierno, en medio de los problemas que han advertido algunas firmas renovables. Este miércoles, el articulado dio otro paso en su trámite en la comisión de Minería y Energía del Senado, luego de aprobarse de manera unánime un paquete de indicaciones, que tuvo -entre otras novedades- la eliminación de la norma que contemplaba la discutida licitación de almacenamiento que fue anunciada en el marco de la última Cuenta Pública Presidencial.

Los ajustes, entre otras medidas, considera acciones para impulsar el desarrollo de proyectos de transmisión eléctrica en todo el país, con un foco especial en la Región de Ñuble. Respecto de este punto, se aprobó la incorporación de un artículo transitorio que permitirá, durante cinco años, considerar un monto adicional de un 5% - por sobre el 10% que ya está considerado para el resto del país – para ejecutar obras de transmisión necesarias y urgentes para la Región de Ñuble.

Asimismo, durante la tramitación se han aprobado otras indicaciones que buscan promover las condiciones necesarias para un desarrollo eficiente de las obras de transmisión eléctrica, en particular, aquellas que permite modificar los umbrales máximos de ajuste del Valor de Inversión (VI) en las licitaciones de obras de ampliación del sector transmisión y así agilizar la ejecución de estas instalaciones.

Pero también, en la cita se resolvió uno de los puntos más discutidos en la industria: la realización de una licitación de almacenamiento que contemplaba el proyecto. Considerando los avances de las iniciativas en esta materia actualmente declaradas en construcción, que suman 2 GW a la fecha, se aprobó la eliminación de la norma que contemplaba la realización de una licitación de almacenamiento para permitir el cumplimiento de esa meta.

De esta manera, el Ministerio de Energía junto a la cartera de Bienes Nacionales se abocará al desarrollo de un plan de fomento a sistemas de almacenamiento stand alone en terrenos fiscales por un total agregado de 13 GWh., proceso que actualmente se encuentra en etapa de postulación.

Con respecto a la eventual licitación que se incurriría en un artículo transitorio en el proyecto de ley, el ministro de Energía, Diego Pardow, explicó que, "cuando nosotros tuvimos esta conversación en junio de 2023 había solamente 900 MW declarados en construcción y 500 MW en pruebas o en operación. Cuando volvemos a sacar esa cuenta, vemos que hay 1.360 MW declarados en construcción, 240 MW en prueba y 400 MW en operación y todos ellos suman 2 GW". 

"Si aprobáramos este proyecto que está sujeto a una respuesta de mercado, ya estaríamos aprobando un proyecto cuyas condiciones de financiamiento ya se han cumplido", sostuvo.

Pardow fue claro: "Aquí, yo quiero ser bien transparente, tuvimos un acuerdo donde acordamos evaluar el mercado y dependiendo de la respuesta del mercado sí o no realizar esta licitación de emergencia. Efectivamente el mercado hasta el momento respondió con proyectos que se presentaron a declaraciones de construcción ante la Comisión Nacional de Energía (CNE)". 

Y añadió en la instancia que esta última entidad revisó los antecedentes: "Son proyectos serios, que se van a hacer, que cuentan con financiamiento y con eso de alguna manera conseguimos cumplir la meta de lo que tiene que ver con hibridación de parques y a través de estos terrenos fiscales vamos a seguir trabajando en los sistemas Stand Alone que hacen arbitraje de precio". 

Más tarde, en un comunicado, Pardow destacó el apoyo unánime de estas indicaciones que traerá una serie de beneficios para el desarrollo energético en las regiones del país: “Esta es una iniciativa clave para el sector energético que solucionará, por ejemplo, los retrasos en obras de transmisión que han afectado la actividad económica en regiones como Ñuble”, explicó.

En el escrito, la cartera recordó que el paquete de indicaciones que actualmente se está discutiendo surgió al alero de una Mesa Técnica del Proyecto de Ley de Transición Energética, que contó con la participación del Ministerio de Energía, el Ministerio de Hacienda, la Comisión Nacional de Energía, asesores parlamentarios, expertos, académicos y gremios del sector energía, cuyo informe definitivo fue entregado a la Comisión de Minería y Energía del Senado el pasado 13 de noviembre.

Primera reunión por discusión de subsidio y tarifas

En la cita, también Pardow delineó próximos pasos en materias relevantes como la descarbonización y uno de los compromisos asumidos en el marco de la tramitación de la ley de estabilización de tarifas eléctricas. Pardow recordó que están trabajando en una mesa de descarbonización donde participa la industria, la sociedad civil y asesores de parlamentarios. 

"Esta mesa está en su parte final. Esperamos que ahora en mayo concluya su trabajo, empecemos la redacción, y espero poder presentarles lo que son los consensos que se han logrado en esta mesa de trabajo, que ha sido muy positiva. Trabajó cerca de seis meses con el apoyo de banco multilaterales, porque la idea de nuevo es poner el foco donde tiene que estar, que son las inversiones habilitantes para que podamos acelerar de manera segura y protegiendo a los clientes en la transición energética". 

Asimismo, el secretario de Estado informó a los parlamentarios que este jueves les debiese llegar el oficio para la conformación de la Mesa de Trabajo de Estabilización, cuya primera sesión fue planificada para el jueves 30 de mayo. "Por lo tanto, cada uno de ustedes tiene que designar quién lo va a representar o si van a asistir ustedes mismos a estas sesiones de la mesa de trabajo que recordarán quedó incorporado como un artículo transitorio en la Ley de Estabilización", informó.

Esto último se debe a que en la discusión de la hoy ley de estabilización se acordó una mesa técnica que se constituirá entre los 30 días de publicación de la ley, con una duración de cuatro meses y cuyo objeto es evaluar otras fuentes de financiamiento para aumentar el monto anual del subsidio y otras políticas destinadas a disminuir el alza de la tarifa eléctrica a clientes regulados.

En esta instancia, de hecho, se podría volver a discutir una eventual renegociación de contratos y un aumento en el impuesto verde, propuestas que no prosperaron en la discusión del texto a la espera de esta mesa.