Cada cinco años, las compañías sanitarias del país y la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) entran en un proceso tarifario destinado a definir los valores del agua potable que regirán durante el siguiente quinquenio. Entre 2023 y 2025, varias sanitarias iniciaron este proceso. Por ejemplo, Aguas Andinas -que concentra al 36,3% de los clientes- ya materializó durante este ejercicio alzas de un 4% para sus usuarios. Para 2026 se prevé que el servicio vuelva a subir en un 1% a partir de marzo.
Esval, que abastece de agua potable a un 11,8% de la población, también llevó adelante su proceso tarifario. En su caso, se espera que durante diciembre o en las primeras semanas de 2026 se emita el decreto correspondiente, que permitiría que sus tarifas escalen hasta en un 4,3% en ese periodo. De esta forma, entre 2025 y 2026 cerca de un 48% de la población verá actualizadas sus cuentas del agua. En cuanto al resto de los usuarios, algunas de las sanitarias que concentran ese universo -como Essbio (15,1%), Nuevosur (4,8%) y Suralis (4,2%), entre otras- ya comenzaron a trabajar en sus respectivos procesos tarifarios, aunque todavía no existen definiciones respecto de los porcentajes de alza. Estos valores deberían conocerse, en algunos casos, durante 2026 y 2027.
Con todo, distintos expertos han adelantado en otras ocasiones que, tal como ocurrió con Esval y Aguas Andinas, todo indica que las tarifas de las demás sanitarias también registrarían incrementos en los próximos ajustes.
Transporte público arrastra un incremento congelado de $ 270 y nuevo gobierno deberá definir su estrategia
Uno de los desafíos para el presidente electo, José Antonio Kast, y su futura administración será el alza a las tarifas del transporte público. ¿La razón? Tras el estallido social -y el congelamiento de las tarifas que este trajo consigo-, el nuevo gobierno deberá definir su estrategia ante el déficit de este sistema.
De acuerdo a la Dirección del Transporte Público Metropolitano, el sistema se financia hoy en día en un 35% con las tarifas pagadas por las personas y en un 65% del subsidio estatal; y si bien el gobierno calculó un ahorro de $ 60 mil millones anuales debido a los buses eléctricos y otras variables, las tarifas podrían seguir subiendo.
La Directora del Transporte Público Metropolitano explicó que “el ahorro en los costos del sistema no permite traspasarse a las tarifas”, dado que existe una mochila financiera que debe irse alivianando. Esto, además de que la Ley no contempla la posibilidad de que la tarifa vaya a la baja. En específico la norma reza que “el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) podrá modificar la estructura tarifaria fundadamente, siempre que la modificación no reduzca los ingresos totales del sistema de transporte público”.
Hay un “aumento permanente” en los costos del sistema debido a las alzas congeladas, dijo el Panel de Expertos.
Y es que aunque el sistema de transporte público sea más eficiente y ahorrativo, arrastra una falta de incremento en la tarifa de $270, a partir de los congelamientos llevados a cabo desde el 2019, lo que ha ido generando deficiencias en el sistema.
Si bien las alzas en los cobros se dan trimestralmente debido a un indexador tarifario y son definidas por un Panel de Expertos ajeno al gobierno, es el MTT el que define si acoger el incremento recomendado por el panel o si la congela.
El actual gobierno del Presidente Gabriel Boric comenzó a descongelar la tarifa en 2023, pero tanto en marzo como en junio de este año, en vez de subirlas, decidió congelarlas. En este caso, el Panel recomendó al MTT dos aumentos de $ 10, respectivamente.
“El Panel, tal como lo ha señalado sistemáticamente en sesiones pasadas, reitera que, producto del congelamiento de las tarifas que ha experimentado el Sistema, no se han traspasado efectivamente $250 de alza tarifaria, lo que corresponde a un aumento permanente en los costos del Sistema. En ese sentido, es relevante destacar que los recursos que se entregan para compensar los congelamientos tarifarios solo cubren el aumento de costos en forma transitoria hasta finales de cada año, por lo que existe un déficit acumulado por la diferencia entre el aumento de costos permanente y el financiamiento transitorio por el congelamiento de la tarifa durante el año”, indicó el Panel.
Si bien el gobierno actual estudia un descongelamiento de tarifas para el próximo trimestre -el último de su administración-, aunque este decida subir la tarifas en enero y el sistema siga generando ahorros, las nuevas autoridades deberán tomar una decisión que, cómo no, arrastra una carga histórica vinculada a las protestas de 2019 difícil de ignorar.
TAG y peajes subirán 3,4%, el reajuste más acotado en cinco años
Tal como lo establece la normativa vigente, hacia fines de cada año se informan las variaciones que experimentarán las tarifas del TAG y los peajes de las autopistas y carreteras concesionadas. En esta oportunidad, con el IPC de noviembre como base, se definió que estos valores registrarán un alza de 3,4% durante 2026.
Los nuevos precios comenzarán a regir de manera automática a partir de las 00:00 horas del 1 de enero, impactando tanto a usuarios de autopistas urbanas como de rutas interurbanas.
Al observar algunas de las carreteras más transitadas del país, el efecto del reajuste ya se refleja en cifras concretas. En el caso de la Ruta 68, que conecta Santiago con Valparaíso y Viña del Mar, la tarifa troncal para autos y camionetas pasará de $ 3.900 a $ 4.000 por tránsito.
En tanto, en la Ruta 78 -otra con alto flujo vehicular, que une la capital con San Antonio- el valor para autos y camionetas en el sector de Américo Vespucio aumentará desde los actuales $ 687 a $ 718.
Las autopistas urbanas tampoco quedarán al margen del ajuste. En Costanera Norte, específicamente en la salida Bellavista, la tarifa en horario normal subirá de $ 225 a $ 233, mientras que en horario punta el cobro escalará desde $ 434 a $ 450.
Si bien se trata de un incremento que se verá reflejado directamente en los bolsillos de los automovilistas, el reajuste de 3,4% se posiciona como el más bajo registrado en los últimos cinco años.
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