Alimentos Marinos y el proyecto de ley de pesca: “La considero una propuesta odiosa que castiga en gran medida al sector pelágico industrial”

Con unos 70 años de historia, Alimentos Marinos (Alimar) es una de las firmas pesqueras importantes en la zona centro sur de Chile. Concentrada en la Región del Biobío, la firma -vinculada a la familia Izquierdo- produce principalmente harina y aceite de pescado y congelados de jurel, con una planta de procesamiento ubicada en Lota y un procesamiento anual de 135 mil toneladas de materia prima.

Con ese background, el gerente general de la compañía, Claudio Salazar Zencovich, no esconde su preocupación en torno al proyecto de ley de pesca que acaba de anunciar el Gobierno, que aumenta la cuota que será licitada del 15% al 50%, reduce de 20 a 10 años los permisos, y cambia el fraccionamiento entre industriales y artesanales en distintas pesquerías. “Lo considero muy negativo para el país y para el sector pesquero industrial. Tal vez lo único positivo es que con el ingreso de este proyecto se disminuye la incertidumbre para quienes estamos en el sector. Hubiera esperado modificaciones contenidas en un proyecto coherente, equitativo y no tan refundacional”, opina.

- ¿Cuál es su evaluación?

- Como sector, hemos vivido varios cambios regulatorios y algunos resultados han sido muy negativos. Basta recordar la reciente Ley de la Jibia, que estableció que este recurso no puede ser capturado con los artes de pesca que tenían autorizadas las embarcaciones industriales (cerco y arrastre) y algunas artesanales (cerco). A más de cuatro años de vigencia de esta ley, podemos afirmar que Chile ha perdido competitividad en los mercados internacionales y sólo se ha capturado en promedio un 25% de la cuota anual. Se perdieron alrededor de 2.000 puestos formales de trabajo y el país dejó de vender montos cercanos a los US$ 150 millones anuales. Pese a esto, en la propuesta se vuelve a reafirmar la prohibición del uso de los artes de pesca que utilizan los barcos industriales y embarcaciones artesanales, por lo que no se enmienda este gran error, a pesar de que ha sido reconocido por parlamentarios como una ‘mala ley’.

- ¿Cómo dimensionan el impacto que tendría en su compañía?

- La propuesta ocasionará mucho perjuicio en nuestro sector, producto de la importante disminución de las actuales licencias de pesca. La considero una propuesta odiosa, que castiga en gran medida al sector pelágico industrial. Estas pesquerías hoy están sanas gracias al manejo que se ha realizado en los últimos 15 años. Este proyecto producirá una afectación global. La propuesta pretende el ingreso de nuevos participantes otorgando derechos de pesca subastados por 10 años. De ser así, ¿cómo proyectar una actividad productiva si actualmente obtener los permisos sectoriales demora de tres a cuatro años por la ‘permisología’ involucrada? Luego, hay que desarrollar y consolidar el mercado, quedando un plazo insuficiente para recuperar la inversión. La propuesta no da garantías de continuidad, dado que esta modalidad no asegura ningún derecho en posteriores procesos de adjudicaciones de subastas.

- La industria ha sido motejada como las “7 familias”. ¿Tiene asidero abrir la competencia con más licitaciones?

- Hablar de 7 familias es un concepto que se ha hecho popular, pero no tiene asidero, ya que la gran mayoría de las empresas pesqueras son sociedades anónimas abiertas, por lo que cada una tiene muchos accionistas. Con relación a las subastas, la experiencia ha demostrado que éstas no han funcionado en ninguna parte del mundo y por ello han sido abandonadas como sistema de asignación de los recursos pesqueros. La competencia es beneficiosa para cualquier actividad, pero la modalidad de subastas no es la opción coherente que requiere el sector pesquero nacional. El proyecto de ley reduce la cuota de jurel de las empresas de la Región del Biobío a menos de la mitad y disminuye a la mínima expresión la cuota de sardina común y anchoveta, lo que hace inviable a la compañía con su actual estructura.

- ¿Afecta los derechos de propiedad o derechos adquiridos?

- Es claro que nos va a afectar y significativamente, debido a que el proyecto propende redistribuir lo actual, por lo que no tenemos ninguna garantía de crecimiento y/o mantener los niveles productivos que hoy tenemos. Como el 50% de las Licencias Transables de Pesca tipo A van a ser subastadas, se perderá una importante fracción de los derechos históricos de desembarque de cada armador. Estos no se lograron en forma antojadiza. Las asignaciones actuales de cuotas por cada empresa son consecuencia de sucesivos mecanismos de ordenamiento a la que ha sido sometida esta actividad.

- ¿Lo siente como una revancha de parte del Gobierno por una situación de corrupción por la que ahora está pagando la industria?

- Esta respuesta debe darla el Gobierno. No obstante, la considero un castigo absolutamente injustificado y desmesurado para esta industria sustentable, altamente regulada y que ha operado eficientemente y que necesita contar con reglas claras y estables para seguir invirtiendo y haciendo crecer al país.