A partir de abril de 2026, el registro de deuda consolidada (Redec), administrado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), ampliará de 40 a más de 150 entidades las que estarán obligadas a reportar al regulador.
Está acción permitirá pasar desde una cobertura de 55% de la deuda de personas y empresas pequeñas y medianas a niveles por sobre 85%, según un análisis de Deloitte.
A la actual lista de agentes que deben reportar a sus deudores se sumarán cajas de compensación, emisores de tarjetas de crédito no bancarias, compañías de seguros, mutuales, securitizadoras y entidades automotrices.
Para las instituciones “la inversión e infraestructura necesaria es de bajo impacto”, recalcaron los autores del documento, el gerente senior de asuntos regulatorios y riesgo financiero, Héctor Tapia, y la gerente senior de assurance, Mercedes Bobadilla.
Esto, porque se trata de entidades con algún grado de regulación. Sin embargo, para las entidades pequeñas sí podría significar un mayor desafío en tecnología y costos.
Mejores condiciones
Deloitte proyectó que, tras la ampliación del registro, uno de los beneficios del nuevo esquema es que los sistemas con información consolidada reducirán entre 10% y 30% las tasas de rechazo para segmentos subbancarizados cuando soliciten un crédito.
De igual manera, significará una caída de entre 20% y 25% en las evaluaciones insuficientes al postular a un préstamo, gracias a una mejora en la granularidad y exactitud del puntaje de riesgo de las personas e instituciones.
Tras la ampliación de la Ley Nº 21.680 que crea el registro, “la industria podría observar una disminución entre 15% y 20% en los desvíos de estimación financiera, fenómeno hoy extendido por las brechas entre sistemas”, publicó el informe.
Asimismo, la prevención temprana del sobreendeudamiento podría reducir la probabilidad de incumplimiento de ciertos portafolios retail en un rango de 5% a 10%, impactando de manera positiva en provisiones y capital regulatorio.
Finalmente, Deloitte sostuvo que el Redec reemplazará a múltiples fuentes privadas de verificación, lo que reducirá los costos de originación de crédito en hasta un 15% en algunas entidades. Además, se estima una disminución en los tiempos de verificación.
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