Uno de los objetivos del próximo Gobierno de José Antonio Kast es llegar con los proyectos de ley listos al 11 de marzo, en línea con una administración que se define de emergencia. Y como una de las emergencias sería económica, entre las iniciativas que entrarían con prioridad al Congreso se encuentra la que propone un nuevo estatuto para la promoción de inversiones, asegurando invariabilidad tributaria y certeza jurídica a las empresas. El equipo económico que lidera el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ya está trabajando en el texto.
“Las inversiones arrancan cuando hay certidumbre. Chile tuvo durante muchos años lo que se llamó el DL 600. Veníamos saliendo de un período convulso y fue un contrato con la nación (…). Nosotros vamos a procurar restituir un mecanismo similar a ese”, dijo Quiroz en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, en Panamá, la semana pasada.
La idea es parte del plan tributario del futuro Gobierno para hacer que la inversión despegue y se suma a la rebaja del impuesto corporativo de 27% a 23% en cuatro años y al crédito tributario que incentiva la contratación. Aún se estudia si será un solo proyecto o textos distintos.
Esto forma parte del programa de Gobierno de Kast, el que comprometió “un nuevo estatuto e inversión que otorgue seguridad jurídica y tributaria a los inversionistas locales y extranjeros que se acojan a ella y realicen inversiones grandes, especialmente las que impliquen transferencia tecnológica y desarrollo de capital humano a nuestro país”.
Según los datos del Banco Central, entre el año 2000 y el 2013 la inversión creció en promedio 9% anual. Entre 2014 y 2024, en tanto, aumentó apenas 0,9%. A partir de ese diagnóstico el nuevo equipo económico considera crucial estimular la inversión privada y, con ello, el crecimiento económico y el empleo.
El DL 600 se creó en 1974 y fue derogado a partir de 2016 en el segundo Gobierno de la Presidenta Bachelet. Establecía normas para la protección y promoción de la inversión extranjera, a través de contratos entre el Estado e inversionistas foráneos, en los que Chile comprometía estabilidad jurídica e invariabilidad tributaria. Ello permitió atraer importantes flujos capitales, en particular a la minería.
El instrumento contemplaba distintos tipos de contratos para inversiones sobre US$ 50 millones. Los plazos de vigencia de la invariabilidad tributaria eran de 10 años, extensibles a 20 años. El organismo encargado de analizar los proyectos era el Comité de Inversiones Extranjeras, que con la Ley 20.848 -que fijó en 2016 un nuevo marco para la inversión extranjera directa- fue reemplazado por el actual InvestChile. De hecho, aún hay contratos vigentes con invariabilidad, los que son gestionados por ese organismo (ver recuadro).
Nuevos montos
Conocedores del trabajo en el nuevo Gobierno señalan que, a diferencia del DL 600, el nuevo estatuto que se está preparando tendría los mismos beneficios tanto para inversiones extranjeras como locales. El monto mínimo para acogerse a los beneficios se está definiendo, pero se evalúa que sea entre US$ 50 millones y US$ 100 millones.
“El DL 600 fue muy exitoso en atraer inversión extranjera y actualmente no tenemos nada como eso. Cuando vemos que muchos capitales han salido del país buscando más estabilidad, cualquier mecanismo que ofrezca un tratamiento especial para inversiones intensivas en capital, protegiéndolas de vaivenes políticos y tributarios, es muy positivo. Y si es para extranjeros y locales, mejor”, sostiene Andrés Rodríguez, exdirector de InvestChile y actual CEO Tinna Rubber Chile.
En el futuro Gobierno evalúan que el plazo de invariabilidad sea de mínimo 10 años. En principio sería para proyectos de cualquier sector, pero está en análisis si podrán acogerse solo iniciativas nuevas o también podrán entrar ampliaciones de proyectos por el monto mínimo.
“Proyectos como una carretera o una mina son de largo plazo, a 30 o 40 años, y lo que las empresas requieren es tener certeza al menos en el inicio. En la mayoría de los proyectos de inversión, como valor presente neto, los primeros 5 a 8 años explican el 80% de valor del proyecto, por eso 10 años es un buen plazo. Pero el DL 600 se extendía a 20 años cuando se alargaban los proyectos o las empresas seguían trayendo capital”, plantea Andrés Rodríguez.
El ejemplo de Argentina
En el Gobierno entrante también miran la experiencia del RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones), impulsado por el Presidente Javier Milei en Argentina, que se aprobó en 2024. El RIGI ofrece una serie de incentivos fiscales y cambiarios por un plazo de 30 años para inversiones superiores a US$ 200 millones en sectores estratégicos como minería, energía, petróleo, gas, infraestructura, turismo y tecnología.
Los proyectos acogidos al RIGI, además de invariabilidad tributaria durante el período, tienen una rebaja en el impuesto a la renta, junto con exenciones aduaneras y de importación. Y con el fin de que el shock de inversiones se concrete en el corto plazo, las empresas que entren al régimen tienen un plazo de dos años para presentar proyectos (hasta agosto de 2026).
Sin embargo, la necesidad de que Chile cuente con una herramienta que garantice estabilidad se viene discutiendo de mucho antes. En diciembre de 2024, la gerente general de Amcham, Paula Estévez -quien suena para ser nombrada por el presidente electo como la próxima subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei)- escribió una columna en DF en la que manifestaba que “medidas como la invariabilidad tributaria podrían transformarse en un fuerte impulso competitivo para Chile en esta carrera por atraer inversión extranjera”.
En la misma línea, el exministro de Hacienda Ignacio Briones recuerda que hace más de dos años, desde el centro de estudios Horizontal, el cual preside, proponían un “pacto fiscal” que incluyera un esquema de invariabilidad tributaria opcional con una tasa de 23%. El año pasado, en tanto, recomendaron que la invariabilidad fuera para proyectos de inversión superiores a US$ 50 millones, de 10 a 20 años, tanto para inversionistas extranjeros como locales, tal como lo evalúa la próxima administración.
Sector privado valora medida
Esta fue también una de las recomendaciones que hizo la CPC y sus seis ramas al presidente electo, en la reunión que tuvieron en enero, en el documento Motores para los primeros 100 días. Una medida de este tipo sería “una buena señal”, especialmente, cuando se necesita recuperar la inversión, afirma la presidenta del máximo gremio empresarial, Susana Jiménez. “Debe ser un régimen claro, confiable y accesible. Las condiciones de invariabilidad deben ser suficientemente atractivas y proporcionales al tamaño y horizonte de las inversiones, nacionales y extranjeras, entregando certezas reales en el tiempo”, acota.
En el mismo sentido, el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, dice que, dados los cambios tributarios de los últimos 15 años, incluyendo el royalty, el sector también planteó al nuevo Gobierno un estatuto de inversión con estas características. “La certeza jurídica es fundamental para invertir. La minería tiene una carga tributaria altísima, el último royalty nos dejó en el tope de carga tributaria en el mundo. Pero la invariabilidad tributaria debe ir acompañada de la certeza de que eso efectivamente no va a volver a cambiar con otra ley más adelante”, plantea.
La presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro, dice que con las lecciones del DL 600 y las experiencias regionales como el RIGI argentino, un diseño cuidadoso del instrumento es clave para recuperar competitividad. Detalla que la invariabilidad debe cubrir ciclos completos de inversión, operación y retorno, lo que implica horizontes largos, especialmente en sectores como minería, energía, infraestructura o industria.
“La invariabilidad tiene que ser real, enfocada en los impuestos directos aplicables al proyecto -como el impuesto de primera categoría- y protegida frente a cambios indirectos o interpretaciones discrecionales. Si el mercado percibe ambigüedad, el incentivo desaparece”, advierte.
DL 600 mantiene 6.593 contratos vigentes
El DL 600 fue derogado en 2016, por lo que desde el primero de enero de ese año no se firmaron más contratos de ese tipo. Sin embargo, dado que estos eran a largo plazo, aún hay vigentes 6.593 contratos suscritos con 3.495 inversionistas extranjeros.
Sin embargo, desde InvestChile, entidad que gestiona estos convenios, señalan que esto no implica necesariamente que los inversionistas mantengan operaciones en el país, ya que mientras el inversionista extranjero no haya solicitado expresamente el finiquito respectivo, los contratos siguen vigentes. Asimismo, 694 contratos aún no han materializado las inversiones cubiertas.
Por sector económico, el mayor número de contratos se encuentran en el comercio, aunque, por montos de inversión, el más significativo es la minería.
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