Uno de los negocios que la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y el grupo financiero estadounidense Prudential opera en Colombia es Colfondos, AFP que en la actualidad enfrenta una serie de desafíos.
Ello, porque el Presidente de ese país, Gustavo Petro, presentó en 2023 una reforma al sistema de pensiones colombiano que amenazó con poner presión sobre la industria y el mercado financiero.
El esquema previsional de ese país funciona en base a dos componentes: uno es público, con Colpensiones, que administra el llamado “sistema de prima media” o de reparto.
Para pensionarse a través de esta alternativa, los colombianos necesitan acumular 1.300 semanas cotizadas (26 años, aproximadamente), con una edad mínima de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
El valor de la pensión depende del monto del salario sobre el cual el trabajador realizó sus aportes. Si sus ingresos son menores a un salario mínimo (cerca de US$ 450) puede recibir un subsidio que permita aportar de forma mensual para la pensión.
El segundo componente es el sistema privado, donde participan además de Colfondos, las AFP Porvenir, La Protección de Sura y Old Mutual. Actualmente, opera como un esquema de capitalización individual y la pensión depende de factores como la edad de jubilación, monto ahorrado y su desempeño, entre otros.
“Creo que existe una visión por parte de este gobierno de preponderancia sobre un sistema de reparto que no es sostenible y, por lo tanto, todos los agentes de la industria están en riesgo”.
Los decretos de Petro
Según explicó en conversación con DF el presidente de la Asociación Colombiana Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), el economista Andrés Velasco, la tramitación de la reforma colombiana se encuentra “congelada” desde mayo del año pasado por la Corte Constitucional de Colombia.
Para él, el sistema sufre problemas de cobertura, sostenibilidad y equidad, situaciones que -señaló- la reforma de Petro no aborda del todo.
“Desde el punto de vista de la cobertura, en Colombia esta es de un 26% y con la reforma aumenta tres puntos porcentuales en 2100. Desde el punto de vista de la sostenibilidad fiscal, el pasivo pensional colombiano es de 100% del Producto Interno Bruto y después de la reforma es 170%. Y con respecto a la equidad, no hay una mejora sustancial en la distribución del ingreso”, acusó.
Tras la paralización de la reforma, Petro ha publicado una serie de decretos que amenazan con complicar aún más al sistema y la industria.
Uno de ellos, el Decreto N° 0369, que fue emitido hace un mes y obliga a “repatriar” parte importante de la inversión de los fondos de pensiones en el extranjero con el objetivo de que se inviertan dichos recursos en proyectos locales, en un plazo de cinco años.
“Nosotros tenemos una exposición de más o menos 48% de las inversiones en el extranjero y se publicó un decreto limitando esto al 30% en cinco años, lo cual no tiene ningún sentido. La motivación del decreto es inconstitucional, porque la Constitución dice que las cotizaciones y los ahorros pensionales son para pensionarse. Y ellos (el gobierno) motivaron el decreto para impulsar la inversión”, indicó Velasco.
Especificó, eso sí, que el decreto se encuentra siendo revisado por la justicia colombiana. El timonel de Asofondos explicó que el gremio ha participado de esas acciones judiciales.
“Si las cortes no tumban ese decreto, porque también está demandado, obviamente debemos reoptimizar internamente, perdiendo muchísima rentabilidad y opciones de inversión”, acusó.
Velasco detalló que en los últimos 15 años la industria de AFP colombiana ha logrado una rentabilidad de los fondos de 8,4% anual, con un riesgo promedio de 1,3%.
Sin embargo, de sobrevivir el decreto de Petro a la revisión por parte de la justicia colombiana, el desempeño pasaría a 3,8%, mientras que el riesgo se elevaría a 3,3%.
Otro decreto (N° 415) del gobierno publicado recientemente obligaría a traspasar 25 billones de pesos colombianos (US$ 7 mil millones) por parte de los fondos administrados por las AFP a Colpensiones, en un plazo de un mes. Sin embargo, esta semana el Consejo del Estado (similar a una Contraloría del Estado) congeló el traspaso de 20 billones de pesos colombianos al sistema público.
Riesgo para la industria
Velasco señaló que las medidas de Petro sobre el sistema de pensiones ponen en riesgo al sistema de pensiones colombiano.
“Creo que existe una visión por parte de este gobierno de preponderancia sobre un sistema de reparto que no es sostenible y, por lo tanto, todos los agentes de la industria están en riesgo, incluidos los pensionados”, reconoció.
Agregó que “el reto que tenemos es tratar de defender el ahorro con las instituciones diferentes al gobierno, y que son en Colombia, la Contraloría, la Procuraduría, las cortes, el Banco Central. Y así, empezar a formular cuáles van a ser los cambios necesarios hacia el futuro para hacer de nuestro sistema, otra vez, un sistema más sostenible”.
Sobre la reforma chilena, señaló que esta no resolvió todos los problemas del sistema, pero que “responde más a la caracterización de lo que pasa en Colombia usualmente y es mejoras pequeñas, pero paulatinas y constantes. Quisiéramos emular de nuevo ese colombian way”.
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