La trama judicial detrás de la concesión del proyecto BordeRío, en Vitacura, sigue sumando nuevos antecedentes. Esta vez, la sociedad ganadora del proceso -Consorcio Parque Río, ligado a Nicolás Álamo Salazar y Jorge Muñoz- se incorporó formalmente a la causa que se tramita ante el Tribunal de Contratación Pública.
El conflicto se abrió hace algunas semanas, luego de que el consorcio perdedor de la licitación, Minera y Constructora Río Grande -fima fundada por Juan Andrés del Río- escalara el caso al tribunal, acusando un “mal criterio” por parte de la municipalidad al adjudicar la concesión a la sociedad rival.
Ahora fue el turno de Consorcio Parque Río, que salió en defensa del proceso. En un escrito de 11 páginas, la empresa buscó controvertir todos y cada uno de los fundamentos de la acción, solicitando el rechazo total de la demanda, con costas, al sostener que no se configura ilegalidad ni arbitrariedad alguna en los hechos reclamados.
En concreto, Minera y Constructora Río Grande acusó la inexistencia de una declaración jurada falsa -por la supuesta omisión de un accionista de una sociedad-, además de cuestionar que la evaluación técnica no se habría ajustado a las bases de la licitación, entre otros puntos.
Respecto del primer pilar de la demanda, Consorcio Parque Río precisó que, mediante certificados oficiales emitidos por el Ministerio de Economía, se acredita que, al momento de presentar su oferta, la empresa contaba con un único accionista, lo que coincide plenamente con lo declarado en la declaración jurada exigida por las bases del proceso.
En relación con el segundo argumento, el consorcio sostuvo que la evaluación técnica se realizó siguiendo estrictamente la metodología definida en las Bases Administrativas Especiales, agregando que el procedimiento “garantiza trazabilidad, transparencia y control, descartando cualquier arbitrariedad o discrecionalidad en la asignación de notas”.
El escrito también aborda la solicitud de suspensión del proceso de licitación presentada por el consorcio perdedor. Al respecto, Consorcio Parque Río afirmó que no se cumplen los requisitos legales para mantener dicha medida, ya que el principal fundamento invocado -la supuesta falsedad documental- fue desmentido con antecedentes públicos y contemporáneos al cierre de la licitación.
Asimismo, la empresa advirtió que la mantención de la suspensión genera un impacto significativo en el adjudicatario, quien mantiene vigentes garantías y pólizas que implican costos financieros relevantes, además de paralizar inversiones comprometidas.
“A ello se suma el efecto negativo sobre la gestión y conservación del espacio público, afectando a operadores, usuarios y a la comunidad en general. Desde esta perspectiva, la medida resulta desproporcionada, ya que provoca perjuicios concretos sin existir fundamentos sólidos que la justifiquen, vulnerando el principio de equilibrio entre los intereses en juego”, se desprende del documento presentado ante el tribunal.
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