Una pelea por cobros municipales enfrenta al alcalde de San Bernardo, el socialista Christopher White, con una sociedad ligada a la familia Bofill, controladora del grupo agroindustrial Carozzi. El conflicto data de 2021 por diferencias en los importes, pero fue escalando, de forma tal que a cuenta del municipio se embargaron cuatro propiedades de la empresa y la firma en el centro de la disputa, Iacsa, afina una demanda contra la entidad comunal.
Para entender el tema hay que hacer genealogía corporativa. Principado de Asturias es la sociedad mediante la cual la familia Bofill controla Carozzi S.A. con el 63,64% de la propiedad y, bajo esta firma, Empresas Carozzi. Pero en una línea paralela, la firma de cuño hispano también es la mayor accionista de Inversiones Agrícolas y Comerciales S.A., más conocida por su acrónimo Iacsa, cuyo único activo es la Hacienda Chorombo, en la comuna de María Pinto (Región Metropolitana), que produce nueces, olivos y frutas y cría ganado bovino.
Según el alcalde Christopher White, se trata de la misma empresa: Iacsa-Carozzi. Y asegura que la firma tiene una deuda de $ 842 millones por pago de derechos patentes comerciales, derechos de aseo y propaganda entre 2021 y 2024, que con los intereses y las costas subió a más de $ 1.400 millones a marzo de 2025.
El edil dice que "Iacsa-Carozzi" es "un mal vecino". Hay que aclarar que Carozzi tiene en San Bernardo, en concreto, en Nos, una vasta planta de última tecnología, la que es uno de los mayores empleadores de la comuna.
En la otra vereda rechazan esta afirmación e incluso el apelativo que usa el representante comunal para referirse a ellos. Haciendo un símil con el grupo Luksic, en Iacsa señalan que “es como decir que Banco de Chile y CCU son la misma empresa por tener a Quiñenco como accionista”.
Y rechazan tener deudas con el municipio. “Inversiones Agrícolas y Comerciales S.A., Iacsa, siempre ha pagado sus patentes municipales en las comunas en donde ha estado domiciliada, y actualmente se encuentra al día en el municipio que le corresponde", señaló la empresa a Diario Financiero.
"Las diferencias que hay con la Municipalidad de San Bernardo son netamente legales y se refieren al monto y criterios de cálculo de los cobros correspondiente a los años 2021, 2022 y 2023. Por ello, es que la empresa, sin perjuicio del proceso judicial de cobro iniciado por la municipalidad, y tras intentar buscar espacios de acuerdo sin éxito, ha recurrido a los tribunales y ha hecho valer sus derechos para dejar sin efecto los cobros en exceso, con el objetivo de pagar exactamente lo que corresponde conforme a la ley”, detalló la sociedad.
Según Iacsa, la deuda de la que habla el alcalde White no existe, dado que ellos pagaron los derechos de aseo y ornato hasta 2023, cuando -el 13 de enero de ese año- cambiaron la dirección a la Región de Valparaíso, plaza donde históricamente ha estado el grupo.
La firma dice que la controversia es por el monto de las patentes comerciales entre 2021 y 2023, donde sí hay diferencias siderales. Según la empresa, correspondía pagar unos $ 30 millones al año, y abonaron religiosamente dicha cifra, pero la Municipalidad de San Bernardo les cobraba montos sobre $ 200 millones en ese lapso.
Y aunque el edil insiste en que este es un conflicto con “Iacsa - Carozzi”, la sociedad separa aguas y dice que son empresas distintas de giros diferentes y que solo comparten un controlador común, la firma Principado de Asturias. Además, sostienen que Iacsa tiene una única inversión societaria, la Hacienda Chorombo, que por desarrollar solo actividades primarias está exenta de pagar patente comercial.
La Municipalidad de San Bernardo llevó la controversia a tribunales: interpuso una demanda por deudas en diciembre de 2023. En ese proceso, solicitó embargar cuatro inmuebles, cuyo avalúo fiscal suma unos $775 millones, pero con un valor comercial es unas siete veces superior, según el alcalde White. “El remate ya fue decretado y se suspendió por la controversia respecto del valor de los bienes”, explicó el edil.
Así, de no mediar un pago voluntario, se rematarán las propiedades de la empresa a fin de cumplir con las obligaciones legales, insistió White.
El terreno para un retén de Carabineros
Para enredar aún más el caso, el alcalde dice que uno de los terrenos embargados fue donado por el grupo empresarial al municipio para construir allí un retén de Carabineros.
Pero no se puede edificar el recinto policial por estar en medio de esta disputa, se lamenta White.
Sin embargo, tal situación es un poco distinta. Iacsa precisa que en diciembre del año 2017, Carabineros de Chile se acercó a la empresa para ver la posibilidad de construir un cuartel policial de carabineros en el terreno ubicado entre la Ruta 5 Sur y el inicio de la Avenida Diego Portales, con el objeto de atender mejor a la comunidad de San Bernardo, y especialmente a los vecinos de Nos.
Iacsa acogió la idea y firmó con la autoridad policial un contrato que establecía un comodato para que la institución hiciera usufructo de alrededor de 12.500 metros cuadrados en ese terreno para la habilitación del cuartel y estacionamientos para sus vehículos fiscales. El terreno sigue siendo de propiedad de Iacsa, afirma esta sociedad.
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Valeria Ibarra
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