El debate sobre la contratación de fuerza de trabajo migrante para las faenas agrícolas volvió a abrirse luego que la diputada Yovana Ahumada (PSC), planteara endurecer las restricciones y obligar a las empresas a mantener un alto porcentaje de trabajadores nacionales, trasladando el cálculo a nivel regional y fijando multas de hasta 400 UTM, unos $ 28 millones.
Desde la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), su presidente, Antonio Walker, llamó a "dejar el populismo de lado" y abordar el tema con criterios técnicos.
"Necesitamos a todos los chilenos trabajando en el campo, pero no podemos realizar la cosecha sólo con la fuerza laboral nacional", afirmó, advirtiendo que sin el complemento extranjero, exportaciones por US$ 13.500 millones estarían en riesgo.
En regiones como el Biobío, donde la industria agroalimentaria se ha transformado en una de las principales vocaciones productivas, la definición complejiza aún más los periodos de siembra y cosecha. Según los líderes locales, el tema requiere soluciones urgentes y descentralizadas.
Nuevos requerimientos productivos
Para José Miguel Stegmeier, presidente de la Sociedad Agrícola de Biobío (Socabio), la discusión legislativa va contra la realidad productiva de la zona. La provincia (de Biobío) ha diversificado sus cultivos incorporando agresivamente especies como la cereza, lo que ha disparado los requerimientos de mano de obra en ventanas de tiempo muy acotadas.
"Para el sector agrícola es esencial disponer de fuerza de trabajo temporal, no sólo para cosecha, sino para mantención de huertos. Lamentablemente, no hay suficientes trabajadores nacionales para suplir esta necesidad", explica Stegmeier, enfatizando que la Visa Mercosur, que permite el ingreso de trabajadores bolivianos, ha sido vital para sostener la producción.
Esta visión es respaldada por la seremi del Trabajo del Biobío, Sandra Quintana, quien recalca que la dinámica del agro local, a diferencia de la zona central del país, encuentra la mano de obra migrante un aliado. "Tenemos una población local que envejece o migra a servicios, y una competencia directa con la industria forestal, que suele ser percibida como más estable y mejor remunerada", señala.
La autoridad detalla que, mientras en el norte prima la migración boliviana o peruana, en el Biobío se observa una fuerte presencia venezolana, haitiana y, recientemente, boliviana en labores de packing y cosecha.
Tercerización e informalidad
El artículo 19 del Código del Trabajo, que limita al 15% la contratación de extranjeros en empresas con más de 25 trabajadores, es el principal punto de debate. Stegmeier comenta que, bajo la realidad de las producciones de los campos en la zona, "Hoy es absurdo mantener esa norma. Como es imposible cosechar exclusivamente con chilenos, este impedimento lo único que logra es mayor informalidad. Es de sentido común derogarla”, declara.
La seremi Quintana confirma que esta rigidez legal tiene efectos negativos. “Para no infringir el guarismo legal, muchas empresas recurren a la tercerización o subcontratación. Esto fragmenta la responsabilidad laboral: la agrícola no contrata directamente al migrante, sino que contrata un servicio. Esto aumenta los costos para el productor y dificulta la fiscalización", explica.
En esa línea, advierte que con la subcontratación aparecen los llamados "enganchadores" informales, figuras que surgen en este vacío regulatorio, facilitando el pago "en mano", sin protección social y exponiendo a los trabajadores a vulnerabilidades y abusos.
Fiscalizaciones en terreno
Para la temporada diciembre 2025 - marzo 2026, la Dirección del Trabajo (DT) ha desplegado programas específicos de fiscalización en la Región del Biobío.
El primero, centrado en la seguridad del transporte de temporeros ha permitido fiscalizar buses y minibuses en zonas clave como Quilleco y Cabrero. De las cuatro revisiones finalizadas en este ítem, una empresa resultó multada.
La autoridad también ha supervisado las condiciones laborales en los predios agrícolas, con especial atención en la situación contractual de los migrantes. En este ámbito, se han concretado seis inspecciones en comunas como Yumbel, Mulchén y Los Ángeles, proceso que hasta el momento ha derivado en una infracción cursada por la Dirección del Trabajo.
Otro de los monitoreos es la de packing, donde se ha fiscalizado el cumplimiento de variables críticas como la exposición al frío, higiene y ergonomía; sin que hasta ahora se registren multas en las plantas inspeccionadas.
Llamado al nuevo Gobierno
Ante la llegada de nuevas autoridades, converge la necesidad de modernizar el sistema. Desde la SNA, Walker insiste en una "inmigración ordenada, segura y regular", destacando que el Servicio Nacional de Migraciones ha logrado reducir tiempos de tramitación de visas.
Desde Socabio, Stegmeier hace un llamado para que el futuro Gobierno actúe con "altura de miras" y pragmatismo económico. "Debemos persistir en mejorar los procesos de contratación extranjera. Hacerlos más expeditos se traduciría automáticamente en menor informalidad e impediría los cruces ilegales", argumenta. Pide además "separar la paja del trigo", distinguiendo a quienes vienen a aportar al desarrollo local, de la delincuencia.
Por su parte, la Seremi propone avanzar hacia una política migratoria regionalizada. "La realidad productiva de Mulchén no es la misma que la de Santiago. Se requiere una mirada intersectorial entre Interior, Agricultura y Trabajo que considere la estacionalidad extrema del sur" y sugiere que las soluciones "talla única" diseñadas en la capital, no sirven para la dinámica exportadora actual.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
Agricultura
{{/if}}
