En medio de las diferencias entre el Gobierno de José Antonio Kast y la oposición, en la cuenta de la primera sesión de la Sala de la Cámara de Diputados del periodo 2026-2030, a través de un oficio, el mandatario dio cuenta del retiro de tramitación del proyecto de su predecesor, el expresidente Gabriel Boric, que modifica el Código del Trabajo con el objeto de regular un sistema de negociación colectiva multinivel.
La definición del nuevo jefe de Estado amenaza con encender aún más los ánimos opositores, por cuanto la iniciativa, que fue ingresada a principios de enero de este año, era una de las banderas de lucha de el Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA), que presionaron para que el entonces presidente la enviara al Congreso, haciendo realidad con ello un compromiso de campaña.
El proyecto, había sido aprobado en general en la Comisión de Trabajo de esta corporación el pasado 3 de marzo, con los votos del entonces oficialismo, el rechazo de la oposición y la abstención de la Democracia Cristiana (DC). Con esta medida, el actual oficialismo le cierra el paso a una antigua aspiración de la izquierda chilena, pese a que no existe total consenso en la oposición actual respecto a su eficacia.
Oposición se une tras críticas al Gobierno
De hecho, desde la oposición manifestaron su molestia en la Sala de la Cámara apenas se conoció la decisión del Ejecutivo. Fue la diputada socialista debutante Andrea Macías la primera en hacer ver la preocupación de su sector por el oficio del Presidente Kast. La legisladora señaló que “es importante dejar el punto en tabla al menos, que es una discusión que esperamos que pueda darse de la mejor manera y de manera integral, porque claramente hay una afectación a las y los trabajadores de nuestro país”.
El secretario de la Cámara, sin embargo, le hizo ver a la diputada que es una atribución presidencial retirar un mensaje hasta antes de que lo vote el Pleno de la Sala, estando en primer trámite constitucional. Lo que dejó sin piso a la oposición para hacer un reclamo formal, lo que no impidió las duras reacciones que se hicieron sentir en los pasillos de la Cámara concluida la sesión, pero también dejó sobre la mesa la autocrítica respecto de que el gobierno de Boric haya ingresado la iniciativa tan cerca del fin de su administración.
Más tarde, la jefa de la bancada comunista Lorena Pizarro criticó duramente la definición del Gobierno, asegurando que retirar el proyecto de tramitación “es quitar fuerza a los trabajadores y trabajadoras que pueden avanzar en la conquista de más derechos” y adelantó que junto con los asesores de la bancada “estamos viendo qué podemos llevar al Tribunal Constitucional (TC), qué podemos judicializar”. Pero también hizo una crítica a la anterior administración, asegurando “el proyecto de negociación ramal, sin duda, se presentó a última hora”.
Acusan mano del empresariado tras la decisión
Mucho más inflexible aún fue su compañero de bancada Luis Cuello, quien no titubeó en acusar que el encabezado por Kast “es un Gobierno proempresarial, un Gobierno que está en contra de los trabajadores y, al mismo tiempo, un Gobierno que hace expresión de un mandato por parte de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), por parte de la Sofofa, que son conglomerados que tienen presencia en el gabinete”.
Una mirada más templada, pero no por eso menos firme, expresó el jefe de la bancada del PPD-independientes, Raúl Soto, quien condenó que el Gobierno “esté negando un debate democrático” y manifestó su esperanza de que la medida se revierta para que ese debate pueda continuar y “el país pueda saber, con absoluta transparencia, la posición de cada parlamentario, cada bancada y cada partido respecto de este y cualquier otro tema”. Y recalcó que en el congreso “no pueden existir temas que estén vetados por motivaciones políticas, ideológicas y nos parece que ese es el caso”.
Para el diputado socialista Juan Santana, el proyecto respondía a “una condición indispensable para que los trabajadores y los dirigentes puedan negociar en mejor igualdad de condiciones” y manifestó su convicción de que “se está instalando un Gobierno en donde se le están abriendo amplias puertas al mundo empresarial y se le están restringiendo las oportunidades a los trabajadores”.
Mientras que el frenteamplista Matías Fernández coincidió con quienes han definido lo ocurrido como una “mala señal” del Gobierno y planteó que “desde la Cámara de Diputados vamos a buscar todas las medidas legislativas y legales que permitan profundizar en este trabajo, poder llevar adelante esto, que no es un beneficio sólo para los trabajadores, sino para todo Chile”.
Ministro García se hace cargo de las críticas
En su estreno en el Congreso, el nuevo ministro de la Segpres, José García Ruminot (RN), abordó las críticas a la actuación del Ejecutivo, enfatizando que “la negociación ramal, en lugar de ayudarnos en el objetivo de crear más y mejores empleos va en la dirección contraria”. Para el secretario de Estado, añadió que “por eso creemos que no es el momento de llevar adelante ese tipo de iniciativas. Y, al retirarla, lo que hacemos es entregar mayor certeza, de tal manera que, particularmente, nuestros pequeños y medianos empresarios se atrevan a contratar más trabajadoras, más trabajadores”, porque eso es lo que necesita el país en este momento, argumentó.
Además, descartó que esta decisión estuviera influida por el empresariado, recordando que desde que se presentó la iniciativa su sector expresó su rechazo, aduciendo que va en contra de la creación de empleo.
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