Francisca Toledo Echegaray (40) no había estado en la primera línea política. La ingeniera civil industrial UC, LLM en Derecho Regulatorio y diplomada en Libre Competencia, trabajaba de investigadora en Libertad y Desarrollo hasta que a comienzos de enero José Antonio Kast la llamó para ser ministra de Medio Ambiente. Su nombre fue de los últimos en conocerse, de hecho sonaban como candidatos Ricardo Irarrázabal y Javier Naranjo, que habían participado en el programa de gobierno. Antes eso sí, Toledo trabajó en los dos gobiernos de Sebastián Piñera al alero de Cristián Larroulet: como asesora de la división de coordinación interministerial de la Segpres, como asesora de Presidencia en materias vinculadas a Obras Públicas y Medio Ambiente, y como jefa de la División de Evaluación Social de Inversiones del Ministerio de Desarrollo Social.
Personalmente, dice, no conocía a Kast hasta que comenzó -a través de LyD- a apoyar a su equipo en los contenidos, como experta en temas climáticos y ambientales y representante del think tank en el Consejo Nacional de Escazú.
Instalada en el piso 9 del edificio del Ministerio de Medio Ambiente, su despacho está apenas decorado. El mueble detrás de su escritorio luce casi vacío a la espera de libros, y en el mueble del lado de la mesa de reuniones figura un dibujo que le hizo su hija de 3 años, la mayor de los dos que tiene. El menor tiene un año.
Toledo tiene un perfil muy técnico y bajo perfil. Durante la hora de conversación, rehúye los conflictos políticos y repite y una y otra vez que lo suyo es hacer “una buena gestión medioambiental”. Sin embrago, fue su cartera la que incendió a los grupos verdes esta semana, copó titulares e hizo incluso que Evelyn Matthei volviera a hablar de política. Esto luego de que el martes se conociera el retiro masivo de todos los decretos de Medio Ambiente que estaban en Contraloría a la espera de toma de razón.
Se supo el martes, pero ocurrió antes: el segundo día de gobierno. Y no fue un hecho aislado. El 11 de marzo Kast firmó un instructivo presidencial -con ella y el ministro de Hacienda Jorge Quiroz presentes- para resolver 51 recursos de reclamación pendientes en el SEIA, vinculados a inversiones bloqueadas por US$ 16 mil millones.
Luego, el sábado de la semana pasada (14 de marzo) su ministerio suspendió el proceso de determinación de los 99 sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad iniciado por el gobierno de Gabriel Boric en noviembre pasado.
Así, Medio Ambiente, una cartera otras veces poco protagónica, pasó a primer plano.
- ¿Cuál fue el mandato de José Antonio Kast para este ministerio?
- El mandato fue primero darle agilidad a la institucionalidad ambiental porque cuando tienes respuestas que se demoran, eso genera perjuicios para todos los actores. Y lo segundo, por sobre todo, volver a posicionar el desarrollo sustentable como norte, y siempre poniendo a las personas al centro.
- ¿Cómo va a ser el equilibrio de estas dos fuerzas: destrabar y acelerar las inversiones y al mismo tiempo proteger el medio ambiente?
- Creo que no son cosas inconexas porque al final el foco está en agilizar. Es decir: que los procedimientos que existen en la institucionalidad ambiental -que está muy consolidada y reconocida en el país- también funcionen en los tiempos que tiene que funcionar. Y, obviamente, siempre mantener y resguardar el cumplimiento normativo y el respeto de todos los estándares ambientales. Entonces no hay una tensión con el acto de protección, porque al final, cuando tú te demoras en resolver ciertos temas, a la larga también estás postergando medidas que pueden tener beneficios y ayudar a la protección local.
- Una cosa es agilizar, pero ustedes retiraron los 99 sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad para evaluación…
- Si tú no haces buena protección ambiental o haces instrumentos que tienen deficiencia, el objetivo final no lo vas a lograr porque vas a tener dificultades de implementación. En el caso de sitios prioritarios, lo que se hizo fue ordenar un poco la discusión, que fue bastante dificultosa -porque fue una discusión importante-, porque de alguna forma el mandato que tiene la ley es pasar todos estos sitios que estaban regulados por el instrumento, formalizarlos dentro del marco de la ley del SBAP. Entonces ese procedimiento que implica volver a hacer los polígonos, ponerlos a consulta pública… Por la extensión territorial es un proceso muy complejo y generó muchísimas observaciones. El trabajo interno para efecto de los equipos es tremendo y son observaciones de distinta naturaleza. Hay observaciones que apuntan a que hay divergencia con los polígonos publicados. Hay otras observaciones que van más a temas legales…
- Y otras también más económicas, por ejemplo las zonas con potencial minero...
- Hay de todo, porque para eso son las instancias de participación ciudadana. Entonces, dada la magnitud y la distinta naturaleza de las observaciones, lo que se hizo fue: revisamos con calma para poder salir a responder esto y porque lo importante es que una vez que se formalicen los sitios prioritarios dentro del marco de la ley SBAP, estén todos tranquilos de que se hizo el proceso bien, que es un proceso transparente, que fue un proceso con criterios claros para todos. Porque eso es lo que te permite cimentar una institucionalidad de largo plazo, que es lo que estamos buscando.
- ¿Cuánto tiempo les va a tomar la revisión?
- Esperamos hacerlo a la brevedad, pero hay que resolver el tema de las bases, de la metodología, de la base metodológica que se hicieron. Pero como insisto, esto es un mandato de la ley que está expreso en los artículos y es algo que nosotros vamos a implementar y vamos a cumplir porque es lo que la ley dispone.
“La pregunta es por qué había 43 decretos a la espera de toma de razón”
- Ahora vámonos a los decretos, el golpe de la semana. ¿La decisión de retirar todos los decretos de Contraloría fue un mandato presidencial?
- Nosotros nos estamos instalando, venimos con la instrucción de parte del Presidente -que se dio a todos los ministerios- de iniciar un proceso de revisión, un proceso de auditoría, revisar cuál es el estado del arte de todas las cosas, y eso lo estamos viendo desde el tema presupuestario, se ha puesto también el énfasis en el tema de los sumarios a raíz de las licencias médicas y obviamente también eso implica poder revisar y mirar todo lo que es la parte administrativa.
La sorpresa quizás haya sido el volumen de la cantidad de decretos y actos administrativos que estaban en Contraloría. Pero a nosotros nos corresponde, dado que de aquí en adelante somos nosotros quienes vamos a ser responsables de esa tramitación, poder revisar que los expedientes estén bien, que esos documentos estén adecuadamente diseñados para efectos de tener una buena tramitación en Contraloría. Porque tampoco queremos que se alargue la toma de razón, porque también -como insisto- esa agilidad es importante.
- Otras veces se habían retirado algunos decretos. Ahora, otro ministerio, Energía retiró cinco. Pero ustedes los sacaron todos. ¿Por qué?
- Yo no puedo revisar uno y otro revisarlo mientras sigue su trámite en Contraloría, porque imagínate, toman razón de alguno y yo no alcancé a revisarlo. La pregunta que nos tenemos que hacer es por qué había 43 decretos a la espera de toma de razón, por qué había un gran volumen. Nosotros estamos revisando y hay decretos que están desde 2023, revisando los expedientes y hay decretos que incluso tomaron cerca de un año en lograr la firma para poder ingresar a la Contraloría. Lo mínimo que a nosotros nos corresponde hacer es revisar en profundidad, tratar de entender qué es lo que ha ido demorando en esos casos, por ejemplo, decretos que llevaban de 2023 a la espera y revisar otros como los 13 que se ingresaron el 10 de marzo de este año, el último día de la administración, y 28 decretos tuvieron un primer ingreso en los meses de enero a marzo. Entonces por un mínimo de responsabilidad institucional, que es lo que corresponde, es revisarlos dado que de aquí en adelante nosotros vamos a ser los responsables de su tramitación.
- ¿Cuál es su interpretación de los 13 decretos que ingresó el gobierno pasado el 10 de marzo?
- Eso es algo que no me corresponde a mí. Nosotros vamos a hacer la revisión porque es procedimiento responsable que nos corresponde.
- ¿Cuáles son los plazos que maneja para reingresar los decretos?
- Lo antes posible, dependiendo de la complejidad de los decretos. Hay unos que son muy complejos, muy técnicos. Hay otros que son más sencillos y es más probable que desde la próxima semana los vayamos reingresando.
- Ya reingresaron el de la Ranita de Darwin. ¿Van a reingresar los 43?
- Sí.
- Los que establecen la creación de los parques marinos de Juan Fernández y Nazca Desventurada II, que elevarían la protección oceánica de Chile al 54% de su zona económica exclusiva, ¿ustedes están a favor de eso?
- Sí los vamos a ingresar. Estamos revisando, obviamente, que esté todo, que estén los antecedentes. Aquí hay un trabajo de largo aliento, de bastantes años, y hay un acuerdo bastante transversal. Nosotros lo vamos a regresar lo antes que podamos y así ha sido.
- Otro de los decretos habla del Pingüino de Humboldt. ¿Cómo esto se va a cruzar con Dominga, que ahora está -otra vez- viendo luz verde y ha sido uno de los proyectos que el propio Presidente dijo en campaña que iba a apoyar?
- No me corresponde pronunciarme sobre ningún proyecto. Lo que a nosotros nos interesa ver -como insistí antes-, de todos los actos administrativos, todos los decretos, se está revisando que estén debidamente contenidos, que estén debidamente respaldados y fundamentados.
- Pero la revisión del decreto del Pingüino de Humboldt inevitablemente se cruza con Dominga, por la zona geográfica donde se encuentra.
- Los decretos se revisan en base al propósito y el objetivo de cada instrumento. La revisión que nosotros estamos haciendo es dentro del marco regulatorio y normativo que rige cada instrumento ambiental. En base a ese marco nosotros estamos revisando si estamos okay, si es necesario fundamentar algo más o revisar.
- ¿Cómo recibe las críticas de los exministros de Medio Ambiente Marcelo Mena o Pablo Badenier, o de quienes dicen que se está desmantelando todo lo que se ha construido en los últimos 15 años en institucionalidad ambiental?
- Lo que nosotros estamos haciendo es parte de un proceso normal de revisar en qué están las cosas. Es un gesto de responsabilidad institucional absoluto.
- Se anunció una marcha en oposición a estas medidas…
- No hay forma más concreta de mostrar un adecuado respeto y protección ambiental que asegurarnos que los instrumentos ambientales estén bien diseñados y se apliquen bien. La buena gestión ambiental no es sólo hablar y tener una posición política, es hacer que las cosas pasen y se hagan bien.
Arbolitos y roedores
- ¿Cómo es su relación en esto con otras carteras como Hacienda o Economía, pares o contraparte?
- Son complementos, porque el desarrollo sustentable implica hacer un equilibrio entre lo económico, lo social y la protección ambiental. Ese es el desafío que tiene el Ministerio de Medio Ambiente. Y eso implica que todas las partes son relevantes y hay que considerarlas. Y el desafío está en que los instrumentos y que las decisiones que se tomen logren conjugar esta multiplicidad de visiones.
- El ministro de Economía Daniel Mas dijo que no se equivocará si prioriza “100 mil empleos sobre tres arbolitos”. Antes Poduje dijo “No vamos a aceptar que las víctimas de la catástrofe pasen inviernos sin casa por un árbol protegido, un roedor protegido o un posible hallazgo arqueológico”. ¿Cuánto le importa la protección del medio ambiente a este nuevo Gobierno?
- Los casos que has mencionado son temáticas que se han venido poniendo arriba de la mesa hace bastante tiempo, han sido planteados en meses anteriores por distintos actores y que de alguna forma buscan relevar que en ciertas ocasiones se han dado situaciones que generan ciertas dudas de cuál fue la ponderación finalmente que hubo para tomar decisiones. Eso no implica poner en duda jamás la protección al ambiente. Es decir, volvamos a mirar cómo está funcionando la institucionalidad y si está siendo capaz de levantar esos aspectos de manera adecuada. O sea, yo jamás interpretaría eso como que hay un cuestionamiento de la protección ambiental.
- ¿Cree que en el Gobierno anterior se ponderó demasiado la protección a costa de los proyectos del desarrollo económico?
- Lo que a nosotros nos interesa en este momento y fue el mandato del Presidente de la República es darle agilidad institucional. Y ese es nuestro foco y vamos a trabajar de aquí en adelante.
“Estamos evaluando una reforma al Tribunal Ambiental”
- ¿Qué cosas rescata de la gestión de su antecesora, Maisa Rojas?
- Maisa por su experiencia y su conocimiento vino a complementar mucho y le tocó hacer la implementación de Marco Cambio climático. En ese desafío nos toca continuar y finalizar la implementación.
- ¿Y qué criticaría de su gestión?
- Prefiero enfocarme en los desafíos que tenemos como ministerio de aquí en adelante, que es trabajar para tener una gestión ambiental efectiva, para poder tener eficiencia en las decisiones para poder tener una institucionalidad que responda a tiempo.
- ¿Encontraron un ministerio ordenado?
- Estamos recién mirando. Estamos recién revisando las cosas y no podría aventurar nada. Lo prudente es poder terminar de hacer esa revisión para poder tener ya un diagnóstico más acabado.
- Está pendiente el nombramiento del director del SEA. En este minuto esta de subrogante Arturo Farías. ¿Van a seleccionarlo por ADP o va a ser una bala de plata?
- Eso es una prerrogativa del Presidente de la República.
- ¿Por qué pidió la renuncia al director del SBAP y de la SMA?
- Porque es parte también de la llegada de los nuevos equipos, de poder dar ciertos énfasis nuevos a los equipos, a los servicios.
- ¿Cuándo nombrarán a sus reemplazantes?
- Es prioritario porque son servicios muy, muy importantes. Además del SEA, el SMA tiene un rol clave en la fiscalización y el SBAP tiene la importancia de que es un servicio nuevo, e implica también un cambio en la lógica que opera el Ministerio del Ambiente. Este es un ministerio eminentemente regulatorio, de diseño de normativas. Entonces es la primera vez que va a tocar estar o participar de una funcionalidad que hace gestión, lo que es un cambio sustancial.
- Pasada la emergencia y la revisión de decretos, ¿cuáles van a ser las prioridades de su cartera para estos cuatro años?
- Hemos definido tres grandes prioridades. La primera es la adecuada instalación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). Es un servicio muy grande y viene a ordenar todo lo que es la protección, la gestión de la biodiversidad, que hasta ahora estaba muy desordenado, repartido por el servicio y eso generaba mucha duplicidad, mucha incertidumbre, porque de repente hay criterios distintos. Vamos a poner mucho foco en tener buenos planes de gestión y buenos planes de manejo, y por sobre todo poder modernizar y mejorar todo lo que es la conservación en el cuidado de los ecosistemas para poder construir y poder fomentar que más personas vayan, que más personas visiten, que más personas conozcan todo el patrimonio natural que hay.
- ¿Segunda prioridad?
- La segunda es la agilidad institucional, y eso es un poco más amplio, pero ahora estamos apoyando al SEA para hacer los refuerzos de equipos internos para que ellos puedan cumplir con los plazos de resolución de las (51) reclamaciones. También nos interesa poder terminar ahí dos discusiones legislativas que vienen del periodo anterior: la reforma al SEIA y hay unos ajustes también en la SMA que tienen cosas muy interesantes. Y estamos también evaluando la posibilidad de crear un proyecto de ley, en el segundo semestre, que haga una reforma al Tribunal Ambiental.
- ¿En qué línea?
- También buscando darle agilidad, porque en toda la parte de los plazos en la demora interna de los distintos organismos públicos ha estado el foco puesto en el SEA, pero también hay que revisar el plazo en los tribunales ambientales. Y ahí creemos que hay un tema de ajustes, de incentivos, para que cumplan los plazos judiciales de pronunciamientos.
- ¿Y la tercera prioridad?
- Residuos. Hay una situación crítica, ya bastante conocida, con el tema de los rellenos sanitarios. Muchos están llegando a su vida útil, o la superaron. Vamos a armar un trabajo con la Subdere, porque ellos tienen la conexión con los municipios, para avanzar en alguna forma de resolver o dejar encaminado cómo podemos tratar los residuos de distintas maneras.
- ¿Cree que en Chile se ha protegido en exceso muchas zonas en desmedro del desarrollo económico en los últimos años?
- En Chile la política ambiental, en general, tiende a ser súper transversal del Gobierno, porque al final hay una especie de orgullo nacional de los distintos tipos de ecosistemas. De repente hay, quizás, algunos ecosistemas que tienen un porcentaje de protección más alto que otros. Pero eso es algo que se tiene que ir evaluando caso a caso, a medida que van surgiendo intereses de proteger alguna zona, etcétera. Pero insisto, el desafío siempre es que todas las decisiones que se tomen sean conversadas con las comunidades, que sean equilibradas, que sean razonables también, y que permitan de alguna forma proteger nuestro patrimonio natural con responsabilidad.
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María José Gutiérrez
