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Alto contrasteCuando el Estado pierde la frontera
LUIS TOLEDO RÍOS Director de Cescro USS, exfiscal Regional
A partir de hoy asume una nueva administración que ha declarado la seguridad como una de sus prioridades en el Gobierno de emergencia que encabezará José Antonio Kast. En este escenario, uno de los frentes más complejos será el control de la migración irregular y su vínculo con el crimen organizado, una tarea que deberá enfrentar la nueva ministra de Seguridad Pública, con un objetivo que se adelanta complejo, pero necesario: reconstruir capacidad real de gestión estatal en ámbitos donde las actuales brechas institucionales han abierto espacios para que las redes criminales permeen con sus nefastas consecuencias tanto a los a negocios y la economía, como a la convivencia nacional.
De acuerdo con cifras oficiales, a fines de 2023 Chile registraba alrededor de 1,9 millón de extranjeros residentes, los que representaban cerca del 10% de la población. De ellos, unos 337 mil estaban en situación migratoria irregular, equivalente a alrededor de 17,6% del total de la población extranjera. Este aumento migratorio se fue dando de la mano de persistentes ingresos clandestinos por pasos no habilitados. Durante los últimos años, decenas de miles de cruces irregulares han sido detectados en la frontera norte el país, lo que confirma que el Estado no ha logrado ejercer control efectivo sobre una parte relevante de los flujos migratorios.
“La administración que inicia tiene en sus manos recuperar el control de la migración. Herramientas existen, pero deben formar parte de un sistema integral”.
Por otro lado, estos movimientos no siempre responden a decisiones individuales. En numerosos casos son facilitados por redes de tráfico ilícito de migrantes, organizaciones que cobran por cruzar fronteras, operan rutas clandestinas, falsifican documentación y posteriormente explotan laboral o sexualmente a quienes trasladan. Se trata de economías criminales transnacionales altamente rentables, que prosperan precisamente donde la presencia estatal es débil.
Aun así, Chile ha registrado avances mediante mecanismos de enrolamiento biométrico aplicables a extranjeros imputados en investigaciones penales, lo que ha mejorado su identificación dentro del sistema de persecución criminal. Sin embargo, este instrumento sigue siendo parcial, pues el Estado aún carece de un sistema integral de trazabilidad migratoria.
Por ello, dos decisiones debieran ocupar un lugar prioritario en la agenda de seguridad del Gobierno que se instala hoy. Primero, un registro biométrico obligatorio para todo ingreso irregular detectado, interoperable en tiempo real con bases policiales, migratorias y del Ministerio Público. Segundo, un sistema integrado de identificación migratoria que permita verificar identidad y situación migratoria en trámites relevantes ante cualquier servicio público, resguardando siempre la protección de víctimas y testigos.
La migración seguirá siendo parte de la realidad global, pero existe una regla básica de seguridad pública: cuando el Estado pierde trazabilidad sobre quién entra y quién permanece en su territorio, el crimen organizado convierte esa brecha en un negocio.
