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Alto contrasteEl punto ciego del orden fiscal
FELIPE ZÚÑIGA P. Académico, exVicerrector de Gestión Económica y Administrativa U. Austral
Ha transcurrido ya un mes desde que la Contraloría dio a conocer un desorden financiero de gran magnitud en el sector público. En el período 2020–2024, 73 entidades presentaron abstención de opinión en las auditorías de sus estados financieros, involucrando $ 15,9 billones en recursos. Sin embargo, el tema ha ido perdiendo espacio en la agenda, como si se tratara de un problema administrativo, cuando constituye una señal de la mayor gravedad institucional.
En auditoría, una abstención de opinión no equivale a afirmar que las cifras estén mal. Significa algo más delicado: no existe evidencia suficiente y adecuada para validar su razonabilidad. En términos simples, el auditor no puede determinar si los estados financieros reflejan o no la realidad. Cuando este resultado se vuelve masivo y reiterado, el problema deja de ser contable y se transforma en institucional. Desde una perspectiva económica, presupuestos elaborados sobre bases informativas débiles dificultan la evaluación del gasto, erosionan la capacidad de reasignar recursos con criterios de eficiencia y aumentan el riesgo de decisiones subóptimas. La calidad de la política fiscal depende de la calidad de la información financiera, un vínculo que suele darse por descontado, pero que este episodio pone en entredicho.
“El desorden financiero detectado por la Contraloría en 73 entidades públicas ha perdido espacio en la agenda, pese a la gravedad que involucra”.
La comparación con el sector privado ayuda a dimensionar la magnitud del problema. En ese ámbito, una abstención de opinión suele traducirse en restricciones de financiamiento, aumento del costo de capital y pérdida de credibilidad ante inversionistas y reguladores, efectos que pueden resultar letales para cualquier empresa. En el sector público, en cambio, no existe un mecanismo automático equivalente. El riesgo no desaparece, sino que se traslada a la calidad del gasto, a la confianza ciudadana y a la sostenibilidad de las decisiones fiscales en el tiempo.
La responsabilidad fiscal tiene un lugar central en el discurso público. En su última Cuenta Pública, el Presidente Boric enfatizó sobre la importancia de la probidad, la transparencia y la responsabilidad en el manejo de los recursos fiscales. Pero orden fiscal no descansa únicamente en discursos, metas macroeconómicas o ajustes presupuestarios, sino también en mecanismos que aseguren un control interno efectivo y permitan evaluar la calidad de la información financiera.
En el contexto actual existe espacio para avanzar en una agenda transversal de fortalecimiento de la contabilidad pública y de los sistemas de control financiero del Estado. El informe de la Contraloría no apunta a un error puntual ni a un solo período; da cuenta de debilidades persistentes.
Si la calidad de los estados financieros no se aborda como prioridad, la disciplina fiscal corre el riesgo de quedar reducida al plano del discurso.
