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Alto contrasteLa política del litio condicionada por la investigación de la SEC
EDUARDO MUÑOZ Director Escuela de Administración Pública, UNIVERSIDAD de Valparaíso
En la construcción de una política pública estratégica como la de la industria del litio, no basta con negociar cláusulas contractuales. La investigación de la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos contra Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) era, desde su origen, una pieza central para otorgar certeza jurídica, política y reputacional a la alianza entre Codelco y la minera privada.
Iniciada por la SEC a fines de 2023, esta investigación busca determinar si SQM ha incurrido en prácticas que constituyan violaciones a la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), una ley emblemática en la lucha contra la corrupción transnacional que obliga a las empresas emisoras a observar estándares de conducta corporativa. La investigación fue pausada por decisiones del Gobierno de EEUU, para luego reiniciarse en 2025, sin que hasta la fecha se haya cerrado con una conclusión definitiva.
“La sugerencia de que la condición se satisface con un trámite ante la SEC, en lugar del cierre de la investigación con una conclusión definitiva, ofrece la imagen de un país dispuesto a hacer la vista gorda frente a interrogantes éticas y legales”.
Para quienes diseñan y conducen estrategias de Estado hay un principio básico: las inseguridades sobre posibles prácticas corruptas no pueden convertirse en un fundamento para consolidar acuerdos estratégicos de largo plazo. No es una exigencia legal menor ni una formalidad; es una condición esencial para que cualquier asociación, de una empresa estatal con una privada, goce de legitimidad política, credibilidad internacional y reputación frente a actores globales.
Dicho de otra forma: la decisión de integrar a SQM en una alianza estratégica orientada a extraer litio hasta 2060 implica, de entrada, que no debe existir un riesgo legal apreciable que pueda enturbiar la confianza de los actores internacionales -Gobiernos, mercados, socios comerciales y reguladores- que observan con atención a este sector en expansión geopolítica.
Los defensores de avanzar sin que haya concluido la investigación de la SEC han planteado que bastaría con que SQM acepte pagar las multas y que Codelco quede indemne de responsabilidad. Sin embargo, esa lógica pierde de vista que se trata de una política de Estado. El litio no es un commodity cualquiera: es un recurso clave en la transición energética global y un insumo estratégico para la seguridad industrial de potencias rivales. Un acuerdo de este tipo, asociado a una empresa que enfrenta una investigación por presuntos actos de corrupción en Estados Unidos, envía señales contradictorias.
La percepción internacional importa. Gobiernos aliados, inversionistas institucionales y organismos regulatorios observan las decisiones de política chilena con lupa.
Peor aún, la sugerencia de que la condición se satisface con el inicio de un trámite ante la SEC -en lugar de su cierre con una conclusión definitiva- relativiza esta dimensión. Así se ofrece la imagen de un país dispuesto a “hacer la vista gorda” frente a interrogantes éticos y legales en nombre de una urgencia económica o política interna. Esa narrativa puede ser funcional para titulares, pero es destructiva para la credibilidad internacional de Chile como socio fiable y riguroso.
La política del litio merece estar anclada en certezas completas, no en zonas grises o renuncias a condiciones críticas. Ignorar la investigación de la SEC -o aceptar que basta con su inicio como condición suficiente- es un atajo que podría costarnos no solo reputación, sino influencia en arenas geopolíticas donde la confianza y la integridad cuentan tanto como los recursos naturales mismos.
