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Alto contrasteModernizar el Estado demanda la precisión de un bisturí
CLAUDIA SARMIENTO RAMÍREZ Socia SWyG Abogados WILLIAM GARCÍA MACHMAR Socio SWyG Abogados
Al fragor de las elecciones, eslóganes ruidosos simplifican problemas complejos que nada aportan a la solución real de las dificultades que se denuncian. Expresiones como “eliminar grasa” ponen el foco en la cantidad de funcionarios, cuando lo crítico es un diseño institucional obsoleto que asfixia la gestión de cualquier gobierno y lo urgente es pasar de la retórica de la destrucción a la técnica de la reforma.
El diagnóstico técnico es lapidario: nuestro Estatuto Administrativo ha sido superado por la realidad. El empleo “a contrata”, diseñado para ser transitorio, se ha vuelto la regla general (más del 68% de los funcionarios del Gobierno Central). Además, es altamente deficitario pues no garantiza la contratación de las personas más calificadas y ofrece un empleo precario. Su prevalencia ante el vetusto estatuto de la “planta funcionaria” ha tenido una alta litigiosidad y como resultado, la Contraloría y los tribunales de justicia dieron paso a la doctrina de la confianza legítima, que rigidiza el egreso sin atender al mérito, transformando la estabilidad en inamovilidad de facto.
“Ni motosierras ni retroexcavadoras, lo que necesitamos para el sector público es un sistema que permita la movilidad horizontal, que indemnice el despido justificado y que distinga claramente entre cargos técnicos y el asesor de confianza”.
La salida de este laberinto no se encuentra en despidos masivos indiscriminados, sino en adoptar modelos probados para mejorar la calidad de las contrataciones, las condiciones laborales de los funcionarios y la necesaria flexibilidad para la salida respetuosa de éstos.
La urgente reforma al Estatuto Administrativo debe basarse en tres pilares. Primero, sincerar la relación laboral. El régimen a contrata debe transitar hacia uno que enfatice el mérito, con ingreso competitivo y mayor estabilidad, y debe incorporar la causal de término por “necesidades del servicio”, con indemnización por tiempo servido. Esto moderniza el egreso, permitiendo a los servicios ajustarse sin desproteger al trabajador, equilibrando la flexibilidad con derechos laborales análogos al sector privado.
Segundo, resolver la tensión entre política y administración creando la figura de los “asesores programáticos”. Estos funcionarios, de exclusiva confianza política, deben entrar y salir con la autoridad de turno. Esto evita la captura del Estado por asesores políticos que buscan arroparse como técnicos y profesionaliza la función pública al separar la lealtad política de la competencia técnica.
Tercero, terminar con la precarización de los honorarios, porque el Estado no puede mantener a miles de trabajadores en funciones habituales bajo un régimen sin derechos, disfrazando relaciones laborales subordinadas.
La modernización del empleo público no se logrará con motosierras o retroexcavadoras, sino con un bisturí normativo. Necesitamos un sistema que permita la movilidad horizontal, que indemnice el despido justificado y que distinga claramente entre cargos técnicos y el asesor de confianza. Es de esperar que la vehemencia de los eslóganes dé paso a la racionalidad y el impulso legislativo.
