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Alto contrasteProtección tarifaria eléctrica: el costo de negar los precios
MACARENA GARCÍA ECONOMISTA SENIOR, LIBERTAD Y DESARROLLO
El Ministerio de Energía ingresó un proyecto de ley de protección tarifaria eléctrica que busca evitar el alza significativa de las tarifas eléctricas. Sin embargo, el mecanismo elegido no resuelve el problema de fondo.
Una muestra de la magnitud del problema: el Valor Agregado de Distribución (VAD) 2020-2024 se publicó con 43 meses de retraso y el de 2024-2028 podría dictarse recién a fines de 2027. Aun cuando estos retrasos se deben a la falla de la autoridad regulatoria, no del mercado, la solución propuesta traspasa ese costo a todos los clientes mediante un cargo de $ 5 por kWh entre 2028 y 2035.
De reliquidarse el VAD sin este mecanismo, el 90% de los clientes vería un alza menor al 10% en su cuenta. Sin embargo, al repartir el costo de lo adeudado entre todos por igual -hogares vulnerables e industrias con mayor capacidad de pago-, resulta más regresivo y menos costo-efectivo que una alternativa focalizada en los hogares y PYME con mayor impacto relativo en su boleta.
“Es necesario ordenar el sector eléctrico tras años de distorsiones de precios, pero la solución elegida no resuelve el problema estructural, sino que traslada su costo hacia el futuro”.
También se habilita al ministerio para aprobar planes de inversión “complementarios” al régimen tarifario vigente. La empresa modelo ha sido el mecanismo que protege a los clientes del traspaso de ineficiencias de la empresa real, dado su carácter monopólico. Habilitar una vía paralela de negociación directa entre el ministerio y las distribuidoras diluye esta arquitectura regulatoria al abrir una puerta para invertir por fuera de la empresa modelo y al aumentar el riesgo de captura y, por tanto, la posibilidad de que la tarifa deje de reflejar un costo de operación eficiente.
Se faculta excepcionalmente, y por única vez, para que la Comisión Nacional de Energía, por mandato del ministerio, habilite mecanismos voluntarios de modificación de los contratos de suministro vigentes entre generadoras y distribuidoras, buscando rebajar el precio de la energía. Aunque el carácter voluntario del mecanismo evita, en principio, la obligatoriedad, la sola intervención de la autoridad en una negociación entre privados genera un precedente preocupante y ejerce presión de facto sobre las partes, lo que debilita la certeza jurídica que exige todo contrato de largo plazo en todo sector intensivo en capital.
Es necesario ordenar el sector eléctrico tras años de distorsiones de precios, pero la solución elegida -socializar deudas, congelar precios de forma selectiva, abrir espacio a decisiones de inversión al margen del modelo de empresa eficiente, e intervenir en contratos entre privados- no resuelve el problema estructural, sino que traslada su costo hacia el futuro. La alternativa más eficiente frente a alzas tarifarias políticamente sensibles sigue siendo sincerar los precios y establecer subsidios focalizados, financiados con ingresos generales, de modo que el costo no recaiga sobre la totalidad de los hogares y empresas del país.
