Es muy difícil que esta palabra nos resulte indiferente, ya que, de una u otra forma, ha sido parte de la historia del país. Hoy, este término ha vuelto a situarse en el centro de la coyuntura, pero no a raíz de algún desastre natural u otro evento similar, sino porque se ha instalado en el foco de la agenda política y económica, tras el anuncio del gobierno del pronto envío de un proyecto de ley que lleva este nombre y que contempla diversas medidas orientadas, entre otras cosas, a impulsar la actividad económica.
Más allá del proyecto en sí, se abre una buena oportunidad para detenernos y reflexionar, con una mirada de largo plazo, sobre una serie de desafíos que requieren esfuerzos de reconstrucción y que trascienden el ciclo político de cuatro años. No se trata de una tarea que deba abordarse por una razón coyuntural específica, sino de una discusión que los países debieran mantener de manera permanente.
“Más allá del proyecto, se abre una buena oportunidad para detenernos y reflexionar, con mirada de largo plazo, sobre una serie de desafíos que requieren esfuerzos de reconstrucción y que trascienden el ciclo político de cuatro años”.
En la actual coyuntura, y pese a las diferencias legítimas que siempre existen, hay áreas donde se observan consensos relevantes. Quizás donde existe una visión más compartida es en la necesidad de reconstruir la capacidad de crecimiento del país, respecto de la cual (a diferencia de algunos años atrás) hoy existe mayor conciencia tanto de su relevancia como de la década perdida que hemos acumulado en esta materia. El problema no es solo crecer al 2%, sino el deterioro relativo respecto de nuestra propia historia y frente al resto del mundo. Cuando un país de ingresos medios como Chile crece por debajo del promedio mundial, se va alejando progresivamente del desarrollo. Dicho de otro modo, creciendo a esta velocidad estaremos, en términos relativos, cada vez peor. Así de simple. La buena noticia es que existe una visión común sobre la necesidad de avanzar en algunos puntos concretos, como la apertura de espacio para reducciones de impuestos, el fortalecimiento de la certeza tributaria y mejoras en los sistemas de licencias y permisos, entre otros.
Junto con ello, resulta imprescindible reconstruir la capacidad de respuesta del país frente a emergencias, la cual se ha visto fuertemente deteriorada, especialmente en los últimos años. Para despejar cualquier duda, no me refiero a la caja fiscal ni nada similar, sino a la necesidad de una revisión de fondo de las bases de la política fiscal, que permita estabilizar la deuda en niveles no superiores a los actuales. Esto implica, además de un mayor crecimiento, racionalizar el gasto futuro y reconstruir la credibilidad de la regla fiscal, cumpliendo los compromisos autoimpuestos por el Ejecutivo, algo que no ocurrió en los últimos tres años. Se trata de una tarea que conlleva años de trabajo, con desafíos que van incluso más allá de las propuestas actuales, pero que inevitablemente tendremos que abordar, como, por ejemplo, una modernización profunda del Estado.
Existen consensos, propuestas sobre la mesa y estamos ad-portas de una discusión relevante sobre estos y otros temas. Es en esta etapa donde la política tiene un rol crítico que cumplir, y donde los distintos poderes del Estado, en el ámbito de sus atribuciones, deberán dar viabilidad a cambios en aquellas materias en discusión. La evidencia ha sido contundente al mostrar que son las reformas bien diseñadas y con visión de largo plazo las que construyen las bases del bienestar, lo cual resulta aún más importante en un contexto global más frágil e incierto, como el que hemos observado en las últimas semanas.
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