A poco más de una semana del megaincendio que afectó a las localidades de Lirquén y Punta de Parra en la Región del Biobío, el Senado aprobó de manera unánime la Ley de Incendios. La iniciativa fue aprobada con 34 votos a favor y ninguna abstención, pasando ahora a su tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados.
La votación se da en medio de las presiones del Ejecutivo por acelerar la tramitación de la normativa y un tenso debate entre la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo y la presidenta de la Comisión de Hacienda, la senadora Ximena Rincón.
Nuevas obligaciones
El proyecto (Boletín 16.335-14) busca modificar estructuralmente la gestión del riesgo, poniendo el foco en la planificación territorial. Entre sus ejes, la ley reconoce la "interfaz urbano-rural" como zona de peligro prioritario, limitando la autorización al desarrollo de nuevos proyectos inmobiliarios o productivos en estas áreas si no cumplen estándares mínimos. Asimismo, fija deberes específicos para los propietarios de predios, como la construcción obligatoria de cortafuegos y el manejo técnico de la vegetación.
El proyecto además moderniza la institucionalidad vigente mediante nuevas definiciones técnicas que refuerzan las capacidades operativas de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y otorga mayores herramientas al Servicio Nacional Forestal (Senafor), articulando una coordinación más estrecha de ambos organismos con el Servicio Nacional de Prevención de Riesgos y Desastres (Senapred) y el sector privado para la mitigación de riesgos.
El texto pone el foco en la prevención a través de la educación comunitaria, incentivos a la agroforestería y la regulación estricta del uso del fuego, disponiendo además de patrullajes específicos para disuadir la intencionalidad y nuevas facultades periciales para la investigación de los siniestros.