La comuna de Vichuquén vive una "tormenta perfecta". A la crisis ambiental que mantiene cerrado su principal atractivo turístico, se sumó un terremoto político y una ofensiva transversal de autoridades que buscan auxilio estatal urgente.
Este martes, la Contraloría General de la Republica (CGR) resolvió la destitución del alcalde Patricio Rivera tras una investigación sumaria que acreditó el uso indebido de un vehículo fiscal. La resolución, adoptada el 22 de diciembre, sanciona los hechos ocurridos el 19 de septiembre, cuando en plena Fiestas Patrias el edil fue sorprendido conduciendo este vehículo municipal en estado de ebriedad (1,78 gramos de alcohol por litro de sangre), eludiendo un control policial presuntamente a exceso de velocidad en la Ruta J-60.
La medida deja a la administración local en un peligroso vacío de liderazgo justo cuando el Ministerio de Salud mantiene vigente, hasta marzo de 2026, la prohibición de uso de las aguas del lago Vichuquén por una floración tóxica de cianobacterias.
Ofensiva en La Moneda: Exigen "Zona de Catástrofe"
Ante el deterioro acelerado del cuerpo de agua y la acefalía municipal, la crisis escaló hasta el Palacio de La Moneda. Una comitiva encabezada por la senadora por el Maule, Paulina Vodanovic, se reunió con el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, para solicitar formalmente que se declare Zona de Catástrofe para la comuna.
En paralelo, la parlamentaria estuvo acompañada por los concejales Paulo Arellano, Camila Tomic y Mauricio Véliz, además del consejero regional Román Pavez, quienes plantearon la urgencia de esta medida excepcional.
Consultada por DF Regiones sobre la vacancia en el municipio, la concejala Tomic enfatizo la urgencia de resolver pronto la amenaza a la gobernabilidad local. "Evidentemente es un escenario complejo, estamos en medio de las tratativas políticas para el manejo de la crisis medio ambiental y sus consecuencias sociales y económicas, por lo que gestionar con agilidad la asunción de un nuevo alcalde es clave", señaló.
El objetivo central de esta declaración administrativa es facultar al Estado para inyectar recursos extraordinarios. Estos fondos buscan, por un lado, mitigar el daño ambiental y financiar estudios para una solución definitiva, y por otro, ir en ayuda directa de los empresarios, emprendedores y familias cuya precariedad económica se agudiza durante esta temporada estival por el cierre del lago.
Una economía en jaque
La preocupación por la temporada alta es crítica. Se estima que 85% de la población de Vichuquén depende directa o indirectamente del lago. La crisis actual amenaza con quebrar la cadena de pagos en una zona donde el turismo es el motor principal.
Pese a la gravedad de la situación hídrica, las autoridades hicieron una llamada a los turistas a no abandonar la comuna durante las vacaciones. La senadora Vodanovic recalcó que “Vichuquen es más que un lago”, destacando que existen otros atractivos operativos preparados para recibir visitantes, como la playa y el sector de Llico, en un intento por mantener a flote la actividad comercial de la zona
Próximos pasos
La presión política continuará en enero. Se espera que la crisis sume un nuevo hito el próximo 8 de enero, fecha en que la Comisión de Medioambiente del Senado sesionará directamente en la comuna para evaluar los antecedentes técnicos de la emergencia.
A este despliegue se han sumado también los diputados electos Javier Muñoz y Priscilla Castillo, reforzando un frente transversal de autoridades que buscan una respuesta rápida del Ejecutivo ante un municipio que hoy no tiene cabeza.
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