Empresa Portuaria Iquique presenta consulta al TDLC sobre licitación conjunta de frentes de atraque a un solo operador
Si ambos frentes pasan a ser administrados por un mismo concesionario, desaparecería la separación operativa que existe actualmente entre ellos, lo que plantea una cuestión de libre competencia.
Por: Renato García
Publicado: Jueves 8 de octubre de 2026 a las 19:45 hrs.
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La estatal Empresa Portuaria Iquique (EPI) solicitó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que se pronuncie sobre sus planes para una próxima licitación de las instalaciones de uno de los principales terminales de la Región de Tarapacá.
Según el EPI busca entregar a un solo operador privado la explotación conjunta de los dos frentes de atraque del Puerto de Iquique, lo que significaría un cambio importante en el modelo de administración del puerto.
Actualmente, el Puerto de Iquique tiene dos frentes de atraque, el Frente N° 1, administrado directamente por EPI, y el Frente N° 2, concesionado a Iquique Terminal Internacional (ITI), empresa vinculada a Hanseatic Global Terminals, del grupo Hapag-Lloyd.
Si ambos frentes pasan a ser administrados por un mismo concesionario, desaparecería la separación operativa que existe actualmente entre ellos, lo que plantea una cuestión de libre competencia. Otro punto relevante es qué ocurrirá bajo este esquema con la actual concesión de ITI.
Ante la solicitud, el TDLC inició formalmente este jueves un procedimiento para analizar el caso.
Plazos y antecedentes
El TDLC recibirá antecedentes de organismos públicos, empresas y otros interesados antes de pronunciarse.
El caso se tramitará bajo el artículo 31 del Decreto Ley N° 211, lo que implica que se trata de un procedimiento no contencioso, destinado a examinar las condiciones de competencia, no una infracción.
El tribunal ordenó solicitar antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica (FNE), los ministerios de Economía, Transportes y Obras Públicas, la Cámara Marítima y Portuaria de Chile y el Sistema de Empresas Públicas (SEP). También podrán participar otros actores que acrediten un interés legítimo.
El procedimiento establece 30 días hábiles para recabar la información, plazo que comenzará a correr desde la publicación del extracto de la resolución en el Diario Oficial, cuyas costas corresponderán a EPI.
Quienes presenten antecedentes dentro del plazo y cuenten con representación de un abogado habilitado podrán manifestar su opinión en una audiencia pública.
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