Datos de sobremesa
Dueños de Supermercado Diez llevan conflicto con Metro a la Corte Suprema
La familia Diez Abusleme acusó una “ocupación ilegal” de terrenos durante las obras de la Línea 7 en la avenida Vitacura.
Vista de la propiedad en litigio en la comuna de Vitacura,
La familia Diez Abusleme, controladora de la cadena Supermercado Diez, llevó a la Corte Suprema un conflicto con Metro de Santiago, acusando una “ocupación ilegal” de terrenos durante las obras de la Línea 7 en la avenida Vitacura.
El conflicto se originó en octubre de 2025, cuando Mónica Singer, representante del local comercial La Fortunata, ubicado en Vitacura con Las Catalpas, fue notificada por Metro de una supuesta ampliación del proceso de expropiación vigente desde 2020, que ahora incluiría una franja adicional del inmueble.
Según un escrito de 14 páginas presentado ante la Corte de Apelaciones, Singer alertó a los propietarios del recinto –la inmobiliaria Greco-Mar, ligada a la familia Diez Abusleme– tras constatar que personal de Metro había marcado con pintura roja parte del radier del terreno, específicamente en el acceso de camiones desde avenida Vitacura. La franja involucrada correspondería a cerca de tres metros.
En noviembre, la familia interpuso un recurso de protección que fue rechazado a fines de año. Posteriormente, en enero, presentó un requerimiento ante la Corte Suprema, actualmente pendiente de revisión.
De acuerdo con los abogados de Greco-Mar, tras analizar los títulos de dominio del lote expropiado y de un terreno colindante, no solo existiría una amenaza a la propiedad, sino también una ocupación ilegal. Aseguran que Metro, a través de su contratista Piques y Túneles S.A., estaría utilizando más de dos metros lineales que no forman parte del área expropiada.
Por su parte, Metro “niega los hechos que se le atribuyen y sostiene que la expropiación se encuentra firme y ejecutada conforme a la normativa vigente. En consecuencia y en el contexto de un eventual litigio, presentará todos los antecedentes y ejercerá su defensa ante los tribunales que correspondan”
La familia solicitó la paralización de las obras, la restitución de la franja no expropiada y el pago de las costas del juicio.