Continúa el apretón de cinturón en el sector público. Una semana luego de que denunciara presiones de gastos sin financiamiento por US$ 5.500 millones para los próximos cuatro años, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, anunció hoy un nuevo ajuste fiscal, esta vez por US$ 1.150 millones por año.
En total, la medida alcanzará los US$ 4.600 millones en el periodo 2018-2021. El anuncio considera los US$ 500 millones que se ahorraría el Fisco con el instructivo de austeridad anunciado hace un mes para el gobierno central y la misma medida extendida a las empresas estatales.
Según detalló el jefe de las finanzas públicas, la austeridad se aplicará de forma pareja para todos los ministerios y servicios y considera rebajas en concepto de soportes, adquisición de activos no financieros como computadores, automóviles y equipos de oficina, entre otros. En estos ítem el recorte será de US$ 500 millones anuales.
Adicionalmente y en "menor medida", se ajustarán montos a programas mal evaluados en el sector público. En este último tópico el ahorro será de menos de US$ 80 millones al año.
También, se considera la liberación de fondos de libre disposición de la Presidencia por US$ 350 millones anuales.
Según Larraín, quien realizó el anuncio en conferencia de prensa en Teatinos 120, las medidas de austeridad permitirán "mejorar" la posición fiscal y dar "espacio" al financiamiento de iniciativas "emblemáticas" de la actual administración, tales como:
• Avanzar en el acceso universal a las salas cuna para hijos de trabajadores y priorizar la educación temprana para los niños entre 2 y 4 años.
• Disminuir las listas de espera en salud y financiar en parte el déficit operacional de los hospitales.
• Contribuir al financiamiento de la gratuidad otorgada a los estudiantes de centros de formación técnica (CFT) e institutos profesionales (IP) correspondientes al 70% de familias más vulnerables.
• Contribuir a financiar el aumento en un 25% en la subvención de niños atendidos por organismos colaboradores —residenciales— del Sename. Este incremento de recursos irá aparejado además con mayores estándares para quienes reciban estos dineros.
• Avanzar en financiar la nueva regulación migratoria, la que incluye la creación de un Servicio Nacional de Migraciones y un registro que contendrá la identificación de los extranjeros que se encuentren en Chile.
Con todo, el ministro advirtió que esta medida "no es un total", ya que tendrán que "seguir trabajando sobre el Presupuesto". Esto, dado que el programa de gobierno del presidente Piñera contempla que la mitad de los US$ 14.000 millones que costará en los cuatro años se financiará con reasignaciones y medidas de austeridad.
De todas formas, sin detallar cuáles proyectos mal evaluados se terminarán o ajustarán, el secretario de Estado aseguró que "ningún programa bien evaluado tendrá recortes en sus recursos".
Nuevo Consejo Fiscal
En la conferencia de prensa, el ministro de Hacienda anunció que la próxima semana ingresará al Congreso un proyecto de ley para dotar de autonomía al Consejo Fiscal Asesor (CFA), en medio de la polémica por el mayor déficit estructural que detectó la instancia para 2017 y las críticas que la presidenta del CFA, Andrea Repetto, lanzó contra Hacienda por la manera en que se informaron las presiones de gasto y la metodología empleada.
Larraín fue enfático en señalar que la actual ley del CFA establece que le corresponde analizar y pronunciarse sobre el cálculo del balance estructural, no sobre otras temáticas. En esa línea, recordó que la reunión a la que citó al consejo el miércoles fue informativa de los gastos comprometidos no financiados, no consultiva.
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