Como presidente del Consejo Para la Transparencia, Marcelo Drago, está encabezando el proceso de consulta ciudadana a nivel país para recopilar insumos que permitan modernizar y actualizar la Ley de Transparencia y Probidad, la cual cumplirá 10 años de vigencia a fines de 2018. Pero a estas alturas ya vislumbra ciertos perfeccionamientos necesarios y, de hecho, apuesta por un gran acuerdo nacional en la materia.
- ¿Qué cambios espera realizar al cumplirse 10 años de la ley?
- El sistema hay que extenderlo, sobre todo en lo que se refiere a incorporar nuevos sujetos obligados bajo la competencia del CPLT. Y profundizar el sistema significa determinar si las causales de reserva de información que tenemos hoy siguen siendo válidas o deben modificarse para abrir más espacios de transparencia.
Hablamos principalmente de lo referido a las Fuerzas Armadas y Carabineros, por ejemplo, no se justifica la reserva de las dotaciones de personal. Lo mismo en materia de inteligencia y seguridad nacional, no todo lo relacionado con ámbito de inteligencia debe ser secreto, las labores propias sí, pero no los gastos que ello implica, eso permitiría escrutar más de cerca esas labores.
- ¿Hasta qué punto se puede avanzar en más transparencia del sector privado?
- Se puede avanzar a una cultura empresarial mucho más transparente. Las actividades de lobby y los gastos que realizan en lobby. Hay una oportunidad del sector privado de avanzar en estos aspectos para recuperar la confianza perdida con la ciudadanía.
La crisis de confianza que vive el país, que creemos que es aguda, es una materia que no hemos logrado superar, y no se limita al sector público se extiende sustantivamente al sector privado y después de los escándalos conocidos en materia de colusión eso está ahí y no se ha logrado revertir.
Por eso, el sector privado tiene una gran oportunidad de incorporar la transparencia como parte de sus activos y ofrecerla a sus clientes y a la ciudadanía. Se debe conocer el actuar de los gremios, saber cómo se financian y cuánto gastan en lobby.
- ¿El soborno y cohecho debe ser sancionado con cárcel efectiva y no penas alternativas?
- Hay que aprobar una ley que penalice la corrupción entre privados, lo que hoy no existe.
En este tipo de materias, lo que debe haber es una sanción ejemplificadora. Creo que grandes multas son mucho más efectivas que penas de cárcel o si existen mecanismos de delación compensada pueden ser más efectivos que una masiva penalización a todos los que participan del soborno o cohecho.
Hay que buscar un equilibrio adecuado para que los incentivos estén en evitar esos comportamientos y las sanciones puedan llevarse a cabo. Si ponemos sanciones de cárcel muy sustantivas, también elevo los estándares de prueba sustantivamente, por tanto, se hace más difícil sancionar esas actuaciones.
También hay que extender la responsabilidad penal de la persona jurídica. Los mecanismos actuales son débiles, muy ocasionalmente se pueden hacer efectivos, y cuando hay una empresa que se benefició de actos de corrupción, no puede excusarse en la actuación sólo de un par de ejecutivos. Tenemos que establecer sanciones para quienes violen leyes de libre competencia, que permitan excluirlos de las contrataciones públicas y eso va a ser un incentivo fuerte para insistir en ese tipo de actos.
- ¿Qué reparos tiene de la ley del lobby y cómo perfeccionarla?
- Es una muy buena ley de registro de audiencias, se regularon las autoridades públicas, estableciendo obligaciones de registrar las audiencias que tenían con quienes pretenden influir en decisiones del Estado.
Sin embargo, esos lobbystas o gestores de intereses que buscan influenciar no tienen estándares de transparencia y lo que se establece en esa ley son datos mínimos o casi inexistentes.
Hay que avanzar en establecer un estatuto de transparencia activa para los lobbystas sean remunerados o no y las empresas que contratan lobby. Eso significa decir quiénes los contratan, para qué, con quiénes hacen lobby y con qué periodicidad; eso hoy en el mundo de la OCDE es un estándar que se ha ido instalando. Y si bien nosotros tenemos una buena legislación inicial que apunta a los funcionarios públicos, debemos dar otro paso e instalar obligaciones en lobbystas y las empresas que los contratan.
- Con todos los casos conocidos en el último tiempo. ¿Es Chile un país corrupto?
- Chile no es un país corrupto, pero tenemos focos de corrupción sustantivos que no conocíamos, ya no podemos hablar de casos aislados. Ya podemos hablar de sectores afectados por corrupción.
No corresponde decir que somos menos o más corruptos que los países vecinos, esa no es la comparación adecuada, debemos compararnos con nosotros mismos. Pero lo conocido nos debe avergonzar y enfrentarlo como país, ya no basta con decir que estamos bien en rankings internacionales.
Hay que ver cómo entre todos llevamos el país hacia una dirección que nos sacuda de la corrupción y nos devuelva la confianza entre los chilenos.
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