“Tanto va el cántaro al agua que, al fin, se rompe”, reza un popular adagio chileno. Y eso es exactamente lo que ocurrió este martes en la Cámara, ya que después de mucho anunciarla, un grupo de diputados de oposición ingresó la acusación constitucional en contra del ministro de Vivienda, el socialista Carlos Montes, a raíz de su supuesta responsabilidad política en las irregularidades del llamado caso convenios.
Finalmente, el respaldo del Gobierno al ministro no sirvió de nada para contener la aplicación de la medida fiscalizadora de la Cámara Baja y, muy por el contrario, la medida le impone a La Moneda una mayor presión, ya sea para que remueva a Montes o se incline por un cambio de gabinete más profundo de cara al segundo tiempo de la administración Boric, que estará marcado por un ciclo electoral, que ya se augura intenso. Si se considera lo que fue la campaña para el plebiscito constitucional.
La Comisión Revisora se constituirá este miércoles, a la 14:30 horas, y pretende sesionar, en principio, entre el 27 y 29 de diciembre en la sede del Congreso en Valparaíso.
La acusación fue presentada por el Partido Republicano, la UDI, RN, el movimiento Social Cristiano y el Partido de la Gente (PDG), aunque desde esta última bancada trascendió que el diputado Gaspar Rivas se sumó a la medida sin consultar a sus pares, que no estarían por apoyarla.
El fundamento del libelo acusa al ministro de “haber infringido la Constitución y las leyes o haber dejado estas sin ejecución, según lo dispuesto en el artículo 52 N.º 2 letra b) de la Constitución Política de la República”.
El artículo aludido sobre la Constitución establece las atribuciones fiscalizadoras de la Cámara en cuanto a “citar a un ministro de Estado, a petición de a lo menos un tercio de los diputados en ejercicio, a fin de formularle preguntas en relación con materias vinculadas al ejercicio de su cargo. Con todo, un mismo ministro no podrá ser citado para este efecto más de tres veces dentro de un año calendario, sin previo acuerdo de la mayoría absoluta de los diputados en ejercicio. La asistencia del ministro será obligatoria y deberá responder a las preguntas y consultas que motiven su citación”.
La acusación fue presentada Republicanos, la UDI, RN, el movimiento Social Cristiano y el PDG. En la imagen el diputado Jorge Durán explica la decisión.
Integrantes
Durante la tarde de este martes, la Cámara sorteó a los integrantes de la instancia revisora de la acusación, quedando conformada por las diputasdas Emilia Nuyado (PS) y Natalia Romero (indep-UDI); y los diputados Cristián Labbé (UDI), Tomas Hirsch (Partido Humanista) y Víctor Pino (indep-exPDG).
A partir de este proceso hay tres días para notificar al ministro que es objeto de una acusación constitucional; tras lo cual, Montes, tiene 10 días para concurrir a la comisión a hacer su defensa personalmente o presentarla por escrito. Si no asiste a la sesión que se le cite o no envíe su defensa escrita, la comisión avanzará sin su defensa.
La Comisión Revisora se constituirá mañana miércoles a la 14:30 horas y pretende sesionar, en principio, entre el miercoles 27 y el viernes 29 de diciembre en la sede del Congreso en Valparaíso.
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Claudia Rivas
