Poco más de dos horas duró ayer la interpelación al ministro de Salud, Emilio Santelices, de parte de la diputada del Partido Radical Marcela Hernando. Pero este tiempo no bastó para satisfacer a los representantes de la oposición, quienes vieron en el secretario de Estado a alguien que no se hizo cargo de las consultas relacionadas con la decisión de modificar el protocolo que regula la Ley de Aborto en tres causales.
Incluso, la propia parlamentaria no descartó la presentación de una acusación constitucional en contra de la autoridad. “Sus no respuestas están confirmando todos los déficit que él cometió, todas las irregularidades y atropellos que cometió con este protocolo; y, por lo tanto, nosotros vamos a seguir en este tema y vamos a seguir estudiando si es que hacemos o no hacemos una acusación constitucional”.
Hernando planteó que este tema se conversará entre las bancadas de oposición, pues según reconoció se necesitan los votos no sólo para aprobar su presentación, sino para llevarla hasta el final.
El origen de la polémica
La interpelación surgió luego que en marzo pasado se conociera que el Ministerio de Salud decidió modificar el reglamento de la Ley de Aborto en tres causales, permitiendo que los establecimientos hospitalarios se pudieran acoger a la polémica objeción de conciencia y, con ello, eludieran realizar abortos en alguna de las situaciones establecidas en legislación.
Mientras que durante la sesión, el diputado del Frente Amplio Jorge Brito adelantaba su opinión a través de su cuenta de Twitter, advirtiendo que “el ministro de Salud Santelices tuvo la oportunidad y la desaprovechó. Esperaremos el pronunciamiento de Contraloría por protocolo #aborto3causales y evaluaremos una acusación constitucional. Ningún ministro puede estar por sobre la ley”.
Algo que refrendó la diputada Maite Orsini (RD) al término de la sesión al señalar que lo hecho por el ministro “no sólo es antiético y antidemocrático, sino que además es ilegal, porque mediante un reglamento, que en este caso es el protocolo, intenta modificar el contenido de un Decreto con Fuerza de Ley (DFL), en este caso el número 36, lo que sería una ilegalidad”, por lo que en el caso de que la Contraloría determine que el ministro Santelices emitió un protocolo ilegal “podría ser posible” una acusación constitucional.
Por su parte, la diputada Karol Cariola (PC) lamentó que Santelices “haya utilizado este tiempo sólo en pirotecnia mediática” y que “el ministro, sabiendo que incurrió en un acto ilegal no lo haya reconocido”. A partir de esto, la parlamentaria se manifestó “muy preocupada”, porque, a su juicio, el gobierno “actuará vía decretos”. Y aunque argumentó que no se puede “llegar y anunciar una acusación constitucional, porque es algo muy serio”, agregó que “nosotros evaluaremos si hay algunos actores que tengan disposición a llevar adelante una acusación constitucional, serán las bancadas las que tomarán esa decisión”.
Descargo ministerial
El ministro Santelices agradeció el “espacio” que se le dio con la interpelación para explicarle a la ciudadanía lo que se está haciendo en materia de salud pública.
Respecto de la posibilidad de que se presente una acusación constitucional en su contra, el secretario de Estado señaló que “no lo veo eso en perspectiva, no existen fundamentos jurídicos” y no mostró disposición a cambiar nuevamente el protocolo que generó esta interpelación, porque tiene la convicción de haber hecho lo correcto.
Senadores socialistas piden sesión para abordar sentencias del TC
La bancada de senadores socialistas solicitó ayer realizar una sesión especial a fin de analizar las recientes sentencias del Tribunal Constitucional (TC) que, a juicio, de los parlamentarios "tergiversan" las normas aprobadas por el Congreso Nacional.
Según señala el texto presentado, lo que se pretende es "analizar las implicancias que tiene para este Parlamento, en sus competencias, las recientes sentencias del Tribunal Constitucional que modifican de manera sustancial las normas aprobadas democráticamente en el marco del debate legislativo, o derechamente las tergiversan".
El texto apunta específicamente a normas tales como la "reforma laboral, el fortalecimiento del Sernac, la irrupción del embarazo en tres causales, las causas de derechos humanos que están siendo suspendidas por el tribunal (...) y el fallo sobre el lucro en la educación superior, si es que fuere conocida la sentencia al momento de realizarse la sesión".
Al respecto, el presidente del Partido Socialista, senador Álvaro Elizalde, el TC "está jugando un rol que distorsiona nuestro sistema democrático, juega el mismo rol que en el pasado jugaron los senadores designados, contraviniendo los acuerdos que adopta el Congreso Nacional y que son expresión de demandas compartidas por la gran mayoría de los ciudadanos".
En su opinión, esa situación "se ha traducido en un perjuicio evidente para la gran mayoría de los chilenos", entre otros, "en el ámbito, por cierto, del Sernac en que (...) le quitó atribuciones para enfrentar los abusos".
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