Hoy, la comisión de Hacienda del Senado comenzará el análisis del proyecto con medidas para mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, tras su paso por la Cámara de Diputados la semana pasada.
Con este telón de fondo, tres gremios del mundo del comercio, PYME y emprendedores arremetieron contra la iniciativa, apuntando a 12 puntos críticos, junto con valorar otros temas.
En un documento, la Multigremial Nacional, la Cámara Nacional de Comercio (CNC) y la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conapyme), alertaron sobre lo que consideran son “contradicciones” en el proyecto despachado.Así, advierten sobre puntos como la aplicación administrativa de la Norma General Antielusiva (NGA); que sea el Servicio de Impuestos Internos (SII) el que defina lo que es considerado como “planificación agresiva” y no sea el legislador quien lo establezca objetivamente en la ley; la flexibilización del levantamiento del secreto bancario, con excepciones donde el contribuyente no pueda oponerse al acceso a la información financiera para casos más graves; la creación de la multijurisdicción, donde un fiscalizador podrá escrutar a contribuyentes domiciliados en una dirección regional distinta a la suya; el aumento de plazos de prescripción para algunos delitos fiscales; la incorporación como delito tributario de la reducción artificial del patrimonio de un contribuyente sin justificación económica; el establecimiento de un período de hasta 15 años para la devolución del beneficio de IVA en la compra de activos fijos; los ajustes a la facultad del SII de tasar determinadas operaciones; y la creación de la figura del denunciante anónimo con una recompensa, son las principales críticas.
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Las asociaciones gremiales valoraron 10 medidas contenidas en el proyecto, como son la obligación de entidades públicas y privadas de exigir inicio de actividades; y mejoras al control de IVA por adquisición de bienes a no residentes.
Se suman a estas, la nueva tasa de interés aplicable a deudas tributarias; flexibilidad en convenios de pago ante la Tesorería; la nueva norma sobre incobrabilidad de deudas; la posibilidad de solicitar de oficio la prescripción de deudas; la norma transitoria para celebrar convenios de pago preferentes; la norma transitoria de incobrabilidad y prescripción de deudas antiguas; y la obligación de informar la cantidad de transacciones de RUT distintos recibidos por una cuenta bancaria cuando superen un cierto umbral.
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