Las próximas horas serán claves para destrabar la aprobación en particular del proyecto que aumenta el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, hoy en su discusión en particular en la comisión de Hacienda de la Cámara.
Si bien hasta el momento la votación ha avanzado sin grandes problemas, aprobándose ya más de la mitad del contenido del proyecto, hay una serie de temas controversiales donde aún se busca un acuerdo entre el Gobierno, el oficialismo y la oposición.
Se trata de la aplicación administrativa de la Norma General Antielusiva (NGA), con la propuesta del Gobierno de que el Servicio de Impuestos Internos (SII) pueda aplicar directamente la norma, sin pasar antes por un Tribunal Tributario y Aduanero (TTA); y la flexibilización del levantamiento del secreto bancario para fines de investigación tributaria, con el Ejecutivo proponiendo que el peso de la prueba recaiga en el contribuyente, quien ahora tendría la obligación de fundamentar ante un tribunal la oposición al acceso del SII a su información financiera.
Otras enmiendas se relacionan con la modificación de los procesos de reclamación de avalúos de bienes raíces, reconociéndose expresamente que el plazo de reclamo será de 180 días contados desde la publicación de los avalúos; y se eliminó la recompensa de un 10% de la multa en beneficio del denunciante anónimo.
Ambos temas han generado rechazo en la oposición, por lo que el Ejecutivo estableció a mediados de marzo una mesa de trabajo para acordar indicaciones al texto. La semana pasada dicho grupo no llegó a un consenso en la totalidad de las enmiendas, por lo que la instancia volverá a reunirse hoy para intentar un último acercamiento.
Hasta el momento, sobre la mesa ya hay propuestas de Hacienda.
En NGA, se propone que la opinión del comité asesor externo al SII para aplicar la norma pueda ser utilizada como medio de prueba en un juicio, además de que se invierta el peso de la prueba en dos aspectos: que sea el SII quien deba acreditar que se cumple el supuesto de simulación o abuso de las formas jurídicas, mientras que al contribuyente le correspondería probar que los efectos económicos relevantes del esquema u operación denunciados son distintos a los meramente tributarios. También, se abrió a aumentar el límite de diferencias de impuestos para aplicar la NGA, hoy fijada en 250 UTM.
Mientras que en secreto bancario, Teatinos 120 propuso que se mantenga como regla general que el acceso a la información bancaria debe ser visada por un tribunal, pero que en el caso de delitos graves, como elusión, el SII pueda acceder a los datos sin oposición del contribuyente.
En la reunión de hoy se abordará la propuesta de establecer un listado puntual de causales o delitos tributarios donde el juez revise el cumplimiento de requisitos para levantar el secreto bancario sin avisarle al contribuyente, entregando mayor objetividad al proceso.
Luego de esta reunión, y en caso de lograrse un entendimiento, se espera que Hacienda ingrese las indicaciones a la comisión del ramo de la Corporación en los próximos días.
Los ajustes incorporados
La sesión de ayer de la comisión fue fructífera para Hacienda, ya que se aprobaron los comparados que norman cambios sobre operaciones entre partes relacionadas, rentas pasivas, precios de transferencia, paraísos fiscales, aplicación de IVA a operaciones de plataformas extranjeras que operan en Chile, IVA en venta de inmuebles y procesos de reclamación de contribuciones de bienes raíces ante los TTA. Así, se ha despachado a Sala más de la mitad del proyecto.
Además, en la instancia Hacienda ingresó una serie de modificaciones a temas relevantes del proyecto.
Por ejemplo, se modificó la norma sobre partes relacionadas, excluyendo como regla general las operaciones entre hermanos; se reconoce expresamente que las donaciones revocables no serán objeto de doble tributación con el gravamen a las herencias; se flexibiliza el mecanismo para que el SII dé término de giro a las operaciones de contribuyentes; se refuerzan las medidas para combatir la informalidad, incorporando la incautación de bienes trasladados que no cumplan sus obligaciones fiscales, sean falsos o cuya comercialización esté prohibida; y se modifica de 10 a 15 años el plazo máximo para que el contribuyente restituya el IVA por compra de activos fijos.
Otras enmiendas se relacionan con la modificación de los procesos de reclamación de avalúos de bienes raíces, reconociéndose expresamente que el plazo de reclamo será de 180 días contados desde la publicación de los avalúos; se elimina la recompensa de un 10% de la multa en beneficio del denunciante anónimo; se ajustan las normas de tasación y reorganizaciones, dando mayores alternativas al contribuyente para acreditar el valor de activos u operaciones más allá de los métodos de valorización del SII; mayores controles a las rentas pasivas en el exterior; y modificaciones a la norma de precios de transferencia cuando haya un acuerdo anticipado de precios entre el SII y el contribuyente, incluso si este último se radica en un paraíso tributario.
La comisión de Hacienda fijó un cronograma de votación que implica sesiones en paralelo a la Sala de la Cámara. La idea es avanzar en votaciones y que el lunes se tramite hasta total despacho, para luego iniciar la discusión en la Sala.
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