En medio del arduo debate sobre impuestos en el país, las causas presentadas ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA) registraron un aumento de 20% durante 2023 comparado con el año precedente.
Se trata de un nuevo incremento tras la disrupción que significó en esta dimensión de la justicia el golpe de la pandemia, esta vez de 200 a nivel nacional, que llevaron el total a la fecha a 1.185, según el registro de la unidad administradora de los TTA.
La mayor cantidad de casos expuestos ante este tipo órganos jurisdiccionales, cuyo objetivo es resolver las controversias entre los contribuyentes y el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Servicio Nacional de Aduanas (SNA), se dio específicamente en el tercer tribunal especializado de la Región Metropolitana (244).
De esta forma, las causas en tramitación subieron 3%, es decir, 80 más que el ejercicio precedente hasta 2.366.
Números significativos también se observaron en el primero y segundo TTA de la capital.
Y fue precisamente en estas instituciones donde se verificó las cifras más altas de procesos terminados durante el año pasado. De hecho, explicaron el 53% del total y el tercer TTA lideró en esta dimensión con 206 causas que llegaron a su fin.
Pese a lo anterior, el conjunto de procesos fallados exhibió una disminución de 1% respecto a 2022 para alcanzar a 1.081.
De esta forma, las causas en tramitación subieron 3%, es decir, 80 más que el ejercicio precedente hasta 2.366.
Avalúo de bienes raíces
Otro aspecto llamativo que arrojó el balance de la justicia tributaria el año pasado fueron las reclamaciones por avalúos de bienes raíces, que aumentaron un 55% al comparar con lo ocurrido los 12 meses previos.
Esto coincidió con un escenario donde el tema de las contribuciones estuvo en la palestra de la discusión constitucional de cara a lo que fue el plebiscito del 17 de diciembre, donde se rechazó la segunda propuesta de una nueva carta fundamental.
El borrador establecía que la vivienda principal del contribuyente estuviera exenta del gravamen territorial, ante lo cual se fijarían normas para evitar que aquello beneficiara a dueños de inmuebles de alto valor y también se velaría para evitar una reducción del erario municipal, ya que parte importante de los ingresos locales dependen de este tributo.
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