Un total de 33 recomendaciones entregó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para contribuir al perfeccionamiento de la ley del lobby, que rige hace 10 años, en que está trabajando el Gobierno.
Para tal efecto, el jefe de la División Anticorrupción e Integridad de la OCDE, Julio Bacio -parte de la delegación que estuvo en Santiago- se reunió con el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, y la subsecretaria de la cartera, Macarena Lobos.
Entre las áreas de mejora que sugiere el organismo multilateral de cara al denominado proyecto Ley de Lobby 2.0 -que será enviado próximamente al Congreso- está aumentar la transparencia sobre los actores y actividades de lobby, pues a la fecha solo cubre audiencias y reuniones de lobbistas y gestores de intereses con funcionarios públicos; así como elevar las obligaciones de transparencia para quienes desarrollan la actividad y sobre todas las herramientas que pueden utilizar.
En esta dimensión, la OCDE sugiere suprimir el actual criterio de la normativa chilena de recibir una remuneración para distinguir entre “lobbistas” profesionales y “gestores de intereses particulares” no remunerados, fusionando estos términos en un concepto único a denominar como “representantes de intereses”.
Y, en esa misma línea, incluir en la definición de “lobby”/ “representantes de interés” a todos los actores que intentan influir en los procesos de elaboración de políticas públicas, independientemente de su estatus o de si reciben remuneración por sus actividades: empresas, asociaciones empresariales y comerciales, organizaciones no gubernamentales, laboratorios de ideas (think tanks), centros de investigación, sindicatos y otras organizaciones.
En suma, como lo explicitan, hay que ampliar la definición de lobby y la lista de actividades consideradas como tales para abarcar las formas indirectas de influencia, como la organización de campañas de comunicación; y el financiamiento de la publicidad política. En ambos campos, se aconseja incluir tanto las redes sociales como los medios tradicionales.
Incluso, el organismo plantea la idea de exigir la divulgación de las fuentes de financiamiento públicas y privadas de las fundaciones, centros de investigación y las organizaciones de la sociedad civil que realicen actividades de lobby.
El paso de un lado a otro
Otra recomendación es reforzar la legislación que gestione adecuadamente el fenómeno de las puertas giratorias mediante la introducción de períodos de incompatibilidad o enfriamiento (cooling-off) para prohibir ejercer actividades de lobby de los exfuncionarios y de los funcionarios públicos en puestos de alto riesgo.
Esto se daría en un marco donde también propone establecer un sistema de sanciones de carácter financiero y no financiero -incluidas administrativas y penales- para sujetos activos, aplicadas a nivel de entidad; como también crear un mecanismo de denuncia anónima para los que sospechen violaciones de la legislación de lobby.
Un escenario que guarda coherencia con otro perfeccionamiento expuesto por la entidad multilateral: revisar la lista de excepciones previstas en la norma vigente para evitar lagunas. En especial, establecer que la participación de grupos de intereses (y personas ajenas al Gobierno) en grupos consultivos y de expertise que brindan asesoría al Gobierno esté condicionada al cumplimiento de un Código de Transparencia.
Otros frentes para perfeccionar: cambios en los registros
En el marco institucional para el lobby en Chile, la OCDE sugiere introducir un Registro de Lobbistas, donde la inscripción sea un requisito previo para realizar estas actividades y solicitar reuniones.
A su vez, son de la idea de proporcionar una plataforma de registro y divulgación única para todos los sujetos pasivos y activos para facilitar el registro. En particular, armonizar los formularios para solicitar reuniones y audiencias con todos los sujetos pasivos contemplados en la normativa actual.
Esto iría acompañado de la publicación de toda la información de los dos registros en un Portal Único de Transparencia del lobby, con información disponible en un formato de datos abiertos.
Para garantizar la coherencia del sistema, el bloque aconseja encomendar a un organismo independiente responsabilidades más amplias para mantener los registros, verificar la información divulgada, investigar posibles infracciones; incluir en la Ley de Lobby disposiciones que especifiquen las actividades de monitoreo y verificación encomendadas a la entidad de supervisión.
Todo en un marco donde haya capacitación y concientización para funcionarios públicos sobre lobby, con especial atención a los sujetos pasivos a nivel local; y se avance en la centralización de un código de conducta obligatorio para lobistas, con sanciones aplicables en caso de incumplimiento.
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