Activa se ha visto la industra bancaria desde la lógica laboral. Hace una semana Banco Santander cerró anticipadamente una negociación colectiva con sus 23 sindicatos y dos federaciones, y días más tarde fue el turno de Banco de Chile con el sindicato de su rama Citibank, quienes también adelantaron el diálogo y lograron un acuerdo.
A juicio de los expertos, al menos tres factores se conjugan en el sector para conversar antes de tiempo: menor conflictividad, reducir el riesgo de huelgas y la existencia de atomización sindical.
Para el abogado laboral Luis Lizama este es un fenómeno “usual” al interior de la banca.
“Es muy común que en algunos casos incluso las negociaciones se realicen entre seis meses y un año antes de que caduque el contrato colectivo vigente. Es común que en la banca las empresas alcancen acuerdos con sus sindicatos, porque se da prioridad al diálogo. Además, al adelantar las negociaciones, los bancos se exponen a menos riesgos, porque negociar anticipadamente es negociar de forma no reglada, es decir, sin derecho a huelga por parte de los trabajadores”, explicó.
A modo de ejemplo, durante 2017 y lo que va de 2018, algunas de las firmas que han decidido anticipar sus negociaciones son BancoEstado, Itaú-Corpbanca, Santander y Banco de Chile con su rama Citibank.
Según la normativa laboral, la negociación no reglada “no da lugar a los derechos, prerrogativas y obligaciones del procedimiento reglado, concluyendo con la suscripción de un convenio colectivo”.
Otro factor que actualmente también incidiría en esto es la calificación de servicios mínimos en caso de emergencia.
Lizama plantea que “el temor a verse expuesto a una huelga sin suficientes cuadrillas de emergencia, probablemente pone un incentivo adicional para que la banca se sienta incentivada a negociar de forma no reglada”.
Sin embargo, según explican los académicos, para lograr que los trabajadores renuncien a su derecho a huelga, los bancos también deben “acceder” a determinadas solicitudes.
“Para la banca es conveniente hacer un esfuerzo económico mayor y así lograr acuerdos colectivos, porque eso implica que no se exponen a una huelga. Es para evitar un problema mayor, y en el fondo es ganar un tiempo más de paz. Para el sector bancario estar parados 15-20 días es algo impensado”, precisó el abogado Karl Sievers de la consultora BDO Chile.
En la misma línea, el ex director del Trabajo, Marcelo Albornoz, agregó que otro factor determinante es la “atomización sindical” al interior de los bancos. “Cuando hay más de un sindicato y uno de ellos accede a negociar de forma adelantada, eso le pone un grado de presión al resto, y eso genera que otros sindicatos opten por adelantar sus procesos y preferir los acuerdos”, dijo.
Con una mirada similar , el abogado laboral y consejero de LyD, Huberto Berg, añadió que “tiene que existir confianza entre las partes, especialmente desde el punto de vista de los trabajadores. La idea es que ellos no sientan que la empresa se va a aprovechar del hecho de que ellos renuncian a su posibilidad de irse a la huelga”.
Según plantearon los expertos este es un fenómeno que se replica en otros sectores, como la minería, y probablemente sea algo que tome fuerza a medida que las empresas opten por disminuir sus niveles de conflictividad.
“Por sus ventajas esto debe ser algo que probablemente tome fuerza, porque es algo que firmas de distintos sectores intentan replicar”, concluyó Sievers.
La solicitud de servicios mínimos de BCI
Molestia y asombro fue lo que se generó al interior de los sindicatos del banco BCI luego de que la firma les presentará oficialmente su solicitud de servicios mínmos en caso de huelga, en un documento escrito con una extensión de cuatro tomos, que suman alrededor de 2.400 páginas.
Desde el Sindicato Nacional de BCI calificaron la solicitud como un exceso. "Desde el banco están abusando de la reforma laboral, es una solicitud con una extensión absurda, demasiado larga. Nuestros abogados están analizando el documento para dar nuestra opinión", señalaron desde el sindicato. El documento se presentó el pasado 21 de febrero y los sindicatos tienen un plazo de 15 días para analizarlo.
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