Preocupación existe al interior de los expertos que conformaron el equipo laboral de la administración de Michelle Bachelet, respecto al fallo del Tribunal Constitucional (TC) que dejó sin tutela laboral a los funcionarios públicos.
¿Qué significa esto? Que ellos no podrían denunciar ante los tribunales de justicia despidos arbitrarios, discriminación, violación a la libertad de expresión, entre otras causas.
El polémico pronunciamiento se dio luego de que la Municipalidad de San Miguel presentara un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad para dejar sin efecto una sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo de la citada comuna, el cual ordenó al municipio indemnizar a una trabajadora que acusó un despido por razones de opinión política.
Tras conocer el fallo, varios exintegrantes del Ministerio del Trabajo, la Dirección del Trabajo (DT) y asesores de la anterior administración se pusieron en contacto para analizar en detalle el contenido del proyecto, y ver los escenarios para revertir y enfrentar la situación.
Una de esas personas es la exministra entre 2016 y marzo de 2018, Alejandra Krauss, quien señaló que “el TC entra a interpretar normas jurídicas respecto de las cuales no se encuentra facultado, por lo mismo a mi juicio se excedió de sus facultades. El TC se está transformando en un cuarto poder del Estado”.
La exautoridad adelantó que “un grupo de abogados laboralistas están haciendo análisis jurídicos para saber cómo se puede enfrentar esto, y también analizando por un lado que se propongan leyes que entreguen un procedimiento específico para los funcionarios públicos”.
Los expertos que estarían trabajando en torno al tema, además de Krauss, son los mismos que se coordinaron para abordar los cambios que elabora el gobierno respecto a los grupos negociadores: el exjefe legislativo del Ministerio del Trabajo, Ariel Rossel; los exdirectores del Trabajo Patricia Silva y Christian Melis; el exjefe del departamento de relaciones laborales de la DT, Joaquín Cabrera; entre otros.
Sobre el tema, Rossel criticó el actuar del TC y señaló que “la aplicación de la tutela de derechos fundamentales tiene que proteger y amparar a todos los trabajadores por igual, no es posible tener trabajadores de primera y segunda categoría”.
Los otros análisis en paralelo
Los expertos anteriores no serían el único grupo analizando en detalle la situación. El exdiputado y exministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, también estaría analizando el tema, en coordinación con otra ex integrante de la DT, la abogada Wendoling Silva.
“Me relaciono con ex miembros del gobierno anterior que están relacionados a esta materia, y claramente están viendo alternativas jurídicas de cómo resolverlo, cómo plantear tesis jurídicas y que además puedan ser vías legislativas”, dijo Silva.
Por su parte, el exsubsecretario del Trabajo, Francisco Díaz, se sumó a la críticas. “La tutela laboral para los funcionarios públicos es un tema que amerita una discusión profunda e, incluso, medidas legislativas que la pudieren reglamentar. Pero no es derechamente aconsejable eliminarla de plano como sostiene el TC”.
ACHS no será una empresa estratégica
A través de una resolución conjunta, los ministerios de Economía, Defensa Nacional, y Trabajo y Previsión Social, informaron que se rechazó la solicitud de incorporación de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, la Asociación Chilena de Seguridad S.A. y Servicios Clínicos Médicos Domiciliarios San Juan de Dios Limitada, al listado de empresas estratégicas. Es decir, aquellas firmas en las que sus trabajadores no tienen derecho a huelga.
Sin embargo, y según precisa el propio proceso, la resolución de los ministerios podrá ser reclamada ante la Corte de Apelaciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 362 del Código del Trabajo.
Actualmente, la lista la componen 102 firmas y al momento de su publicación se presentaron 32 requerimientos ante la Corte de Apelaciones por parte de los sindicatos para revertir la decisión del Ejecutivo. A la fecha se espera la resolución de la Justicia, mientras el gobierno trabaja en el nuevo listado.
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