El país está viviendo una emergencia laboral. Esa frase se ha escuchado en más de una oportunidad en los últimos meses. El alza de la informalidad, menos empleo entre mujeres y que la participación de la ciudadanía en el mercado del trabajo sea inferior a los datos prepandemia han llevado a varios economistas a levantar alertas. Un diagnóstico que el Gobierno no comparte.
“Más que declarar emergencias y crisis, el estado actual de la ocupación invita a profundizar y no simplificar los análisis sobre cambios de comportamiento en el mercado de trabajo”, dice el subsecretario del ramo, Giorgio Boccardo.
Tras el análisis de las cifras de los últimos dos años, sostiene que hay cambios estructurales que vienen dándose hace más de una década, como el aumento de la tasa de desocupación o la caída en la participación y ocupación de hombres, jóvenes y pensionados; y que otros fueron acelerados con la crisis sanitaria. Tampoco desconoce el reto que plantea la informalidad.
“El estado actual de la ocupación invita a profundizar y no simplificar los análisis sobre cambios de comportamiento en el mercado de trabajo”, dice el subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo.
El reporte elaborado por la División de Políticas de Empleo de la citada subsecretaría parte relevando que entre marzo de 2022 e igual mes de este año se han creado 503.818 puestos. De estos, 332.566 son de los últimos 12 meses.
Un número que se da en un contexto en que la meta del Presidente Gabriel Boric es terminar su período con 700 mil nuevas ocupaciones.
Clave en esta generación de empleos han sido asalariados del sector privado, que explican el 57,5%, mientras los cuenta propia responden por un 26,2% y los asalariados del sector público un 17,7%.
Ante análisis que han apuntado a la existencia de una “brecha en ocupación” respecto de la situación previo al Covid-19, el reporte señala que la diferencia de quienes “deberían” estar trabajando y no lo están es de 174.727, lo que equivale a 1,1 punto porcentual entre el trimestre móvil diciembre-febrero 2020 y de enero-abril de este año.
Este déficit, profundiza el documento, se da entre quienes se definen como empleadores y personal de servicio doméstico. Frente a esto, las categorías de cuenta propia y asalariado público superan lo que había antes de la crisis sanitaria.
El informe replicó este ejercicio, pero distinguiendo entre formalidad o informalidad de los ocupados. Durante el trimestre móvil mayo-julio de 2020, el país vio desaparecer más de 2 millones de empleos, de los cuales 994 mil eran formales y alrededor de 1,08 millones informales.
Los primeros, se recuperaron a la fecha; pero los segundos, no.
En consecuencia, dice el informe, “la idea de perseguir una recuperación del empleo, basándose en la comparación con una situación previa a la pandemia, podría dar lugar a una suerte de paradoja en que las políticas de creación de empleo deberían estar dirigidas a recuperar la ocupación informal y estimular el trabajo no asalariado”.
Un alza de años
Sobre el alza de la tasa misma de desempleo, que se ubicó en 8,5% en el primer trimestre, el reporte pone en la mesa que “no es un fenómeno reciente, sino que ha sido una tendencia sostenida durante los últimos 10 años”, probablemente atribuible a factores como el estancamiento de la productividad, un magro crecimiento económico de largo plazo, y las transiciones tecnológicas y demográficas.
De hecho, desde 2013 que este indicador viene mostrando incrementos.
Por lo mismo, en el estudio se cuestiona que se hable de una “tasa de desempleo oculta”, la cual sería muy superior a la calculada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), ya que consideraría como desocupadas a las personas que salieron de la fuerza de trabajo en pandemia y que no han vuelto a buscar empleo desde entonces.
En este punto, el texto refuerza que un análisis más acabado debiese apuntar a profundizar en las razones por las cuales la pandemia pudo generar o acelerar cambios en el comportamiento del mercado laboral, que quizás no puedan o no sea deseable revertir del todo.
Un ejemplo de cambio de comportamiento es lo que ocurre con los mayores de 65 años, quienes aún mantienen una tasa de participación laboral lejana a la de antes de 2020.
Este cambio, dice el informe, es consistente con el impulso de políticas públicas como el fortalecimiento de la PGU y la importancia que ha cobrado el trabajo de cuidados. Un caso similar ocurre con los jóvenes, quienes se han retirado de la fuerza laboral por estudios.
La informalidad
El texto también profundiza en la evolución que ha mostrado la informalidad. En ese sentido sostiene que desde que esta se mide -en 2017- ha registrado escasas variaciones en su magnitud, permanecido estable, nunca por encima del 30% ni por debajo del 26%.
Pese a esto, el documento plantea que la tasa de informalidad es hoy 1 p.p. más alta que en el trimestre febrero - abril de 2022, lo que refleja “la falta de capacidad de absorción que el mercado laboral formal ha tenido durante este período, lo que sin duda es un aspecto de preocupación para el Gobierno”, menciona.
Sobre esto, el estudio plantea que para hacer una reducción significativa en la tasa de informalidad es ineludible concentrarse en los asalariados y los “cuenta propia”, que son los dos grupos que lideran el alza en este segmento.
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