El avance de la moción parlamentaria que reduce desde 45 a 40 horas la jornada laboral, impulsada por las diputadas PC Camila Vallejo y Karol Cariola y que en octubre se prevé se vote en la Sala de la Cámara de Diputados, tiene en alerta al Ejecutivo.
Y no solo porque la propuesta compite con el proyecto de ley del Ministerio del Trabajo que reduce a 41 horas semanales con flexibilidad la jornada máxima legal, sino también porque es el principal ejemplo de lo que -a ojos de La Moneda- es el avance en el Congreso de iniciativas contrarias a la Constitución, ya que invaden atribuciones exclusivas del presidente de la República.
Muestra de la inquietud del gobierno respecto a esta materia es un oficio que envió la Dirección de Presupuestos (Dipres) al resto de la administración pública en el que, en la práctica, les solicita estar alertas respecto al avance de iniciativas o indicaciones parlamentarias que vulnerarían la Constitución.
En el documento, enviado el 27 de agosto y firmado por el director de Presupuestos, Rodrigo Cerda, la entidad da cuenta de que la Ley Orgánica Constitucional del Congreso distingue entre las indicaciones consideradas admisibles y no admisibles, señalando que le compete al presidente de la Sala o de la comisión respectiva “resolver la cuestión de admisibilidad”, salvo que un parlamentario solicitase la reconsideración, en cuyo caso se votará la inadmisibilidad en la instancia correspondiente.
En todo caso, el texto no hace referencia a alguna moción o indicación en específico.
Las causales en cuestión
En el documento se establecen diez causales que harían contrarias a la Carta Magna algunas modificaciones propuestas por los parlamentarios,.
¿Algunos ejemplos? Que las indicaciones no hagan referencia a las ideas matrices de un Mensaje del Ejecutivo; que se establezcan nuevos gastos sin indicar las fuentes de dichos recursos; que se refiera a una propuesta que es de de iniciativa exclusiva del Presidente de la República; que se relacione con la administración financiera del Estado; que haga referencia a impuestos; que cree nuevas funciones y servicios públicos; que implique comprometer créditos o la responsabilidad financiera del Estado; que aumente remuneraciones, jubilaciones, montepíos y rentas del sector público, y fije las remuneraciones mínimas del sector privado; que haga referencia a modalidades y procedimientos para la negociación colectiva; y que modifique normas de la seguridad social.
“En consecuencia, si durante la tramitación de algún proyecto de ley en que su ministerio o servicio mantenga interés especial, se identificare algunas de estas causales de inadmisibilidad, deberá manifestarlo en las instancias pertinentes y, al mismo tiempo, dar aviso y coordinarse con el Ministerio Secretaría General de la Presidencia para que adopte las medidas necesarias”, asegura el documento del servicio dependiente del Ministerio de Hacienda.
Impacto fiscal: informar “de inmediato”
El texto también incluye órdenes explícitas para la administración pública en caso de detectar que las indicaciones impactaran las arcas del Estado.
“En caso de que tales indicaciones pudieren afectar el interés fiscal, la administración financiera o presupuestaria del Estado, solicitamos comunicarlo a esta dirección de inmediato”, asegura Cerda.
El oficio circular fue enviado a 60 organismos del sector público, como los ministerios del Interior y Seguridad Pública, RREE, Defensa, Hacienda, Segpres, Segegob, Economía, Desarrollo Social, Educación, Justicia, Trabajo, OOPP, Salud, Vivienda, Agricultura, Minería, Transportes, Bienes Nacionales, Energía, Medio Ambiente, Deporte, Mujer, y Culturas.
También, se remitió a las 37 subsecretarías respectivas que integran la administración gubernamental.
A 10 causales de inadmisibilidad apunta la luz amarilla de Dipres
- Cambios que no tengan "relación directa" con las ideas matrices o "fundamentales" de un proyecto.
- Que generen nuevos gastos sin indicar las fuentes de esos recursos.
- Que invadan iniciativas exclusivas del Presidente de la República.
- Que se relacionen con la administración financiera del Estado.
- Que se relacionen con impuestos.
- Que cambien funciones o creen nuevos servicios públicos.
- Que afecten el crédito público o la responsabilidad financiera del Estado.
- Que modifique pensiones, remuneraciones, montepíos o rentas del sector público o privado.
- Que afecte los mecanismos de negociación colectiva.
- Que ajuste o incida sobre las normas de seguridad social.
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