Un grupo transversal de 42 diputados del oficialismo, encabezados por el socialista Daniel Melo, presentaron un requerimiento de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar algunos artículos de la recientemente aprobada ley de permisos sectoriales, los que a su juicio “transgreden garantías constitucionales como el derecho a la salud y al de vivir en un medio ambiente libre de contaminación”.
De esta forma, se frena la promulgación de uno de los proyectos estrella de la actual administración, que busca reducir los tiempos de tramitación para la obtención de permisos de proyectos de inversión, también conocida como “permisología”.
La impugnación de los parlamentarios, entre los que se cuentan legisladores del PS, PPD, PC, Frente Amplio, se fundamenta en que “esta ley en su contenido tiene artículos que implican una regresión ambiental y no respeta principios como el de no regresión, preventivo y precautorio”.
En el documento, se explicita que son cinco las enmiendas cuestionadas, debido a que irían en contra de garantías constitucionales y tratados internacionales ratificados por nuestro país, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativo a la Consulta Indígena.
Se señala que algunos artículos van en contra del principio de que el Estado debe dar protección a la población, ya que señalan que “la administración de bienes nacionales, gestión de aguas y otros sólo quedan sujetas a declaraciones juradas, lo que implica una renuncia ilegítima del Estado a cumplir su rol protector”.
Precisan que dentro del artículo 104 de la norma aprobada por el Congreso “existen modificaciones que afectan directamente a los pueblos originarios y se incurre en una infracción al principio de supremacía constitucional y a los estándares mínimos de respeto a sus derechos fundamentales”.
El diputado Melo justificó el requerimiento ante el TC afirmando que “nadie está en contra de mejorar la gestión del Estado, pero en este proyecto se modificaron artículos en el sentido contrario a aquello, por lo que este es un acto de dignidad en tiempos donde priman los silencios y los cálculos”.
La respuesta del Ejecutivo
El ministro de Economía, Nicolás Grau, señaló al ser informado del requerimiento que el proyecto de permisos aprobado “es muy importante para la sociedad, porque va a permitir construir más rápido hospitales y desaladoras. Es un gran avance” y precisó que “hace todo eso reduciendo tiempos en los permisos sectoriales, no toca los permisos ambientales”.
Explicó que “hay un grupo de diputados que ha hecho este requerimiento al TC, están en su derecho, pero tenemos la convicción que no hay ningún problema constitucional en el proyecto, pero eso es algo que entendemos tiene que definir el TC y esperamos que lo defina con la mayor celeridad posible”.
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