A raíz del corte de agua que afectó a casi 200 mil personas en la ciudad sureña de Osorno, los senadores del PPD Guido Girardi y Ximena Órdenes, presidentes de las comisiones de Medio Ambiente y de Obras Públicas, respectivamente, anunciaron hoy que ingresarán una iniciativa legal que permita caducar la concesión a una empresa sanitaria si comete infracciones reiteradas, pone en riesgo o daña gravemente la salud de la población.
En este sentido, el senador Girardi explicó que la medida anunciada apunta a "evitar que se repitan sucesos como los de Osorno", por lo que, además de la denuncia penal presentada en contra de quienes resulten responsables, presentarán un proyecto mucho más drástico que podría caducar la concesión de la empresa responsable.
Ello, porque según argumentó el senado, en la actualidad la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos (Essal), que "tiene 85 procesos sancionatorios porque las multas no son relevantes, así que prefiere pagarlas y no hacer los cambios correspondientes e invertir en acciones preventivas. Eso quiere decir que algo no está funcionando bien y que la empresa no es seria". A lo que añadió que tras lo sucedido en Osorno, Essal solo arriesga una multa de $600 millones, que "no es nada comparado con las millonarias utilidades que perciben –recuerden que son monopolios- y no se transforma en un desincentivo".
Girardi añadió que en el proyecto de ley que presentarán "queremos establecer un procedimiento expedito para caducar la concesión si cometen infracciones reiteradas o daña gravemente la salud de la población. Cosa que hoy día no se puede hacer".
Asimismo, recordó que "en el proyecto que crea el delito ambiental, que se tramita en la Comisión de Medio Ambiente, vamos a establecer penas de cárcel para aquellos gerentes que violen la ley o dañen y pongan en riesgo gravemente la salud de la población".
Mientras que la senadora Órdenes comentó que "es necesario especificar razones de caducidad de las concesiones otorgadas a las empresas sanitarias, estamos convencidos que hay que modernizar la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SSS) sobre todo en materia de normar los procesos sancionatorios, establecer mayor participación ciudadana y trasparencia en la toma de decisiones y ejercicios de tarificación".
Agregó que "hoy tenemos la empresa Essal con derechos indefinidos y eso es lo que hay que revisar y volver a normar. La ley establece causales de caducidad, pero son muy amplias: faltas al contrato de concesiones, que las condiciones del servicio no tengan un correlato con las exigencias instituidas y que no se cumpla con el programa de desarrollo, pero eso no es suficiente".
Para la senadora "lo que ocurrió en Osorno es de la máxima gravedad y debería ser en sí misma una razón de caducidad, más allá de las compensaciones amistosas que se han anunciado, porque hay que hacer una advertencia para todas las empresas sanitarias del país que se han acostumbrado sólo a pagar las multas, porque es un costo marginal comparado con sus utilidades".
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