En medio de la tensión surgida entre la Tercera Sala de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, los senadores de la Democracia Cristiana plantearon hoy la urgencia de realizar una "reforma estructural" al organismo encabezado por María Luisa Brahm, como "un paso necesario para mejorar la democracia, el respeto entre las instituciones y generar más confianza ciudadana" para lo cual, entre otras medidas, propone al propio TC como la instancia de unificación de la interpretación constitucional, cuando existan criterios distintos; y hacer susceptibles de acusar constitucionalmente a los ministros integrantes de la institución.
El jefe de la bancada de senadores, Francisco Huenchumilla, argumentó que el TC "no puede ser una instancia que altere voluntad del legislador ni ser protector de quienes vulneran la ley", por lo que como bancada presentaron siete propuestas para modificar el organismo.
Muy ad hoc con la contingencia, la bancada de senadores DC propone que el Tribunal Constitucional se convierta en la instancia de unificación de la interpretación constitucional, cuando existan criterios interpretativos distintos entre el propio TC y la Corte Suprema o entre distintos tribunales.
"No se trata de resolver contiendas de competencia entre distintos órganos jurisdiccionales. Se trata de zanjar una interpretación diferente sostenida en sentencias firmes entre uno o más fallos emanados de tribunales y la interpretación establecida por el TC sobre uno o más preceptos de la Constitución", aclara el jefe de la bancada de senadores falangistas, Francisco Huenchumilla.
Además, subrayan la necesidad de cambiar el actual sistema de nombramiento de los ministros para que en su totalidad sean designados por el Congreso Pleno; que el tribunal esté integrado por nueve miembros; aumentar los requisitos para aspirar al cargo de ministro del TC, como no haber tenido previamente altos cargos en partidos políticos, no haber sido parlamentario y no haber ocupado un alto cargo gubernamental en los cuatro años anteriores al nombramiento.
El cumplimiento de estos requisitos, "deberá ser verificado por una comisión especial, compuesta por personas del más alto nivel (decanos, profesores universitarios, ex Presidentes del Senado, ex Presidentes del Tribunal Constitucional)" y la comisión podría ser designada por el Congreso, realizando un concurso público abierto.
La DC también propone eliminar la polémica facultad de control preventivo obligatorio de la ley; también propone crear mecanismos de diálogo entre el TC y el Congreso, aprovechando el hecho de que la inaplicabilidad, a juicio de los parlamentarios falangistas, es la facultad más requerida del TC.
Y por último, "sobre la base del principio de responsabilidad, por la equivalencia con otras instituciones y porque no se socava la independencia de los ministros del Tribunal Constitucional, proponemos que éstos sean acusables constitucionalmente por la causal de notable abandono de deberes, tal como ocurre con los ministros de la Corte Suprema", concluye Huenchumilla.
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