Macul lidera el ranking de las diez comunas (con más ventas de viviendas de la Región Metropolitana durante los últimos cinco años) que más se demoran en aprobar nuevos proyectos inmobiliarios, con un tiempo total de 2.214 días, según un análisis de la consultora Colliers.
El estudio consideró las fechas de la construcción y los principales trámites municipales requeridos para el desarrollo de proyectos inmobiliarios: anteproyecto, permiso municipal, modificación de proyectos, copropiedad inmobiliaria y recepción final.
“Hoy nos estamos demorando en promedio más de cinco años en realizar un proyecto de viviendas y cerca de la mitad de ese tiempo es por aprobación de permisos. Incluso las municipalidades que tienen los plazos más bajos a nivel nacional exceden cualquier medida racional.”, explica Jaime Ugarte, director Ejecutivo de Colliers.
En el segundo lugar del ranking se ubica La Cisterna, con 2.046 días. Más atrás figuran Estación Central con 1.964; Ñuñoa con 1.957, La Florida con 1.842; San Miguel con 1.781; Lo Barnechea con 1,714, Providencia con 1,573, Santiago con 1.506 y Las Condes con 1.475.
El reporte detalla que, si los tiempos empleados fueran los adecuados, en algunas comunas, como por ejemplo Macul, se podría disminuir hasta en un 12% el déficit habitacional, y en Ñuñoa la cifra se reduciría en un 10%.
“El impacto que genera la permisología afecta directamente a la inversión, eleva los precios de las viviendas y agudiza el déficit habitacional. Si el sobre plazo en trámites municipales fuera igual que hace 10 años, se traduciría en una inversión total de USD MM 13.750 a nivel nacional. Por otra parte, considerando el sobre costo financiero del sobre plazo en los permisos y recepciones, se estima que un 11% del precio promedio de la vivienda es producto de este atraso", explica Ugarte.
Desde Colliers destacan además que, considerando la ejecución de proyectos con los mismos plazos de hace 10 años, se alcanzarían 100 mil nuevos empleos.
“Es muy importante que se acorten los plazos para aprobar nuevos proyectos; para esto deben primar los criterios técnicos y objetivos a la hora de revisar los expedientes, además de contar con profesionales con experiencia y capacitados para estos trabajos”, dice Ugarte.
Añade que la ley ha dispuesto hace años la institución de los revisores independientes, personas con altas calificaciones en la materia normativa, para facilitar la labor de las Direcciones de Obras Municipales y el cumplimiento de plazos en forma y fondo.
El directivo afirma que, al ser los revisores independientes ajenos a los intereses políticos de sectores claramente minoritarios, las autoridades políticas del momento los han marginado de hecho de la tramitación de los permisos.
“La demora en los permisos es clara consecuencia de no ejercer su función con los apoyos y resguardos que la ley otorga”, afirma Ugarte.
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