Los coletazos de la transformación que el sistema eléctrico ha experimentado en el último tiempo, suman y siguen. La reforma a la Ley de Transmisión y el fenómeno de migración de clientes del sistema regulado al libre, amenazan con afectar el bolsillo de las personas a través de sus cuentas mensuales.
Esto es lo que alerta la consultora Systep, ligada al académico Hugh Rudnick, la que advierte que a nivel local no existen organizaciones de consumidores lo suficientemente preparadas para salir en defensa de estas situaciones, ante lo cual se plantea la interrogante de “¿quién podrá defendernos?”.
“En el plano local, la situación es lamentable. Los consumidores (y los ciudadanos) no poseen un espacio claro para participar en las discusiones regulatorias y tecnológicas, debiendo aceptar las decisiones que tome la autoridad, pudiendo enfrentar situaciones en las que se verán desfavorecidos”, aseguran en la consultora en su más reciente informe mensual.
A lo menos dos de las modificaciones incorporadas en la Ley de Transmisión, en vigencia desde julio de 2016, han impactado y seguirán haciéndolo directamente a los consumidores individuales, abultando el saldo final de sus boletas mensuales.
La primera de ellas es la decisión de trasladar en forma íntegra a la demanda el pago de las nuevas obras de transmisión. Previo a la modificación, la expansión de las redes eléctricas era remunerada en un 80% por la generación, quedando sólo el 20% restante de cargo de los usuarios.
Y aunque históricamente el nivel de inversión proyectado para este ítem no superaba los US$ 100 millones anuales, a partir de 2014 y a raíz de las severas restricciones en la capacidad de transporte de energía, este monto se ha incrementado, llegando a triplicarse en la primera planificación realizada tras el cambio legislativo.
De hecho, el plan de expansión de la transmisión nacional alcanza los US$ 2.684 millones en obras que, si bien comienzan a pagarse a partir de su entrada en operación, serán en su totalidad de cargo de los usuarios del sistema eléctrico.
“Si bien la política eléctrica resuelve que esta forma de remuneración finalmente beneficia al consumidor final, actualmente no existen mecanismos simples para solicitar aclaraciones o cuestionar esas inversiones con un tiempo razonable de análisis”, advierte Systep, ya que sólo los grandes consumidores pudieron acudir al Panel de Expertos para tratar de impugnar esta planificación.
El segundo elemento de la Ley de Transmisión que golpeará a los consumidores sin darles margen de reacción es el presupuesto del Coordinador Eléctrico Nacional, la corporación autónoma de derecho público sin fines de lucro, con patrimonio propio y de duración indefinida, que tras la interconexión vino a reemplazar a los Centros de Despacho Económico de Carga y cuya creación se incluyó en esta normativa.
Nuevamente son los consumidores, en relación con la energía consumida, quienes absorben este presupuesto, que entre 2017 -cuando operaba la estructura anterior- y 2018 -con el organismo ya integrado- se incrementó en 54%, según datos de Systep.
“Si bien este aumento puede justificarse, no hay mecanismos de participación en la definición y correcta ejecución del presupuesto final, en donde los clientes puedan dar su opinión sobre un aspecto que, aunque de manera moderada, afecta directamente sus tarifas finales”, comentan.
Traspaso de clientes libres
La masiva migración de clientes desde el sistema regulado al libre, también amenaza con impactar las cuentas de las personas. Este alto traspaso, según las estimaciones de la consultora, podría producir distorsiones y aumentos en sus tarifas, considerando la disminución de la demanda y la posible sobrecontratación del sistema.
Otro riesgo está en la fórmula para remunerar los denominados servicios complementarios, que son las prestaciones para respaldar la variabilidad de las energías renovables (eólica y solar). Bajo el esquema legal vigente, la demanda está obligada a financiar estos costos, sin haber tenido opción de participar en esta discusión.
La futura modernización de la Ley de Distribución, que está previsto presentar a trámite legislativo a mediados del próximo año, podría suponer otra serie de amenazas, razón por la cual la consultora llama a los consumidores a estar atentos y fortalecer las oportunidades de defensa de las instancias que representan a los grandes consumidores eléctricos, siendo las únicas que tangencialmente hoy pueden favorecer a las personas en su condición de usuarios eléctricos.
Modelos internacionales
Systep menciona ejemplos de grupos de consumidores como la American Public Power Association (APPA) de Estados Unidos, que protege los intereses de sus asociados frente al Congreso, la Casa Blanca, agencias administrativas, entes regulatorios y tribunales.
El Energy Intensive Users Group (EIUG) de Gran Bretaña, vela por la seguridad del suministro de energía a nivel industrial, considerando precios competitivos internacionalmente.
Finalmente, la International Federation of Industrial Energy Consumers (IFIEC) en Europa, representa a consumidores para los cuales la energía representa una componente importante de sus costos de producción. Su misión es asegurar un mercado eléctrico y de gas abierto, transparente y competitivo, para que los consumidores puedan negociar las mejores condiciones posibles.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
