Según consta en los antecedentes presentados al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ingresado en 2024 por el gobierno -y que supone US$ 318 millones de inversión- contempla únicamente las obras de captación y producción de agua multipropósito. La infraestructura necesaria para transportar el recurso desde la planta hasta sus puntos de entrega quedó reservada para una segunda etapa, que también deberá someterse a evaluación ambiental, pero cuyo estudio todavía no ingresa.
En palabras simples, la tramitación ambiental que comenzó hace dos años considera las instalaciones que permitirán producir el agua, pero no las obras necesarias para llevarla hasta sus destinatarios.
Desde la Dirección General de Concesiones (DGC) explicaron que el EIA de las obras de conducción se encuentra actualmente en proceso de licitación pública, cuya adjudicación se estima para fines de 2026.
Así, el estudio recién ingresaría formalmente al SEIA a fines de 2027, mientras que la obtención de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable se proyecta, a más tardar, para el segundo trimestre de 2029.
“El proyecto avanza de forma normal bajo los plazos del contrato de concesión vigente. Actualmente, la fase de ingeniería de detalle se desarrolla según la programación prevista, con plazo de aprobación para el tercer trimestre de 2027. Paralelamente, se proyecta que la tramitación ambiental de las obras de producción culmine en el mismo período. Una vez cumplidos ambos requisitos obligatorios, además de otros establecidos según contrato, se podrá dar inicio formal a la fase de construcción de las obras”, enfatizó la entidad.
Mientras las obras de captación y producción de agua de la desaladora se encuentran en evaluación ambiental desde octubre de 2024, las de conducción recién ingresarían al sistema a fines de 2027.
Los riesgos
La complicación de estos caminos separados, explicó el director de la Asociación Chilena de Desalación y Reúso (Acades), Agustín Martorell, es que las diferencias en los tiempos de tramitación introducen incertidumbre y pueden afectar tanto los plazos como los costos del proyecto.
El representante gremial señaló que, sobre la base de su experiencia, el proceso de estudio de las obras de conducción podría extenderse entre dos y tres años, e incluso más en casos de mayor complejidad.
Advirtió que la evaluación de estas obras puede resultar tan compleja como la de la propia planta desaladora. Esto, debido a que la infraestructura de transporte de agua puede extenderse por amplios territorios y atravesar zonas con condiciones ambientales y sociales muy distintas.
“Si la ingeniería, las autorizaciones y la construcción siguen calendarios distintos, aumenta el riesgo de que la planta esté terminada antes que las conducciones, o viceversa. Ese desfase puede postergar la entrega efectiva de agua”, recalcó Martorell.
El directivo añadió que las eventuales impugnaciones administrativas o judiciales también podrían seguir caminos separados, abriendo nuevos flancos de retraso.
Las inquietudes no se limitan a las obras que todavía no ingresan al SEIA. El abogado experto en medio ambiente, Jorge Cash, también manifestó preocupación por el avance de la evaluación ambiental de la propia planta desaladora. Según explicó, durante la tramitación los organismos técnicos han advertido brechas de información, mientras que el MOP ha solicitado extender los plazos de suspensión del procedimiento para responder las observaciones.“Esa demora es preocupante y plantea dudas sobre los tiempos que requerirá completar la evaluación”, indicó el abogado.
La visión de las partes
Pese a las advertencias de los especialistas, desde la DGC descartaron que, bajo las condiciones actuales, exista un riesgo de descoordinación que pueda comprometer los plazos de la iniciativa.
Explicaron que el contrato de concesión fue estructurado precisamente para permitir que las obras de producción de agua se desarrollen de manera independiente.
Señalaron que los términos de referencia de la licitación del EIA de las obras de conducción incorporan exigencias destinadas a garantizar su concordancia y compatibilidad con la evaluación ambiental de la planta.
En ese contexto, precisaron que la decisión de ingresar posteriormente el segundo estudio responde a la secuencia prevista para ambas etapas del proyecto.
Desde Sacyr, empresa concesionaria a cargo de la obra, detallaron que mantienen su compromiso con el desarrollo de la planta, destacando que pondrán todos los medios a su alcance para colaborar en el buen desarrollo del proyecto.
“Nuestro foco está en contribuir a sacar adelante una infraestructura relevante para avanzar en soluciones frente al estrés hídrico que afecta a la región”, recalcó la empresa.
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Laura Guzmán
