Ley Karin: El costo de dejar de dirigir
Jaime Salinas Toledo, abogado y socio de Salinas Toledo Abogados
¿Todavía se puede exigir? La pregunta aparece en reuniones de gerencia y capacitaciones a jefaturas. Una evaluación negativa, un cambio de funciones o una instrucción incómoda podrían terminar en una denuncia. Pero dejar de gestionar por temor también tiene un costo: deteriora el desempeño, sobrecarga a quienes cumplen y posterga decisiones que el negocio necesita.
Más de dos años después de la entrada en vigor de la Ley Karin, el desafío empresarial va más allá de actualizar reglamentos y habilitar canales de denuncia. La prevención es indispensable, pero un protocolo impecable sirve de poco si una jefatura corrige humillando o si otra evita corregir. Proteger la dignidad de las personas no exige renunciar a dirigir.
La diferencia entre dirección legítima y hostigamiento no está solo en la medida adoptada. Un traslado puede responder a una necesidad operacional o utilizarse para aislar. Una mala evaluación puede reflejar un desempeño insuficiente o encubrir un castigo. Importan las razones, la forma de ejecución y los efectos sobre la persona. No toda decisión incómoda es acoso. Pero invocar una necesidad del negocio tampoco permite prescindir de los derechos de las personas.
La respuesta no es prometer a las jefaturas que nunca serán denunciadas. Es darles herramientas para decidir mejor. Antes de adoptar una medida relevante, deberían responder cinco preguntas: ¿qué necesidad la justifica?, ¿está dentro de nuestras facultades?, ¿es proporcionada?, ¿qué antecedentes la respaldan?, ¿cómo se comunicará?
Esto no exige llenar formularios para cada conversación. Exige definir expectativas, corregir a tiempo y registrar los antecedentes relevantes cuando ocurren, no cuando estalla el conflicto. Una evaluación pierde credibilidad si los problemas de desempeño aparecen documentados por primera vez después de una denuncia. Y una razón organizacional real puede resultar difícil de acreditar si nunca quedó registrada.
Documentar, sin embargo, no convierte una arbitrariedad en una decisión legítima. El papel no reemplaza la razón, del mismo modo que un protocolo no reemplaza el buen trato. Fijar metas exige considerar los recursos disponibles; reasignar funciones, explicar su propósito y entregar los apoyos necesarios. Exigir resultados no autoriza a descalificar a quien no los alcanza.
Después de una denuncia, el cuidado debe ser mayor. Denunciar no excluye a una persona de la gestión del desempeño, pero cualquier medida desfavorable exige revisar especialmente su fundamento para evitar represalias. Recursos humanos o el área legal deben ayudar a distinguir una necesidad efectiva de una reacción de la jefatura involucrada, sin sustituir las medidas de resguardo ni la investigación que correspondan.
Para la alta dirección, la tarea no termina al aprobar el protocolo. Debe asegurar que las jefaturas sepan conducir conversaciones difíciles y que los incentivos no premien resultados obtenidos a cualquier costo. La calidad del liderazgo también se juega en cómo se corrige, se evalúa y se reorganiza el trabajo.
El riesgo no se controla dejando de decidir, sino tomando decisiones fundadas y ejecutándolas con respeto. Las empresas necesitan jefaturas capaces de exigir y escuchar, evaluar y explicar, corregir sin humillar. La tarea pendiente no es recuperar una autoridad perdida, sino ejercer mejor la que existe.